Editorial

Macedo de la Concha: renuncia obligada

La Procuraduría General de la República (PGR) ha sufrido un nuevo revés jurídico. Juan José Olvera López, juez décimo segundo de distrito en el Reclusorio Oriente, negó la orden de presentación solicitada en contra de Andrés Manuel López Obrador. La negativa se funda en que el Ministerio Público hizo mal su trabajo, pues dispuso de la libertad personal del jefe de Gobierno sin que estuviera detenido ni existiera en su contra una orden de detención ministerial fundada en la urgencia.

La resolución del juez no resuelve las cuestiones de fondo, sólo las pospone. No se pronuncia sobre si la probable responsabilidad del jefe de Gobierno está o no acreditada. Tampoco lo hace sobre si fue correcto que el Ministerio Público actuara de manera oficiosa. Simple y sencillamente ordena devolver a éste el expediente de la causa y el billete de depósito que exhibieron los diputados capitalinos panistas como caución.

La decisión no soluciona la grave crispación política que sacude el país. Una polarización que, de acuerdo con el senador del PRI, Humberto Roque Villanueva, anuncia "el riesgo de un desbordamiento social". Una convulsión que ha provocado un conflicto interno dentro de una institución tan estable como la Iglesia católica, y ha obligado al secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Vega García, a precisar que no hay división en las fuerzas armadas y que no se utilizará al Ejército para solucionar el conflicto, pues "ya aprendimos desde hace mucho tiempo, y no se va a repetir el asunto".

Sin embargo, la resolución muestra el enorme desaseo con el que se ha comportado la PGR en el caso de Andrés Manuel López Obrador y la gran ineficacia para cumplir las responsabilidades que la ley le asigna. La gestión de Rafael Macedo de la Concha ha dado un fuerte golpe a la credibilidad de una dependencia que debería ser clave en el combate a la delincuencia.

No se trata, desafortunadamente, de un hecho aislado, sino parte de una conducta sostenida a lo largo de este sexenio. Aún está presente en la opinión pública el desafortunado caso de Nahúm Acosta, funcionario presidencial acusado sin pruebas de trabajar para el narcotráfico, detenido y torturado. Aunque finalmente Acosta obtuvo su libertad, fue evidente que en su encarcelamiento la PGR desempeñó un lamentable papel.

Un breve recuento de los reveses jurídicos de la institución a cargo del general Macedo de la Concha incluye casos de connotados delincuentes de cuello blanco, como Carlos Cabal Peniche, Isidoro Rodríguez, Eduardo Fernández y Rogelio Montemayor, el fracaso en la extradición a Estados Unidos de los hermanos Amezcua ­acusados de narcotráfico, pero que siguen aquí por un amparo­ y la pretensión de fincar responsabilidades por lavado de dinero a Gustavo Ponce.

Más allá de estos descalabros jurídicos, resulta de enorme gravedad la función desempeñada por la PGR en el caso contra Andrés Manuel López Obrador. Sin el menor empacho, la dependencia ha politizado la justicia, desacreditado a la institución y provocado un grave enfrentamiento político de consecuencias impredecibles.

El uso faccioso de la ley, su torpeza como funcionarios y la carencia de criterio jurídico entre los responsables de la institución han quedado nuevamente al descubierto con la resolución del juez Olvera López. También está en entredicho la supuesta capacidad legal de los diputados panistas que pagaron la fianza de Andrés Manuel López Obrador. Los abogados blanquiazules resultaron bastante menos competentes de lo que se ufanaban. Tantos y tan graves errores de la PGR han costado ya mucho a la salud de la República. La nación no aguanta más. Por el bien del país, Rafael Macedo de la Concha debe renunciar a su cargo.