Autoriza procedimientos fast track y decomiso de bienes
Aprueba el Senado reformas a la Ley de Extradición
El Senado de la República aprobó ayer reformas a la Ley de Extradición Internacional para agilizar el envío de mexicanos y extranjeros que sean solicitados por otros gobiernos, que estén acusados por delitos como narcotráfico, terrorismo, tráfico de armas y financiamiento al terrorismo.
Dichas reformas fueron propuestas por el presidente Vicente Fox y se refieren a extradiciones fast track, en las que ya no será necesario que el Estado extranjero que reclame a un presunto delincuente entregue la comprobación del cuerpo del delito y la probable responsabilidad como requisito de la petición formal; en lugar de ello, "se exigirá que dicha petición se acompañe de la copia auténtica de la orden de aprehensión librada contra el reclamado o, en su caso, de la sentencia ejecutoria".
Además, entre las innovaciones que contienen dichas modificaciones destacan que "se conceden extradiciones temporales, es decir, si algún preso purga condena en una cárcel mexicana, podrá ser llevado al país que lo reclame para cumplir diligencias o para iniciarle un proceso penal, y una vez que concluya ese proceso, será devuelto a México para que termine su condena.
"Y se facultad al Presidente para decidir la extradición de nacionales, es decir, será una facultad exclusiva para que él determine si procede o no dicha extradición"; esta posibilidad no existe en la ley actual.
El priísta Antonio García Torres, presidente de la Comisión de Estudios Legislativos, una de las comisiones dictaminadoras, manifestó que personas que pertenecieron al grupo ETA "son terroristas", y estas reformas son para aclarar dudas que existen en dicha ley, y además de actualizarla ante la globalización para hacerle frente a la delincuencia organizada que se mueve en todo el mundo, y "ahí están los extraditables que se van a cualquier país y se esconden en los pueblitos, y la ley y las reformas tienen que ir perfeccionándose y definiendo aquellos casos en los que no se van a conceder las extradiciones".
Las modificaciones a la Ley de Extradición Internacional aprobadas por el pleno agilizan los procedimientos de extradición en general y acotan a 40 días el plazo máximo para que el inculpado presente pruebas ante el juez que ordenó su detención, lo que evitará que dichos juicios se prolonguen por tiempo indefinido, como ocurre hoy, se indica en el texto de las reformas propuestas.
Asimismo, consideran el decomiso de los bienes del presunto delincuente durante el tiempo que dura el juicio. "Si la sentencia es favorable, los bienes asegurados serán entregados al Estado solicitante".