Llegan después de la ruptura por el caso López Obrador
Atizan las sanciones la pugna del PRI con Fox
Las pesquisas sobre los Bribiesca, en el contexto político
El Pemexgate, caso considerado por dirigentes priístas arma política del gobierno de Vicente Fox, resurgió -como ha ocurrido desde diciembre de 2001, cuando la Procuraduría General de la República (PGR) comenzó las investigaciones penales- en un momento en que hay rompimiento entre el gobierno federal y el PRI. Esta vez en el contexto del desafuero a Andrés Manuel López Obrador y la indagación que diputados priístas abrieron a los hijos de Marta Sahagún.
Cuatro semanas después de que se cancelara la posibilidad de desaforar al senador priísta Ricardo Aldana Prieto con apoyo de legisladores panistas, para que sea enjuiciado por el Pemexgate, y a una semana de que se instalara una comisión legislativa para investigar los negocios de Manuel, Jorge y Fernando Bribiesca Sahagún, se dio a conocer la sanción de más de mil 421 millones de pesos impuesta por la Secretaría de la Función Pública al ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex) Rogelio Montemayor, como responsable de la entrega ilícita de mil 580 millones de pesos al Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM).
En cada paso judicial y político que se ha dado por el desvío de mil 580 millones de pesos del presupuesto de Pemex, de los cuales se usaron al menos 500 millones para financiar en 2000 la campaña presidencial de Francisco Labastida Ochoa, ha habido encuentros y desencuentros entre la cúpula del PRI y el gobierno de Fox.
El caso, uno de los escándalos de corrupción política más documentados en la historia del país, se remonta a enero de 2001, cuando la desaparecida Secretaría de la Contraloría y Desarrollo Administrativo (Secodam) comenzó una serie de auditorías a las finanzas de Pemex.
Desde ese momento el PRI y los dirigentes sindicales petroleros Carlos Romero Deschamps, a la sazón diputado federal priísta, y Aldana Prieto, así como Montemayor, pretendieron negociar una salida "tersa". Así lo dio a conocer el 18 de enero de 2002 el titular de la Secodam, Francisco Barrio Terrazas, durante una gira de trabajo por Ciudad Juárez.
Ese día Barrio Terrazas prometió que pronto "se freirían pescaditos de buen tamaño" (peces gordos), y reveló que en diciembre un ex funcionario del gobierno de Ernesto Zedillo fue a Los Pinos a hablar con Fox. Al enterarse del proceso contra Montemayor y los líderes petroleros, el visitante amagó con impedir la reforma fiscal en la Cámara de Diputados.
"El mandatario dijo que aunque no saliera la reforma no van a cambiar este tipo de asuntos, que son como una bolsa de cacahuates por lingotes de oro", señaló Barrio Terrazas en aquel entonces.
Las palabras del ex secretario coincidían con los datos obtenidos durante una investigación de La Jornada desde los últimos días de diciembre de 2001. Así, el 19 de enero de 2002 este diario informó en exclusiva que el Pemexgate se inició el 10 de diciembre de 2001, cuando la Secodam presentó denuncia ante la PGR contra Montemayor y cinco directores generales de Pemex, entre ellos Carlos Juaristi Septién, Juan José Domene Berlanga y Julio Pindter, y los dirigentes del STPRM como presuntos responsables del desvío (inicial) de mil 100 millones de pesos.
Desde el 11 de diciembre de ese año, la Unidad Especializada contra Delincuencia Organizada (hoy subprocuraduría en el mismo rubro) ya había solicitado la colaboración de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, y obtuvo la información de que, desde la cuenta 559-02069-9 de Banorte, se realizaron retiros en efectivo por parte de empleados del PRI, durante la campaña de Labastida, por 500 millones de pesos, los cuales en su mayoría fueron entregados en las oficinas de Jorge Cárdenas Elizondo, entonces secretario de finanzas del tricolor.
