La SFP inhabilita de 5 a 20 años a los ex directivos de Pemex para ocupar cargos públicos

Multa de más de $2 mil millones a Montemayor y cinco ex funcionarios

Se comprobó la erogación irregular de recursos económicos de la paraestatal al sindicato petrolero

JUAN BALBOA

La Secretaría de la Función Pública (SFP) sancionó con 2 mil 842 millones 299 mil 492.16 pesos al ex director de Petróleos Mexicanos Rogelio Montemayor Seguy, y a cinco ex funcionarios de la paraestatal, quienes además fueron inhabilitados de 5 a 20 años para ocupar cargos públicos, al comprobárseles irregularidades en la erogación de recursos de Pemex al Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM), ''con artificios maquinados para encubrir y desviar'' diversas cantidades, supuestamente destinadas a cubrir prestaciones de trabajadores.

La auditoría practicada por la SFP es la tercera vertiente de las investigaciones sobre el llamado Pemexgate -las dos anteriores fueron hechas por el Instituto Federal Electoral (IFE) y la Procuraduría General de la República (PGR)-, que oficialmente se realiza a partir de que La Jornada reveló, el 19 de enero de 2002, que la entonces Secretaría de la Contraloría y Desarrollo Administrativo (Secodam) había presentado denuncia penal ante la PGR contra Montemayor y dirigentes petroleros, así como el hecho de que el Ministerio Público Federal contaba con testigos protegidos, quienes habían confirmado que parte de los recursos fueron destinados en 2000 a la campaña presidencial del candidato del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Francisco Labastida Ochoa.

Comprobación administrativa

El secretario de la Función Pública, Eduardo Romero Ramos, dijo que se comprobó administrativamente que el monto total de los recursos públicos irregulares entregados al sindicato petrolero asciende a mil 421 millones 149 mil 746.08 pesos. El funcionario explicó que el importe global de la sanción impuesta a los seis servidores públicos equivale a dos veces el monto del ''daño causado al patrimonio'' de Pemex, con lo cual se hace un total de 2 mil 842 millones 299 mil 492.16 pesos.

Montemayor, ex gobernador priísta de Coahuila, es responsable, según la SFP, de celebrar indebidamente convenios con el sindicato petrolero. Por ello se le impuso una sanción de mil 421 millones 149 mil 746.08 pesos, justo el monto total del presunto daño causado a Pemex. El ex funcionario, quien también es acusado por la PGR de su probable responsabilidad en el delito de peculado por más de mil millones de pesos, fue inhabilitado por 20 años para desempeñar un empleo o comisión en el servicio público.

''Lo anterior en atención a que, en su carácter de director general de Pemex, participó y tuvo conocimiento de los convenios, acuerdos y oficios de instrucción a través de los cuales se ordenó entregar diversas cantidades al STPRM, sin ajustarse a las disposiciones presupuestales'', señala la dependencia que practicó la auditoría.

A su vez, al ex director corporativo de Finanzas, Juan José Domene Berlanga, se le multó con 532 millones 322 mil 792.96 pesos, por acordar conjuntamente actos jurídicos mediante los cuales se entregaron recursos económicos a la organización sindical. Quedó inhabilitado por 15 años.

Carlos Fermín Juaristi Septién, ex director corporativo de Administración, fue penalizado con 532 millones 322 mil 792.96 pesos, e inhabilitado por 15 años, por celebrar e intervenir en distintos acuerdos de voluntades en la entrega de recursos al sindicato de Pemex. A otro de los ex directores corporativos de Administración, Manuel Gomezperalta Damirón, se le confirmó responsabilidad al haber instruido la emisión de cheques en favor de la organización sindical. Fue sancionado con 35 millones 354 mil 414 pesos y su inhabilitación es por 10 años.

La Secretaría de la Función Pública multó también a Julio Pindter González, ex subdirector corporativo de Relaciones Laborales, y a José Alberto del Corazón de Jesús Gheno Ortiz, gerente corportativo de Control Presupuestal. El primero deberá pagar 321 millones 149 mil 746.08 pesos y purgar cinco años de inhabilitación. Al segundo no se le impone penalidad económica, sólo inhabilitación por cinco años.

Romero Ramos reconoció que el caso que investigó la dependencia por la vía administrativa es conocido como Pemexgate y tiene una naturaleza electoral que ya fue indagada y sancionada por el IFE. ''Este expediente administrativo tiene una vida autónoma; este procedimiento legal es independiente y autónomo de lo electoral (asunto) que llevó el Instituto Federal Electoral. También tiene una vida autónoma e independiente de los juicios penales que lleva ante los tribunales la PGR, de manera que hay tres vertientes fundamentales en las que este expediente ha sido atendido en el gobierno en su conjunto'', subrayó, y se mostró satisfecho con la multa ''razonable'' impuesta a los servidores públicos.

Las tres vertientes de investigación del Pemexgate que señala el titular de la SFP, son: la investigación del IFE, por la parte electoral; la PGR mantiene vigentes juicios penales contra los ex funcionarios de Pemex, y la Secretaría de la Función Pública concluyó la parte administrativa, al realizar una investigación de los servidores públicos.

Afirmó que el expediente administrativo quedó concluido y descartó que el ex presidente Ernesto Zedillo tenga alguna responsabilidad. ''No encontramos elemento adicional alguno que permita llamar a otro servidor público''. concluyó Romero Ramos.

La auditoría a Petróleos Mexicanos fue iniciada en enero de 2001 por la Secodam; ahí se detectó que funcionarios de la paraestatal canalizaron de manera irregular mil millones de pesos al sindicato petrolero, al que posteriormente le entregaron otros 480 millones sin contar con justificación legal ni presupuesto aprobado, en clara violación a las normas presupuestales.

Desde el 10 de diciembre de 2001, la PGR ha realizado cuatro averiguaciones previas por delincuencia organizada, lavado de dinero, peculado, ejercicio indebido y peculado electoral, contra los implicados en el Pemexgate.