Una historia de cetáceos
Hace casi dos años, en julio de 2003, la irregular -por no decir ilegal- importación de casi tres decenas de delfines para un parque de diversiones de Cancún desató protestas en Gran Bretaña, Australia y Nueva Zelanda, airadas reclamaciones de grupos ambientalistas, intervenciones en la Cámara de Diputados y un escándalo que le costó el puesto a un subsecretario de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat). Hoy, como secuela de aquellos hechos, hay una persona encarcelada y varias más podrían ser aprehendidas también.
Pero, contra lo que podría pensarse, quienes se hallan en prisión o bajo amenaza de ser detenidos no son los autores de esos hechos escandalosos, sino quienes los denunciaron, y su acusador es el mismo empresario que trajo los delfines en la cuestionada operación.
En la cárcel municipal de Cancún se encuentra Araceli Domínguez, presidenta del Grupo Ecologista del Mayab, acusada de difamación por Bernardo Zambrano, propietario de parques acuáticos en Cancún y Cozumel. Quienes podrían correr la misma suerte son varios reporteros que informaron sobre los sucesos de 2003 y la presidenta de la Sociedad Protectora de Animales de Cancún, Sara Rincón Gallardo, quien también protestó por la importación de delfines. Zambrano acusa a todos ellos de difamación y les reclama el pago de más de 2 millones de pesos por supuestos daños y perjuicios.
Los delfines de esta historia fueron importados desde Guadalcanal, en el archipiélago de las Salomón, en el Pacífico, una paupérrima nación insular de 500 mil habitantes, formada por mil islas dispersas en 600 mil kilómetros cuadrados de océano, pero con sólo 27 mil 500 de superficie, que en el siglo XIX fue fuente de esclavos para las plantaciones de caña de azúcar en Australia y las islas Fidji, y desde 1890 colonia -protectorado se le llamaba discretamente- de la Gran Bretaña. Alcanzó su independencia en 1978, pero desde 2000 cayó en el caos por un golpe de Estado y una interminable serie de luchas internas.
La empresa Inmobiliaria PROPAC Cancún, SA de CV, propietaria del centro acuático recreativo Parque Nizuc (antes Wet and Wild), comenzó a comprar delfines por docenas a los pescadores de las islas Salomón ofreciéndoles 400 dólares por ejemplar -aunque parece que finalmente pagó mucho menos-, verdadera fortuna en un país donde el ingreso promedio per cápita es de 500 dólares anuales. Los empobrecidos lugareños lograron reunir unos 200, sin contar los que murieron durante la captura o por las pésimas condiciones de confinamiento en improvisados encierros. A México se enviaron 30, de los cuales llegaron 28.
Nunca, en ningún lugar del mundo, se había capturado tal cantidad de delfines en tan corto tiempo ni de manera tan desordenada. Por ello hubo una oleada internacional de protestas. El propio gobierno de Australia, por conducto de su ministro de Medio Ambiente, David Kemp, pidió al de México que no permitiera su importación. Sin embargo, el presidente Fox, la Semarnat y la Secretaría de Relaciones Exteriores desoyeron la solicitud y dijeron que se trataba de una simple transacción comercial, se habían cumplido los requisitos legales, todo estaba en regla y la empresa mexicana había presentado un permiso de exportación de las islas Salomón, fechado en abril de 2003. Pero el primer ministro de la provincia de Guadalcanal, Waeta Ben Tabusasi, informó por escrito el 28 de junio que no se había extendido ningún permiso. A su vez, el alto comisionado de las Salomón, Brian Baldwin, declaró que "la policía y otras fuerzas del Estado se han colapsado". Por lo demás, el gobierno mexicano no podía ignorar la situación de anarquía y falta de autoridad en aquel país. Se estaba, pues, avalando una operación de muy dudosa legalidad.
Por otro lado, esos delfines son de la subespecie Tursiops truncatus aduncus, diferente a la que existe en aguas del Caribe. Su introducción al Parque Nizuc violaba el programa de manejo del Parque Marino Nacional Costa Occidental de Isla Mujeres, Punta Cancún y Punta Nizuc, que en su capítulo 8.7 prohíbe "la introducción de especies vivas ajenas a la flora y fauna que ahí existe", así como especies exóticas. La propia Semarnat ordenó que se les mantuviera estrictamente confinados, por ser una especie exótica.
El escándalo fue mayúsculo. Investigados los hechos, la Secretaría de la Función Pública ordenó la destitución e inhabilitación para ocupar cargos públicos durante tres años de Raúl Arriaga Becerra, subsecretario de Gestión para la Protección Animal de la Semarnat, quien había autorizado la importación. Por su parte, la Cámara de Diputados aprobó un punto de acuerdo propuesto por la diputada panista Irene Blanco Becerra, en el cual "se exhorta a la Semarnat a que, en términos de lo dispuesto en la normatividad ambiental nacional e internacional, revoque el permiso de importación de los 28 delfines que llegaron al Parque Nizuc y ordene la reparación del daño ambiental, así como la devolución de dichos ejemplares a su país de origen".
La Semarnat, sin embargo, argumentó que por los meses que habían estado cautivos, los cetáceos ya no podrían sobrevivir en libertad y ordenó que fueran trasladados al delfinario Atlántida, de Cozumel, que también es propiedad de los Zambrano. Los delfines, pues, se quedaron en México. Pero, no conforme con ello, la empresa ahora acusa penalmente a los ambientalistas y a los periodistas que informaron sobre el asunto, con el evidente propósito de amedrentar a quienes pugnan por la protección y conservación del medio ambiente.
* Investigador