Documentó la Coddehum varias quejas contra Jacobo Luviano; una lo vincula con homicidio
Cesará Torreblanca al encargado de la policía ministerial de Guerrero
Incumplieron autoridades locales las recomendaciones del organismo sobre el entonces jefe de la PJE
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Zeferino Torreblanca Galindo, gobernador de Guerrero FOTO jose Antonio L�
El recién nombrado encargado de la Policía Investigadora Ministerial (PIM) de Guerrero, Arnulfo Jacobo Luviano, tiene varias quejas en su contra presentadas ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos (Coddehum), que resultaron en recomendaciones a las autoridades de la entidad, de las cuales no se dio cumplimiento a ninguna, por lo que el gobernador Zeferino Torreblanca Galindo informó que no será ratificado en el cargo.
Según expedientes de la Coddehum, Jacobo Luviano habría incurrido en abusos de autoridad y realizado detenciones sin orden de aprehensión contra presuntos delincuentes cuando fungía como jefe de grupo de la Policía Judicial del Estado (PJE), corporación que fue sustituida por la PIM.
De acuerdo con los archivos de la comisión -a los cuales La Jornada tuvo acceso-, la primera queja contra Jacobo Luviano fue presentada por Angela Catalán Cruz, en representación de su hijo Raymundo Mendoza Catalán. El expediente 037, que propició la recomendación 037/97CODDEHUM VG/268/95-III, indica que el encargado de la PIM y los jefes de grupo de la PJE Isidro Nava Terán y Alberto Tovar detuvieron a Mendoza Catalán sin orden de arresto.
Asimismo, María del Rosario Morales Castelán y vecinos de Santa Fe Tepetlapa, municipio de Buena Vista de Cuéllar, denunciaron a Jacobo Luviano. En el expediente 055, con la recomendación 055/97CODDEHUM/VG/286/95-I, se acotó que el jefe policiaco y Andrés Salgado Pérez estuvieron involucrados en el homicidio de Crisóforo Morales Castelán, así como en las detenciones arbitrarias de Joel Alonso Morales Castelán, Virginia Salgado Ocampo, y José Martín Morales Aranda.
La tercera recomendación fue la 27/9991CODDEHUMVG-046991-I, presentada por Miguel Torres Herrera y Mario Torres Iturriaga, vecinos de Tlapa de Comonfort, en contra de los comandantes de la PJE Jacobo Luviano, Humberto Velasco Delgado, Arcadio Basilio Rodríguez y Ciro Elodio del Carmen, por "causar molestias, por detención arbitraria y sin contar con la orden judicial correspondiente".
Otra recomendación fue la 021/2002CODDEHUMCR-CCH020/2001-II, emitida como resultado de una queja que presentó María Santos Carlos en contra del comandante Jacobo Luviano y de los policías judiciales Juan Zavaleta Merlín, Camerino Hipólito Avila, Clemente Rodolfo Núñez Ochoa, Roberto Martínez Vázquez, Roberto Valdés Núñez, Javier Fuentes Vargas, y Manuel Salvador Castro Magno, por allanamiento de morada y lesiones.
Asimismo, la Coddehum emitió la recomendación OPP-112/96CODEHUMVG/013/996-I, a partir de una queja que presentaron Luis Eli López y Raúl Botello Livera, internos en el Centro de Readaptación Social (Cereso) de Iguala, en contra de los elementos de la PJE que encabezaba Jacobo Luviano, quienes incurrieron en "detención arbitraria".
José Inés García e Inocente Salgado Reyes, otros reclusos del Cereso de Iguala, presentaron una queja por la cual se expidió la recomendación 132/96/CODDEHUM/VG/680/995-III/214/996-II, en la que se consideró a Manuel Cruz Luciano y a Arnulfo Jacobo responsables de allanamiento de morada, lesiones, tortura y detención ilegal.
La recomendación 146/99-CODEHUMVG/190/98-I fue resultado de la queja que presentaron los ex diputados del PRD Saúl López Sollano y Amalia Tornez Talavera, quienes imputaron a Joaquín Juárez Solano, Juan Pita Calderón y a Jacobo Luviano detenciones arbitrarias y allanamiento de morada.
Por su parte, Eloy Arciniega Dorantes, Pedro Pioquinto Arciniega y Ernesto Fierro Martínez se quejaron ante la Coddehum por una detención arbitraria, asunto por el que se emitió la recomendación 727/2001-CODDEHUMCRA/002/2001-4.
Pesquisas por secuestro y amenazas contra diputado
El gobernador Torreblanca Galindo anunció que empezará una investigación sobre las amenazas de muerte e intento de secuestro que sufrió Raúl García Reséndiz, hijo del diputado federal perredista Juan García Costilla. El mandadario y su secretario general de Gobierno deslindaron a la administración estatal de los hechos e informaron que se investigará el intento de secuestro y amenazas de muerte.
Según García Reséndiz, fue intimidado luego de que su padre se inconformó por la designación del subprocurador de Justicia estatal, Antonio Nogueda Carbajal, y por el nombramiento del militar retirado Juan Heriberto Salinas Altés al frente de la Secretaría de Seguridad Pública de Guerrero.