Editorial
PGR: la descomposición
Las declaraciones formuladas ayer por el titular de la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado, Ignacio Carrillo Prieto, quien señaló la existencia dentro de la Procuraduría General de la República de un "conflicto de intereses" que ha impedido el cumplimiento de órdenes de aprehensión contra ex funcionarios implicados en los crímenes perpetrados en el contexto de la guerra sucia orquestada por los gobiernos de Gustavo Díaz Ordaz, Luis Echeverría Alvarez y José López Portillo contra opositores políticos, activistas sociales y movimientos armados, constituye un indicio uno más de lo que ocurre en la institución que tendría que procurar justicia en el ámbito federal. A ese señalamiento el fiscal especial añadió su certeza de que los jueces federales emiten sus fallos por línea del gobierno, situación de la que excluyó únicamente a los ministros integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Aunque Carrillo Prieto no pudo o no quiso ir más lejos, ni asignar nombres concretos a sus señalamientos, existe la sospecha generalizada y confirmada por la incapacidad o la falta de voluntad de la PGR y del Poder Judicial para procurar e impartir justicia para los atroces delitos cometidos desde el poder contra opositores en la historia reciente del país de que entre el gobierno actual y sus antecesores existe un pacto para encubrir los crímenes de la guerra sucia y asegurar la impunidad a sus autores intelectuales y materiales.
Peor aún, a la luz de la virulenta y cada vez menos coherente ofensiva propagandística y judicial contra el jefe de Gobierno capitalino, Andrés Manuel López Obrador, millones de ciudadanos están convencidos de que la institución que encabeza Rafael Macedo de la Concha ha vuelto a ser usada, como lo fue en los sexenios de Díaz Ordaz, Echeverría y López Portillo, para atacar a adversarios políticos del actual régimen. Ha de considerarse el hecho, por ejemplo, de que el más visceral y brusco de los perseguidores del político tabasqueño, el subprocurador Carlos Javier Vega Memije, trabajó en los gobiernos de los dos últimos, y que, en el caso del extinto López Portillo, sirvió como secretario particular presidencial, puesto en el que pudo tener acceso a información privilegiada sobre los excesos represivos y delictivos cometidos en ese sexenio.
Desde otro punto de vista es pertinente exponer la duda válida, en la medida en que Carrillo Prieto no ha sido capaz hasta ahora de dar credibilidad a su tarea de si el señalamiento sobre la actuación de los jueces que reciben línea oficial no conlleva una advertencia sobre lo que pueda decidir un magistrado si la PGR se decide a pedir en los próximos días una orden de aprehensión contra López Obrador.
Más allá de las interrogantes planteadas, los funcionarios de la procuraduría federal siguen dando muestras de la descomposición y el descrédito que ellos mismos propician en la dependencia. Enredados en sus propias contradicciones, y mientras por un lado reprochan al gobernante capitalino que no haya esperado a que la SCJN resuelva las controversias y esclarezca si debió regresar o no al cargo, por el otro ellos mismos se adelantan a las decisiones del máximo tribunal del país y aseguran que la vuelta de López Obrador a su oficina es "ilegal" y exhortan a que lo denuncie algún ciudadano tan imparcial y ecuánime como los diputados locales panistas de los que se sirvieron para efectuar la mascarada de consignación la semana pasada. Mientras Macedo de la Concha se esmera en asegurar que el Ministerio Público actúa "de buena fe", Vega Memije se esfuerza por desmentir en los hechos a su jefe inmediato.
Esas inconsistencias llegan, por cierto, al más alto nivel del Ejecutivo federal. En tanto el presidente Fox y los integrantes de su gabinete siguen afirmando que la Presidencia no busca sacar al gobernante capitalino del escenario electoral del año entrante, el propio Fox afirma, en referencia inequívoca a López Obrador, que hay que impedir la llegada de los "populistas" al poder y que es necesario "removerlos, removerlos" del escenario nacional. Lo que resulta meridianamente claro es que Macedo de la Concha, Vega Memije y otros funcionarios de la PGR son, más que procuradores, los verdaderos removedores que han llevado a la dependencia a una sima de descomposición institucional.
En un contexto de legalidad y plena democracia resultaría obligado, finalmente, esclarecer a fondo los señalamientos de Carrillo Prieto. Pero en la turbiedad creciente del gobierno actual ese propósito resulta, por desgracia, utópico.