Se esfuma una oportunidad más para aprobar las reformas estructurales
Descartada, la ley Abascal para este periodo en la Cámara de Diputados
La Comisión de Trabajo desistió de aprobar el dictamen y evitó el albazo de PRI- PAN
La Comisión del Trabajo de la Cámara de Diputados desistió de aprobar, al menos durante este periodo de sesiones, el dictamen sobre la reforma laboral, luego de las denuncias de que PRI y PAN pretendían impulsar un albazo que haría posible los contratos de prueba, así como suprimir derechos colectivos conquistados por los trabajadores.
El diputado del PRD Pablo Franco informó que una vez descubierta la maniobra de priístas y panistas, la subcomisión encargada de elaborar el proyecto determinó posponer el debate acerca del tema. De esta forma, el jueves concluirá otro periodo legislativo sin que se aprueben las denominadas reformas estructurales.
El legislador perredista celebró que se haya frenado, al menos por el momento, la discusión de una reforma "lesiva para los intereses de los trabajadores", no sólo porque insiste en los contratos de prueba, capacitación y aprendizaje, sino porque ataca el derecho de huelga.
Refirió que de aplicarse periodos de prueba quedaría al juicio del patrón la calificación de la competencia de los trabajadores, quienes de no resultar "aptos" serían despedidos sin que ello implique responsabilidad para los empleadores.
"Esto constituye un ataque a una institución fundamental del derecho del trabajo: la estabilidad en el empleo, que constituye la garantía mínima de un trabajador al ingresar al mundo laboral, que le da no sólo derecho al salario, sino acceso a la seguridad social", comentó.
Además, dijo, las modificaciones propuestas en materia colectiva -como la eliminación de sindicatos de distintos oficios, la adición de un tipo patronal y la inclusión como causal de cancelación de registro y no revisar dos veces consecutivas el contrato colectivo- transgreden los principios de libertad sindical previstos en los convenios de la Organización Internacional del Trabajo.
Por su parte, la bancada del PRI pretende impulsar una reforma al marco normativo del Congreso, que en el caso de la Cámara de Diputados -como busca su coordinador Emilio Chuayffet- se centra en el restablecimiento de la denominada cláusula de gobernabilidad para garantizar que un partido pueda tener la mayoría absoluta en San Lázaro, aun cuando en las elecciones de 2006 no obtenga la mayoría de votos.
Reformas electoral e indígena en un periodo extraordinario
Aunque la semana pasada la Comisión Especial para la Reforma del Estado de la Cámara de Diputados entregó el proyecto de dictamen sobre la reforma electoral, es probable que en estos días no se vote el documento. En ese escenario, la única posibilidad de aprobar modificaciones al marco legal electoral sería en un periodo extraordinario de sesiones.
Si éste se convoca, el Partido de la Revolución Democrática buscará que también se incluya la reforma constitucional en materia de derechos y cultura indígena, como adelantó el diputado perredista e integrante de la Comisión de Concordia y Pacificación, Bernardino Ramos.
Y es que, dijo, si se concreta un periodo extraordinario también debe volver a discutirse al reforma indígena, pues será la última oportunidad de la 59 Legislatura y del gobierno del presidente Vicente Fox "para saldar la deuda histórica con 12 millones de indígenas, cuando menos en materia legislativa y de políticas sociales.
"Si no se aprueba una reforma constitucional en esta materia antes de septiembre, ya será imposible que hacia finales de este año o en 2006 se avance en el tema, ya que los partidos y el gobierno federal estarán dedicados a la sucesión presidencial", aseguró.
Consideró que la reforma constitucional y la inclusión de los temas de autonomía, territorio y medios de comunicación no deben ser vistos con temor por parte del Ejecutivo federal, ya que en los hechos existen municipios en Chiapas, Oaxaca y Michoacán que se rigen por gobiernos autónomos y esto no ha causado ningún riesgo para la unidad del Estado mexicano.