Los implicados son un ex secretario de Desarrollo Urbano y miembros de la PGJE
Demandan ante la PGR a funcionarios panistas de Jalisco por desacato judicial
Sin orden de cateo, policías y agentes del MP entraron a un desarrollo privado y abrieron accesos
El empresario Juan Mario Sahagún Hernández denunció ante la Procuraduría General de la República (PGR) a José Luis Macías Romano, ex secretario de Desarrollo Urbano (Sedeur) de Jalisco -quien mantiene relaciones de amistad con el gobernador panista Francisco Ramírez Acuña-, y a funcionarios de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) porque presuntamente violaron dos suspensiones concedidas por un juez de distrito en materia de amparo y por un tribunal administrativo del fuero común, además de que habrían incurrido en abuso de autoridad.
El delito de violación a una suspensión de amparo es el mismo que le imputa el Ministerio Público Federal (MPF) al jefe de Gobierno del Distrito Federal, Andrés Manuel López Obrador.
La denuncia de hechos, a la que tuvo acceso La Jornada, refiere que el pasado 11 de abril un grupo de policías ministeriales, acompañados por agentes del Ministerio Público estatal, entraron sin orden de cateo al desarrollo turístico Hacienda San Francisco, ubicado en la zona serrana de Tapalpa, Jalisco, donde detuvieron -sin orden de aprehensión- a mas de 20 personas que ahí laboran y tomaron posesión de una carretera privada que conduce a ese lugar.
El operativo policiaco respondió a una denuncia presentada por Macías Romero ante la PGJE, porque el dueño de la Hacienda San Francisco (Sahagún Hernández) impedía al ex funcionario estatal utilizar el camino privado que rodea dicho fraccionamiento, propiedad del "amigo del gobernador".
Ante la acción de los agentes ministeriales, el empresario afectado decidió ampararse e iniciar un juicio de nulidad por la vía administrativa.
En su querella, Sahagún precisa: "el ex secretario Macías ha estado presionando para que Hacienda San Francisco le permita utilizar sus accesos y vialidades privadas, aun cuando su derecho legal es usar la vialidad pública más cercana -que es el camino Tapalpa-Chiquilistán-, no el camino de la Hacienda. Obvio es que pretende disfrutar de infraestructura ya hecha, de caminos debidamente pavimentados, y así lograr plusvalía.
"Nunca accedimos a sus presiones. Poco después, sorpresivamente, el ayuntamiento tapalpense, cuyo alcalde es emanado del Partido Acción Nacional, procedió a la clausura de las casetas de ingreso a nuestro desarrollo y colocó cadenas con candado en las plumas, dejándolas abiertas para que cualquier persona pudiera transitar por la propiedad privada, situación que es anómala e ilegal".
Suspensiones jurídicas
Tanto en el juicio de amparo como en el de nulidad por la vía administrativa, el quejoso obtuvo suspensiones jurídicas, para el efecto de que las autoridades estatales desocuparan la carretera propiedad de Sahagún, pero, según consta en la querella, se incumplió con los ordenamientos y se incurrió en desacato judicial.
Durante el día de los hechos, relata el denunciante, autoridades de la procuraduría estatal, entre ellos Espiridión Medina García, subprocurador B de atención a delitos patrimoniales no violentos; Blanca Arcelia Barrón Rosales, jefa de la División de Delitos Patrimoniales, y aproximadamente 40 policías investigadores que portaban armas de alto calibre, así como varios coordinadores y agentes del Ministerio Público estatal intervinieron en el operativo y violaron las suspensiones.