Los causantes que incurran en el dolo serán castigados con cárcel, anuncia el SAT

La banca apoyará a la Secretaría de Hacienda en la detección de evasores

ANTONIO CASTELLANOS

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) cruzará información con los grupos financieros y otras fuentes para detectar a los evasores que tienen inversiones y no incluyen en sus declaraciones anuales los ingresos que se les paga por intereses, establecerá multas y, en caso de existir dolo o planeación para incumplir, habrá cárcel para los responsables. En el caso de las personas físicas, el plazo para cumplir con el trámite vencerá el 2 de mayo y no habrá prórroga.

Nora Caballero Verdejo, administradora general de Asistencia al Contribuyente del Servicio de Administración Tributaria (SAT) de la SHCP, informó también que ante la imposibilidad de llevar a cabo el Censo Fiscal como estaba planeado, se ha iniciado una acción en todos los estados de la República para detectar cadenas productivas que operan en la llamada economía informal y que representan una enorme evasión fiscal.

Reconoció que hace falta simplificar aún más el sistema fiscal e informó que para los contribuyentes que no presenten su declaración a tiempo, habrá sanciones que van desde 700 hasta 9 mil pesos. Sin embargo, confió en que con todas las facilidades para cumplir con el fisco incluido el Internet, la mayoría de los contribuyentes presentará su declaración.

La funcionaria, en entrevista con La Jornada, manifestó que con grandes empresarios se han dado casos en que se han confirmado con auditorías que le permite la ley al SAT para determinar el monto de los impuestos omitidos.

Indicó que con la información, que también de manera legal proporcionan los bancos a las autoridades fiscales, se detecta claramente cuándo hay una omisión. Lo primero es determinar si fue error u omisión, o si hubo planeación para incumplir lo cual ya representa dolo del contribuyente.

Esto, agregó, aunque no es el objetivo directo, sí permite incrementar la recaudación en favor del gobierno federal, porque se detecta cuando hay diferencia entre lo que el contribuyente ganó en el año y lo que reporta a la SHCP.

Eso representa una mayor fiscalización, pero el otro aspecto importante es que el SAT puede elaborar declaraciones "prellenadas" para simplificar el procedimiento. Esto significa que la autoridad tiene información de los bancos y de los patrones respecto de lo que paga a sus asalariados y lo que les retiene.

El contribuyente está en su derecho de aceptar el monto de impuestos a pagar o decidir que puede modificarlo, pero para ello tendrá que presentar los ajustes que podrían ser comprobantes de gastos médicos. Este sistema ya se aplica en Chile y España, con buenos resultados en materia de simplificación.

Sobre este tema, precisó que se ha avanzado, pero que los cambios legales que se requieren corresponden al Congreso de la Unión. Como ejemplo de la simplificación administrativa señaló la declaración por Internet, así como otros trámites que se pueden hacer por esta vía. También está la reducción en las tasas, lo que da mayor competitividad.

Para los contribuyentes cumplidos hay estímulos. Por ejemplo, la devolución de impuestos se ha adelantado dos meses. Este año se entregarán en mayo y además se les enviará a los pequeños y medianos empresarios información sobre créditos de la banca que con ello les dará un voto de confianza.

Caballero Verdejo explicó que a partir de que el Censo Fiscal ya no se hizo como estaba previsto, a partir de los cruces de información que se analizarán en las distintas bases de datos, como el pago de tenencia o predial y registro de licencias, se enviará una carta a los contribuyentes que no están registrados en el padrón para invitarlos a regularizarse. Si no responden se visitará la empresa y el problema se verá con otro enfoque.

Los gobiernos de todos los estados y municipios de la República, indicó, han mostrado disposición a colaborar, tal es el caso de Acapulco, Guerrero, y San Luis Potosí. En el primer caso se trabaja en el ramo hotelero, donde se presenta un mayor caso de evasión tanto para la entidad federativa como para el gobierno federal.

En el caso del llamado comercio informal también los gobiernos estatales y municipales han ofrecido su colaboración, porque son ellos los que tienen facultades para administrar la recaudación en ese sector.

Se busca detectar a las grandes cadenas productivas que aprovechan el comercio informal para evadir impuestos. Los comerciantes pequeños de alguna forma contribuyen a que los grandes empresarios lleven a cabo operaciones irregulares en perjuicio del fisco. Esa será una acción enérgica para frenar la evasión fiscal.

En este aspecto, señaló que el problema es de equidad. La Constitución establece que todos los mexicanos deben contribuir al gasto público y los que participan en la economía informal a lo mejor no pagan muchos impuestos, porque su actividad no da para eso, pero sí pueden cubrir una cuota. Todos deben pagar y así lo establece la ley.

Es de esta forma, puntualizó, en que se podrá detectar a los grandes empresarios que evaden al fisco por medio del comercio informal. En este caso, estados y municipios tienen facultades para administrar la recaudación de ese sector. Con el cruce de información se sabrá de las operaciones fraudulentas.

Anunció que terminado el proceso de la declaración anual de las personas físicas y morales, el SAT iniciará el proceso de cruce de información para saber si los contribuyentes enteraron con exactitud sus ingresos. En caso de fraude al fisco se procederá penalmente, recalcó.

Por último hizo un llamado para que los contribuyentes no dejen para la "última hora" la presentación de su declaración.