Editorial
Nuevo golpe contra los migrantes
Las disposiciones contra los inmigrantes aprobadas ayer por el Senado estadunidense, conocidas como Real ID, y que prohíben a las autoridades de los estados otorgar licencias de manejo a indocumentados y otorgan fondos para la construcción de una barda metálica en la frontera con México, confirman el tono de la segunda administración de George W. Bush en el tema de la migración y auguran tiempos peores, si cabe, para nuestros connacionales que acuden a trabajar al norte del río Bravo.
La forma tramposa en que se logró la aprobación de estas medidas las cuales fueron incluidas en un paquete de fondos suplementarios para el mantenimiento de la ocupación militar en Irak y Afganistán, para las víctimas del tsunami en Asia y para los desplazados de Darfur, en Sudán tomó por sorpresa a la minoría demócrata en el Capitolio, la cual, ante la perspectiva de afrontar acusaciones por falta de patriotismo, no encontró otra salida política que votar en favor del paquete.
De esta manera, la clase política de Washington se da la mano con la virulencia xenófoba de ciertos sectores sociales del sur de Estados Unidos que organizan cacerías de inmigrantes. El país oficial y el país profundo convergen, así, en un objetivo común: reforzar la represión y la persecución de un flujo migratorio que, más allá de ideologías, leyes y posiciones que no pueden ser calificadas sino de enfermas, como las de los promotores del proyecto racista Minuteman, constituye un factor estructural de las economías estadunidense y mexicana y aporta grandes beneficios a los dos países.
Para los mexicanos y latinoamericanos que viajan sin papeles a Estados Unidos en busca de trabajo, y para aquellos que ya han logrado establecerse allí, las disposiciones de la Real ID son una nueva vuelta de tuerca que degradará de manera adicional su seguridad, sus condiciones laborales y su dignidad; para las autoridades estatales del país vecino la nueva legislación implicará un dolor de cabeza burocrático; para las mafias de traficantes de indocumentados las disposiciones multiplicarán y revaluarán las oportunidades de negocio; y para el gobierno mexicano la aprobación de la ley referida constituye una vergüenza sin atenuantes.
Las autoridades foxistas vieron venir, cruzadas de brazos, este nuevo golpe contra los trabajadores migrantes mexicanos. En su búsqueda lamentable de fotos y encuentros de minutos con Bush, el Ejecutivo federal olvidó protestar por el nuevo atropello. La muy escasa voluntad de defensa de la soberanía se centró en desmentidos inútiles a los señalamientos críticos sin duda injerencistas, pero fundamentados, que el gobierno vecino formuló en materia de seguridad pública y derechos humanos en México.
Por su parte, el canciller Luis Ernesto Derbez estaba muy ocupado en perder la competencia para ocupar la secretaría general de la Organización de Estados Americanos (OEA). Mientras su titular se empeñaba inútilmente en consolidar el respaldo de Washington a su candidatura al organismo panamericano, la Secretaría de Relaciones Exteriores se limitó a emitir algún comunicado de prensa, pero fue incapaz de articular una posición nacional coherente y sólida contra la disposición aprobada ayer en el Capitolio. El trabajo diplomático se orientó a la OEA, no a la frontera, y el resultado fue una derrota en ambos frentes.
Pero la imaginación discursiva del foxismo gobernante ha demostrado no tener límites, y no se puede descartar que estos fracasos sean presentados a la sociedad como importantes logros del grupo en el poder.