Juzgados y tribunales han otorgado varios amparos
Desfalco a la paraestatal, tema que se ha ido desvaneciendo
Aun cuando ayer el gobierno federal dio nueva información sobre el Pemexgate, ante la justicia federal el tema se ha ido desvaneciendo con el tiempo, al grado que la Procuraduría General de la República (PGR) no ha logrado que los implicados en el presunto desvío millonario de recursos públicos de Petróleos Mexicanos (Pemex) estén actualmente presos.
A más de dos años de que el caso llegó al Poder Judicial Federal (PJF), diversos juzgados y tribunales federales han otorgado amparos que han favorecido a los acusados; mientras que dos de los testigos de cargo utilizados por la PGR para imputar responsabilidades a los indiciados se han contradicho durante diversas diligencias y careos, y con ello han dejado que el Pemexgate pierda credibilidad.
De los más de diez ex funcionarios de la paraestatal, militantes del PRI y líderes del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM) implicados en el supuesto desvío, sólo tres han podido ser procesados penalmente.
Se trata de Rogelio Montemayor Seguy, ex director general de Pemex; Manuel Gomezperalta Damirón, ex director corporativo de Administración, y Carlos Romero Deschamps, secretario general del sindicato petrolero; en tanto, los otros implicados se encuentran prófugos de la justicia y en espera de que mediante juicios de amparo libren los cargos sin haber pisado la cárcel.
Entre quienes no han podido ser ubicados y detenidos por la PGR se encuentran: Juan José Domene Berlanga, ex director corporativo de Finanzas; Carlos Fermín Juaristi Septién, ex director corporativo de Administración; Julio Pindter González, ex subdirector corporativo de Relaciones Laborales, y José Alberto Gheno, ex gerente corporativo de Control Presupuestal, mientras que el priísta y ex vocero del presidente Ernesto Zedillo, Carlos Almada López, también permanece prófugo de la justicia y tramitando su amparo.
Todos están a la espera de que juzgados y tribunales federales determinen si les conceden recursos de amparo contra las órdenes de aprehensión que les fueron libradas durante 2002.
El caso más claro de impunidad en el Pemexgate es el del senador priísta Ricardo Aldana, ya que aunque la PGR tiene elementos suficientes para solicitar su aprehensión por su presunta responsabilidad en los delitos de peculado y peculado electoral, la averiguación previa no ha podido ser consignada ante un juez federal, debido a que el legislador cuenta con fuero, y su partido ha impedido que se le aplique una declaración de procedencia (juicio de desafuero).
En el caso de Montemayor, Gomezperalta y Romero -quienes gozan de libertad provisional bajo fianza-, los tres están a la espera de que el juzgado 13 de distrito del Reclusorio Sur les dicte la sentencia correspondiente. Los dos últimos casi cumplen dos años sujetos a proceso penal, mientras que Montemayor va para un año.
De los tres, el único que estuvo en prisión por unos días es Gomezperalta, pero curiosamente es el que menos responsabilidad le imputa la PGR en el caso.
Montemayor y Romero no sólo han evitado pisar el Reclusorio Sur, gracias a que pudieron pagar abogados penalistas que cobran en dólares y por hora, sino lograron, mediante acuerdos posteriores entre Pemex y el STPRM, que la paraestatal se diera por reparada del daño económico ocasionado con el desvío de mas de mil millones de pesos, la mitad de los cuales terminaron en la campaña del candidato priísta Francisco Labastida Ochoa, en 2000.
Fianzas a modo
Al haber aceptado la reparación del daño, al juzgado 13 de distrito no le quedó más remedio que fijar una fianza de apenas 5 millones de pesos al líder petrolero -y no una de más de mil millones como se esperaba originalmente-, por lo que Romero Deschamps pudo garantizar esa cantidad sin mayor problema y permanecerá en libertad provisional el tiempo que dure su juicio.
Montemayor, aunque estuvo arraigado en Estados Unidos por espacio de un año, en cuanto fue extraditado a México se presentó al juzgado 13 de distrito bajo el cobijo de un amparo.
Sus triunfos legales comenzaron desde su juicio de extradición, ya que en el vecino país ganó a las autoridades mexicanas uno de los juicios, y actualmente no puede ser procesado por el delito de peculado electoral (mismo que es grave y sin derecho a fianza). Ese ilícito habría permitido a la PGR obtener una orden de aprehensión que hubiera llevado a la cárcel al ex director general de Pemex. Actualmente Montemayor está a la espera de ganar el litigio a la procuraduría mediante diversos juicios de amparo.