El objetivo será avanzar hacia la democracia con plena participación ciudadana

Fuerzas de diversos sectores confirman coalición por la reconstrucción nacional

Urge que los actores políticos retomen la agenda social, hoy olvidada por Fox, sostienen

RENATO DAVALOS Y ANGELES CRUZ

Ya sin la presión por el desafuero y posible consignación penal de Andrés Manuel López Obrador -"aunque debemos seguir pendientes"-, representantes de organizaciones sindicales, campesinas, partidos políticos y de la jerarquía católica advirtieron sobre la urgencia de que los actores políticos retomen la agenda social. El deterioro en este rubro y las amenazas ponen en riesgo la viabilidad de la nación, por lo que se requieren soluciones de emergencia, dijeron.

La declaración conjunta suscrita ayer, en la que se anuncia la creación (el próximo 2 de julio) de una gran coalición por la reconstrucción nacional, también resalta que luego de haber logrado la alternancia en el poder "hay que avanzar hacia la democracia entendida como la participación ciudadana en las decisiones públicas".

El texto subraya que el gobierno federal es responsable del agudizamiento de la actual crisis, al no dar respuesta cabal a las necesidades de la ciudadanía en los temas de seguridad, democracia y transparencia, en empleo y reconocimiento de derechos básicos de los trabajadores, de los campesinos, los indígenas y las mujeres.

Durante el segundo día de trabajos del Encuentro para la transición democrática, con justicia y dignidad, organizado por la Unión Nacional de Trabajadores (UNT), asistieron el obispo Sergio Obeso, presidente de la Comisión de Pastoral Social de la Conferencia del Episcopado Mexicano; Beatriz Paredes, presidenta de la Fundación Colosio del Partido Revolucionario Institucional (PRI); el ex presidente del Instituto Federal Electoral José Woldenberg; el presidente del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Leonel Cota Montaño; el de Convergencia, Dante Delgado; la de Alternativa, Patricia Mercado, así como José Narro por parte del Partido del Trabajo (PT). El anfitrión fue Francisco Hernández Juárez, dirigente del sindicato de telefonistas y miembro de la presidencia colegiada de la UNT.

Todos coincidieron en calificar como positiva la decisión del jefe del Ejecutivo para terminar con el clima de confrontación a causa del posible juicio penal y encarcelamiento de López Obrador. El escenario es otro, dijo Hernández Juárez, quien en tono de broma lamentó que en la marcha del Día del Trabajo se tendrán que retirar las mantas que rechazaban el desafuero del político tabasqueño.

El obispo Obeso se refirió al documento emitido por la Comisión de Pastoral Social la semana pasada, en el que se pronunció en contra del desafuero del jefe de Gobierno del Distrito Federal, y advirtió sobre la pérdida de legitimidad del presidente Vicente Fox. Ayer, el prelado reiteró lo dicho en aquel texto y resaltó el escenario "nada halagador" que desde hace algún tiempo se observa en el país y que para la Iglesia se expresa en la pobreza, exclusión, desempleo, dificultad para recuperar el poder adquisitivo del salario de los trabajadores, la migración, la desolación en el campo, el avance del crimen organizado y la impunidad.

Aunado a ello, "constatamos cómo la política se convertía aceleradamente en un circo", que de continuar en esa tendencia presagiaba "un caudal creciente de sufrimiento", apuntó.

Luego de defender el derecho de la Iglesia a expresarse, porque "los obispos no aceptamos ser ciudadanos de segunda, no buscamos ni puestos, fueros o canonjías", Obeso también reconoció que los representantes religiosos "no siempre hemos estado a la altura de las circunstancias"; sin embargo, dijo, la declaración Por una nueva convivencia política tuvo como objetivo aportar en favor de la transición a la democracia, de la defensa en los derechos humanos, de la auténtica separación de poderes, de las instituciones, de la legitimidad de las elecciones de 2006, de la sociedad civil y de la paz.

Beatriz Paredes señaló que el país vive una profunda crisis de la democracia representativa, pues la irrupción social se encontró con la incapacidad de los estamentos tradicionales del poder para modificarse en un nuevo pacto.

La prevalencia de la mercadotecnia por encima de la propuesta política y social ha logrado en América Latina, incluido México, que los procesos políticos tengan su sustento en el costo económico de las campañas, sin que ello implique vínculo alguno entre los candidatos y los ciudadanos.

Los partidos políticos, señaló la ex gobernadora de Tlaxcala, están embebidos en lograr el poder cuando en realidad la agenda social debería ser el núcleo articulador del país. Enseguida exhortó a las organizaciones civiles y sindicales a exigir a los institutos políticos la suscripción de compromisos concretos con la sociedad, que involucren la superación del clientelismo y el sólo interés por la obtención de votos.

Por su parte, José Woldenberg señaló que al despejarse la sombra de la exclusión de López Obrador, las elecciones federales del próximo año deben verse con alto grado de certeza. Hay las condiciones para un proceso pacífico y el espacio para que la pluralidad demuestre que puede competir en forma ordenada.

Dijo que es el momento de emprender el cambio de régimen político en el país, y recordó que la democracia no es una estación terminal. Es más bien una agenda cargada de nuevos retos y dificultades que en el pasado reciente eran impensables.

Luego vinieron las intervenciones de Patricia Mercado, José Narro y a Dante Delgado, quienes también advirtieron sobre la importancia de que las organizaciones sociales exijan a los actores políticos se retomen los temas que afectan al país y la sociedad en su conjunto.

El presidente del PRD, Leonel Cota, se pronunció por la construcción de un nuevo gobierno de izquierda que retome los problemas fundamentales de la nación, de los que los partidos han estado alejados. Eso no significa, dijo, que se vaya a aceptar la imposición de las llamadas reformas estructurales.

La declaración conjunta suscrita por todos los asistentes, a excepción de Beatriz Paredes, quien dijo que tenía que analizar el documento, plantea la urgencia de lograr un acuerdo nacional para la transición en la que participen los partidos, el gobierno federal y la sociedad civil organizada.

Es indispensable una reforma electoral que garantice que la contienda de 2006 sea equitativa en el acceso a los medios de comunicación, que reduzca los costos y se transparente el uso de los recursos económicos. El texto subraya la importancia de que el gobierno de mayorías deberá sustentarse en formas de expresión como el plebiscito, la revocación del mandato y la iniciativa popular.

También señala que la sociedad civil no admite seguir siendo excluida del proceso de cambio. Es inadmisible que oligarquías económicas o políticas detenten el monopolio de las decisiones fundamentales del país. Los firmantes de la declaración hicieron un llamado para promover el diálogo entre la diversidad social, continuar y ampliar un gran movimiento que impulse la atención a la agenda socioeconómica.