Eran de la Fuerza Aérea
A juicio, dos ex represores de la dictadura chilena
Santiago, 21 de abril. La justicia chilena sometió hoy a juicio a dos ex coroneles de la Fuerza Aérea en relación a las investigaciones sobre la muerte de José Tohá González, ministro de Defensa del derrocado gobierno constitucional de Salvador Allende.
El encausamiento fue hecho por el magistrado Jorge Zepeda en contra de los ex oficiales de la Fuerza Aérea, Ramón Pedro Cáceres Jonquera y Sergio Contreras Mejías, al encontrar evidencias de que participaron en torturas aplicadas al dirigente socialista. Ambos oficiales permanecen ahora detenidos en dependencias de la Fuerza Aérea.
Tohá fue detenido en los primeros momentos del cruento golpe militar del 11 de septiembre de 1973 al salir del Palacio de la Moneda para hablar con los sublevados, y se le trasladó a la Escuela Militar. Luego de unos días fue enviado a la isla Dawson, en el extremo sur, donde fue interrogado y sometido a torturas.
El deterioro físico causado obligó a que fuera internado en diversos hospitales militares del país, llegando finalmente al de Santiago, donde habría sido asesinado el 15 de marzo de 1974. Pero la versión oficial sostuvo que se suicidó colgándose en un pequeño closet, donde su cuerpo apenas cabía arrodillado pues su estatura era de 1.92 metros.
Sus familiares siempre han rechazado la versión del "suicidio". La hija de Tohá, la diputada oficialista Carolina Tohá, expresó su satisfacción por la acción del juez Zepeda y se declaró confiada en que la muerte de su padre no quedará impune.
Amenazan de muerte a juez
Mientras, se reportó que la policía civil de Investigaciones indaga amenazas de muerte en contra del juez Sergio Muñoz, quien procesa a Augusto Pinochet por las cuentas secretas que mantuvo durante años en bancos de Estados Unidos y evasión de impuestos.
Según se reveló, Muñoz está recibiendo extraños mensajes, cuyo origen es rastreado por los investigadores. Un informe señaló que "la situación es preocupante, no estamos ante simples bromas y no se trata de sólo llamadas telefónicas".
Amnistía Internacional, junto a la representante de la agrupación de quienes eran niños cuando fueron torturados bajo la dictadura de Pinochet, Ana Cortés, solicitaron por su parte al presidente Ricardo Lagos reabrir los trabajos de la Comisión de Prisión Política y Tortura, ya que no se incluyó en su informe a niños y niñas.
Cortés presentó durante el periodo de reconsideración 163 casos a la llamada Comisión Valech, que no estaban incluidos en su informe. Un segundo punto, es que del listado de 102 menores hubo una suerte de distinción entre las personas que fueron víctimas de tortura y tenían algún tipo de militancia política o social.
Explicó que esas personas recibieron un tipo de reparación, mientras que quienes fueron víctimas pero sin militancia política, tuvieron otro tipo de reparación, "siendo que la tortura es una sola".