Las afectadas deben probar su estancia legal o ser deportadas, denuncia Inmujeres

La política migratoria actual favorece la violencia contra las mujeres: activistas

Persisten prácticas de gobierno que lesionan las garantías de las indocumentadas, dicen

ALMA E. MUÑOZ

El Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) y la asociación civil Sin Fronteras determinaron, mediante un análisis sobre la violencia que sufren las mujeres con estancia ilegal en el país, que la normatividad y la práctica migratorias actuales "favorecen la vulnerabilidad de las extranjeras víctimas de la violencia doméstica" y que su situación se agrava cuando buscan acceder a la justicia y denunciar a su agresor porque para iniciar un procedimiento penal o civil requieren primero presentar documentos que acrediten su situación en México o de lo contrario, convertirse en sujeto de deportación.

A lo anterior se suma, según las instancias referidas, el hecho "de no contar -cuando son puestas a disposición del Instituto Nacional de Migración- con un verdadero derecho de audiencia, defensa e información, obstaculizándose sus posibilidades de demostrar otros vínculos familiares en México, o cualquier otro motivo que les permita regularizar su permanencia".

Pese a no brindar una aproximación sobre el número de indocumentadas que hay en el país o sobre cuántas serían víctimas de cualquier manifestación que violente sus garantías individuales, Inmujeres y Sin Fronteras afirmaron en el texto que son las autoridades migratorias, seguidas por corporaciones policiacas o del Ejército, las principales fuentes de "violencia estatal" hacia este grupo vulnerable, y frente a las quejas no se han tomado medidas pertinentes para aminorarlas.

"El Estado mexicano ha reconocido la importancia de crear una política integral en derechos humanos y la necesidad de armonizar la legislación nacional con los estándares internacionales en la materia. No obstante, persisten patrones y prácticas gubernamentales en el terreno migratorio que son regresivos y violan los derechos fundamentales de quienes migran, pese a que han sido reportados por las relatorías especiales para migrantes de Naciones Unidas y de la Organización de Estados Americanos, así como por miembros de la academia y de organizaciones civiles", señalaron en el informe.

Como experiencia resultante de la investigación, dieron cuenta de hechos que vivieron para analizar la problemática de las indocumentadas. Como parte del estudio realizaron talleres sobre su forma de vida, que incluyeron encuestas, impartidos en la Estación Migratoria de la ciudad de México, entre población atendida por Sin Fronteras y mujeres en tránsito durante su estancia en el Centro de Apoyo al Migrante Presbítero Ricardo Zapata, de Río Blanco, Veracruz, o por el Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova, en Tapachula, Chiapas.

Allí constataron "la falta de la privacidad requerida para el tratamiento de temas tan privados como el padecimiento de la violencia en sus distintas formas, lo cual se convirtió en un factor inhibitorio para las entrevistadas", por la vigilancia ejercida por autoridades o empleados de las instancias gubernamentales o la cercanía con otras detenidas.

También, el escepticismo que experimentan las mujeres cuando se habla de derechos humanos ante el "incumplimiento de parte del Estado de velar por las garantías y los derechos de la población -no importa el estatus que presenten algunos individuos-, y sobre la falta de acceso a información clara y oportuna sobre esos temas y el alcance de los derechos fundamentales".

Para Sin Fronteras e Inmujeres, "la violencia es una forma de discriminación que impide el pleno goce de los derechos de que son titulares las mujeres". Incluso, como afirmaron en su documento, "la violencia sexual, sicológica y económica que viven las migrantes se agrava al conjuntarse con el estatus migratorio irregular en el país", porque en el caso de aquellas que se establecieron en México y son madres de mexicanos por nacimiento, su situación se convierte en factor de chantaje de parte de sus parejas, quienes las manipulan, humillan o someten a cambio de no denunciarlas ante autoridades migratorias y/o privarlas del contacto con sus hijos, en caso de que manifiesten ser o haber sido, víctimas de violencia durante el periodo de convivencia.