La fianza apócrifa
Lo que mal comienza mal acaba. La semiótica de esta sentencia es política y sentimental. La historia, ya larga, del juicio de desafuero contra Andrés Manuel López Obrador, que comenzó en una dudosa acusación de orden técnico, amenaza con transformarse en el umbral de una crisis de Estado. El término puede sonar esponjoso, pero en esta ocasión se ajusta infortunadamente a la realidad.
La fianza, apócrifa, depositada por dos bembeleques panistas (los acusadores) para garantizar la libertad caucional del (todavía) jefe de Gobierno del Distrito Federal (el acusado) -otro chistecito mediático de Los Pinos- terminó, como la mayor parte del juicio, en una nueva incontinencia jurídica. Siempre resulta jocoso observar cómo la farsa en la política persigue a los voluntariosos. Pero convertir la política en una farsa señala los límites de cualquier capacidad para ejercerla.
Esta vez las dudas sobran: el numerito de la fianza se urdió en Los Pinos y punto. Los hechos están a disposición de los lectores de la prensa. El pasado jueves 21 Vicente Fox recibió a un grupo de empresarios a la hora de la comida. Se les unieron Felipe Calderón y esa peligrosa figura, Carlos Vega Memije, subprocurador de Delitos Federales de la Procuraduría General de la República (PGR), que no logra disociar, ni para sus adentros ni para sus afueras, el lenguaje militar (el discurso de la obediencia) del lenguaje jurídico (el discurso de la responsabilidad).
Acto seguido, Vega Memije hizo llegar al juez Juan José Olvera López, del juzgado 12 del Distrito Federal, el expediente acusador. El juez es un viejo amigo de Vega Memije. En 88.6 por ciento de los casos que ha tenido a su cargo en su corta pero intensa carrera ha fallado en favor de la procuraduría. Un curriculum, digamos, encomiable. Ultimamente la prensa ha llamado a este tipo de prelados "jueces por consigna". Aunque sería más justo llamarlos por su nombre: empleados de la PGR. Que la fiscalía de la República sostenga relaciones tan estrechas con los miembros de la judicatura es el muro donde se derriten todos los lamentos sobre la falta de ecuanimidad de nuestro sistema judicial. Antes de que el juez recibiera el expediente, dos preocupados panistas cubrieron la fianza del acusado. ¡Fue aceptada! Pero qué más dan los procedimientos jurídicos, la separación de poderes, las garantías individuales, si el objetivo es tumbar el rating mediático del opositor.
In nuce, el jueves 21 resume el oximoron de un juicio que debería haber sido anulado desde hace tiempo. Quienes defienden a López Obrador esgrimen el argumento de que se trata de "justicia selectiva". Faltas similares, inclusive más graves, no llegan necesariamente a los tribunales. Es un argumento plausible, no el central. Más allá de las preferencias y las afinidades selectivas del Ministerio Público, el problema reside en la irregularidad del procedimiento. La falta más grave que empaña el juicio de desafuero es, por más estruendoso que suene, un delito: obstrucción a la justicia. Es decir, la manipulación de las facultades concentradas en el Poder Ejecutivo para influir sobre las decisiones de un juez. El año pasado, en el momento en que Vicente Fox reconoce públicamente que la decisión más grave que ha debido tomar en su sexenio es la del desafuero, la Suprema Corte de Justicia de la Nación tendría que haber cancelado el juicio. A ningún funcionario, por menor que sea, y menos a un presidente, se le puede admitir una confesión tan fulminante. La venganza y la ineptitud tomadas de la mano.
Todo esto suena a una utopía. Lo normal en México había sido que el Poder Judicial funcionara como una sucursal del Poder Ejecutivo. Pero a partir del 2000, la Corte empieza a adquirir un estatuto y una estatura que no había tenido desde los años 20. Estatuto que apuntaba gradualmente a zanjar el vacío o la inexistencia del estado de derecho. Esta labor se halla, desde el jueves 7, de nuevo en entredicho.
Andrés Manuel López Obrador se refiere permanentemente a la necesidad de instaurar una "nueva legalidad". Uno piensa que se refiere a la dudosa autonomía del Poder Judicial. Sus detractores hablan a nombre de un estado de derecho que no existe. Pero acaso la colusión entre ambos todavía sea evitable. Siempre y cuando la Suprema Corte de Justicia encuentre la manera de parar ese alud que está poniendo en entredicho su propia y precaria legitimidad.