Aldana firmó cuatro cheques en favor del PRI por los 500 millones de pesos, que fueron registrados en una doble contabilidad. Este diario reveló que en la indagatoria se habían obtenido datos de que parte de los recursos desviados al STPRM se habían "invertido" en el llamado Sorteo del Milenio del PRI, y que se investigaba la probable comisión de de-lincuencia organizada y lavado de dinero.
El plan financiero del equipo de campaña de Labastida, la colaboración de líderes petroleros y la connivencia de Montemayor fueron reveladas al Ministerio Público por Alonso Veraza, Melitón Cáceres y Andrés Heredia, ex empleados del PRI, quienes fueron detenidos el 19 de diciembre de 2001 y mantenidos en arraigo por tres meses, tiempo durante el cual sirvieron de "testigos colaboradores" (como los llamó la PGR, aunque se dieron versiones, apoyadas en declaraciones de familiares, de que se habían acogido al programa de testigos protegidos).
La primera evidencia del matiz político que el caso representaría ocurrió el primero de marzo de 2002, cuando Fox asistió a la asamblea de la CTM, donde ese gremio lo recibió con apagones y anunció que el diputado y líder petrolero sería distinguido con la medalla al mérito obrero Fidel Velázquez; 17 días después, en el aniversario de la expropiación petrolera, Romero Deschamps recibió al mandatario con un discurso que incluyó expresiones como "lo que no ha sido juzgado ni suficientemente fundamentado, es germen de incertidumbre", y le advirtió: "lo que menos deseamos es que Pemex enfrente dificultades a causa de confrontaciones".
Durante 2002 siguieron los procesos jurídicos del gobierno federal y se solicitó el desafuero de Romero Deschamps y Aldana Prieto. El 11 de septiembre, antes de conocerse la solicitud, los senadores y dirigentes obreros priístas se erigieron en defensores de ambos y se prepararon para "utilizar todo el aparato legal del PRI para defenderlos". Ninguna de las solicitudes de juicio de procedencia prosperó.
Para el 21 de septiembre de ese año se supo que el secretario de Gobernación, Santiago Creel, pidió a los líderes petroleros "sacrificarse", y les ofreció a cambio un proceso penal "ligero por delitos salvables con una fianza".
Esa es la situación de Romero Deschamps y Montemayor, acusados de ejercicio indebido del servicio público, peculado y peculado electoral, aunque el ex director no enfrenta aún este último cargo, pues el gobierno estadunidense no ha dado su anuencia para que se le juzgue por ese delito, ya que fue extraditado.
Entre 2003 y 2004, una vez que el Instituto Federal Electoral aplicó al PRI la multa por mil millones de pesos por recibir recursos públicos para financiar la campaña presidencial, y pactado que la sanción se pagara en mensualidades, los priístas rehicieron su relación con Fox, al grado que en diciembre de 2003 -después de varias conversaciones de Roberto Madrazo y Elba Esther Gordillo- pretendieron impulsar la aplicación del impuesto al valor agregado en alimentos y medicinas para el presupuesto del año siguiente, pero el acuerdo se derrumbó ante la presión interna que recibió el dirigente. La alianza se reforzó en 2005 con el voto por el desafuero de López Obrador.
Inclusive el pasado 18 de marzo, en un tácito restablecimiento de vínculos entre Fox y el sindicato petrolero, la conmemoración del 67 aniversario de la expropiación logró la reaparición en tribuna de Romero Deschamps, quien ofreció al jefe del Ejecutivo una alianza que "con discreción y audacia'' comience en Pemex una "cruzada diferente y ajena a las eventuales trampas y provocaciones de quienes pretenden aprovechar la coyuntura para desestabilizar". También acusó de pretensiones perturbadoras a quienes "tomaron pozos petroleros cuando eran oposición y siembran descontento siendo gobierno".
La luna de miel terminó el 27 de abril, después del anuncio presidencial de que se revisaría el expediente de López Obrador.