Está separado del cargo, a pesar de la resolución del juez Olvera, sostiene
Vega: AMLO no puede volver al GDF
La resolución del juez 12 de distrito, Juan José Olvera López, con la que negó a la Procuraduría General de la República (PGR) una orden de comparecencia en contra de Andrés Manuel López Obrador, de ninguna manera posibilita al perredista retomar el cargo de jefe de Gobierno del Distrito Federal, ya que continúa vigente el dictamen aprobado por la Cámara de Diputados, con el que se ordenó su desafuero y separación del cargo, sostuvo Carlos Javier Vega Memije, subprocurador de Investigación Especializada en Delitos Federales.
El funcionario puntualizó que si López Obrador "se presenta y realiza actos jurídicos, actos de gobierno, pues... todos éstos serán nulos, además de que (esa decisión) tendrá afectaciones y habrá responsabilidad penal".
En tanto, fuentes de la PGR revelaron que en el transcurso de esta semana, probablemente entre hoy y mañana, la dependencia solicitará una orden de aprehensión en contra del jefe de Gobierno capitalino y ya no optará por el camino de la revisión ante un tribunal unitario de la negativa del juez Olvera López.
En cuanto sea presentado el nuevo pliego de consignación -que es muy similar al que fue entregado el pasado miércoles-, la oficialía de partes de los juzgados federales del Reclusorio Oriente lo turnará al juzgado 12 de distrito, ya que el acuerdo 23/2002 del Consejo de la Judicatura Federal obliga a que un caso que tenga similitud con otro deberá ser resuelto por el órgano jurisdiccional que primero haya conocido del asunto.
El subprocurador Vega Memije planteó que en su fallo el juez Olvera no analizó la presunta responsabilidad del perredista en la supuesta violación a una suspensión de amparo -lo que en el argot jurídico se conoce como no entrar al fondo del asunto-, por lo que la averiguación previa que se le sigue ante el Ministerio Público Federal "aún continúa en trámite".
Y puntualizó: "En cuanto al señor Andrés López Obrador, sigue vivo el dictamen de la Cámara de Diputados, en donde (se) ordenó el desafuero y la separación del cargo".
Vega Memije precisó que en caso de que el jefe de Gobierno acuda este lunes a laborar al frente de la administración capitalina incurriría en una "responsabilidad penal" y los actos que encabezara serían anulados.
Sin embargo, refirió que para que la PGR pueda actuar penalmente contra el tabasqueño por reasumir sus funciones, de las que fue separado, según su interpretación, por orden de 360 diputados federales, tendría que existir alguna denuncia penal en su contra, ya que la dependencia a su cargo "es una institución de buena fe".
"En caso de que López Obrador decida regresar a sus funciones el próximo 25 de abril, la PGR podría actuar dentro de sus facultades y competencia, promoviendo ante un juez se libre una orden de aprehensión", advirtió el funcionario.