Exigen a Semarnat anular permisos otorgados de forma indebida por el pasado edil de El Higo

Clausuran veracruzanos construcción de bodega e incinerador de askareles

Unos 300 mantienen bloqueados los accesos a la planta; advierten del riesgo de desastre ecológico

ANDRES T. MORALES CORRESPONSAL

El Higo, Ver., 22 de abril. Desde la tarde del jueves, cientos de habitantes y el cabildo de este poblado clausuraron la bodega y un incinerador de residuos peligrosos que construye la empresa Altecin SA, cuyos permisos fueron liberados por el anterior ayuntamiento. Los pobladores mantienen bloqueados los accesos a la planta y demandan a las autoridades federales que cancele los permisos, pues temen un desastre químico de consecuencias ecológicas y humanas severas.

Debido al repudio popular, avalado por autoridades estatales y municipales, la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) anunció que "se revisarán los permisos concedidos a Altecin SA para la construcción del depósito, el cual no ha sido autorizado para operar".

Pero Jorge García del Angel, regidor del ayuntamiento de El Higo, denunció que en esta bodega ya se comenzó a acumular cargamentos de desechos industriales y tóxicos, entre ellos los bifenilos policlorados, conocidos como askareles.

Utilizados como aislantes en transformadores de energía eléctrica durante décadas, los askareles se encuentran catalogados como sustancias tóxicas y cancerígenas en extremo, por lo que su utilización se encuentra prohibida desde hace años en México y en la mayoría de los países.

Los principales productores de askareles fueron la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y Luz y Fuerza del Centro, en menor grado Petróleos Mexicanos, firmas que han acumulado toneladas de estos residuos que deben ser enviados a Europa para su destrucción, ya que en el país no se cuenta con la tecnología para ello.

En la década pasada organizaciones ambientalistas denunciaron varios casos de cargamentos de askareles abandonados en los puertos de Altamira, Tamaulipas, y Veracruz, así como bodegas clandestinas que la CFE mantenía en el municipio de Perote, a unos kilómetros de la capital veracruzana.

Ante el riesgo que representa la instalación de la bodega y un incinerador de estos desechos, unos 3 mil pobladores de El Higo marcharon la tarde del jueves por las principales calles del poblado, en demanda de que la Semarnat cancele los permisos liberados a la compañía, presuntamente extranjera, para la instalación de un confinamiento de largo plazo, la apertura del almacén y el incinerador de desechos químicos.

Segunda marcha en una semana

Esta fue la segunda movilización de la semana, ya que el lunes realizaron la primera, además de protestas en Jalapa, la capital del estado.

Durante la marcha del jueves, los manifestantes bloquearon cuatro horas la carretera principal que conduce al municipio y clausuraron los accesos a las instalaciones de Altecin.

"Se colocaron sellos simbólicos con el aval del ayuntamiento, organizaciones agropecuarias, ecologistas y el empresariado del lugar", señaló el regidor Jorge García del Angel.

También se pidió a los ocho trabajadores -principalmente guardias y albañiles- que se localizaban en la bodega, abandonar las instalaciones que fueron clausuradas.

Refirió que la autorización municipal para la apertura de la empresa Altecin SA fue otorgada indebidamente por el entonces alcalde Evencio de la Garza, paradójicamente surgido del Partido Verde Ecologista de México, y quien podría ser denunciado penalmente por atentar contra la salud y seguridad física de los pobladores de El Higo.

Agregó que se mantendrá indefinidamente el bloqueo de las instalaciones hasta que no se cancelen los permisos federales y se desmantele el incinerador. Unas 300 personas hacen guardia permanente en los accesos principales a la planta.

En la ciudad de Jalapa, los delegados estatales de Semarnat y Profepa, Manuel Molina Martínez y Francisco Luis Briseño Cortés, respectivamente, advirtieron que la empresa Altecin "aún no está autorizada para operar".

Las autoridades federales, dijeron, "están abiertas a revisar el asunto junto con autoridades locales para resolver conforme a derecho la situación".

Lo anterior luego de que en los meses pasados la Semarnat mantuvo el apoyo a los propietarios de Altecin, pese al rechazo popular.

Los delegados federales explicaron que en el asunto de la empresa Altecin SA, los permisos que emite la Semarnat sólo son parte del total de las autorizaciones que cualquier empresa debe tramitar ante otras autoridades, tanto federales como estatales y municipales, para poder funcionar y operar conforme a cada normatividad aplicable".