Recomienda ASF emitir norma jurídica que defina las actividades de la cónyuge del Ejecutivo
Que Marta Sahagún no abuse de los recursos públicos, exigen diputados
Se plantea presupuestar e inventariar el vestuario, joyas y accesorios de la pareja presidencial
En medio de un fuerte debate de la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados, que -a excepción de la fracción panista- exigió al presidente Vicente Fox apegarse a la ley, y no permitir que su esposa, Marta Sahagún, abuse del empleo de los recursos públicos, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) recomendó a los legisladores emitir ''una norma jurídica específica que defina las actividades públicas de la cónyuge del Ejecutivo'', así como presupuestar e integrar en un inventario y fijar el destino final del vestuario, joyas y accesorios que la ''pareja presidencial'' ha adquirido con cargo al presupuesto.
Durante la segunda reunión de análisis de la Cuenta Pública 2003, el auditor especial de desempeño de la ASF, Roberto Salcedo Aquino, reconoció que han recibido presiones por su trabajo -aunque no aclaró de qué tipo ni de quién- y advirtió que ''ni el Presidente ni ningún servidor público puede destinar recursos a familiares y amigos''.
Laguna legislativa
No obstante, señaló que en el caso de Marta Sahagún no puede definirse si utiliza recursos del Estado para su actividades privadas, por una laguna en la legislación, y planteó que si bien ella tiene derecho a la seguridad, precisamente los huecos en la legislación no permiten dilucidar si con su estatus puede utilizar o no recursos del presupuesto federal.
''La ASF considera que no existe una norma jurídica específica que defina los recursos que la cónyuge del titular del Ejecutivo requiere para el desempeño de actividades de carácter público no oficial, porque no es servidora pública, y ve conveniente emitir una norma jurídica que defina las actividades de la cónyuge para que, sobre esta base, se determinen los recursos que requiera y se le puedan asignar para sus actividades'', planteó Salcedo Aquino.
Explicó que durante la revisión del gasto de la Presidencia de la República durante 2003, que se realizó para determinar los fondos asignados a Marta Sahagún y si utiliza los recursos financieros y humanos de Los Pinos para su operación en la fundación Vamos México, se encontró que la ''unidad de apoyo'' a la esposa de Fox -integrada por 38 funcionarios con sueldo a cargo del presupuesto presidencial- se ajustó a lo establecido en el artículo 8 de la Ley Orgánica de la Administración Pública.
Esa disposición faculta al Presidente de la República a constituir unidades de asesoría, apoyo técnico y de coordinación, siempre y cuando se sujete al presupuesto asignado a la Presidencia.
Aclaró que esta disposición no es jurídica, sino técnico-contable, por lo que esa laguna sobre hasta dónde puede manejar la esposa del mandatario recursos públicos debe subsanarse con una regulación específica.
Respecto de la partida 3825, que incluye los gastos del Presidente y su cónyuge para la compra de atuendo de gala, vestuario general y accesorios de carácter personal requeridos en actos públicos y oficiales con asistencia del mandatario, dijo que también debe regularse para normar su presupuestación, el inventario y el destino final de todos esos bienes.
''Debo decir que, en otros estados, lo que se gasta en estas partidas homólogas al término del mandato se entrega inventariado. ¿Qué hace después el Estado con ellos? Esa es otra cosa, pero se entregan dentro de un inventario.''
La ASF explicó que no pudo entrar en la revisión a fondo de dicha partida, porque no está desagregada.
Durante la reunión, el diputado panista Salvador Vega Casillas -encargado en Michoacán de reunir fondos para la campaña de Felipe Calderón- retó al resto de las bancadas para que, si no están de acuerdo con que Marta Sahagún ejerza algunas actividades, ''que muchas veces son públicas'', cambien las reglas porque en la legislación vigente nada la limita.
''Ella realiza funciones públicas, aunque no sea servidora pública. Es la costumbre que cuando a la esposa del Presidente -y lo mismo hicieron las de mandatarios anteriores- se le pidan cosas delicadas, como gestiones y algunas peticiones para resolver violaciones, la esposa de Fox recaba y da gestión para que se solucionen.''
El legislador panista calificó de absurdo que incluso se haya investigado al Estado Mayor Presidencial para verificar quién utilizaba los aviones, ''para saber si eran parientes o no'' de Marta Sahagún los que viajaban en naves oficiales para fines particulares. ''Eso nos lleva a preguntarnos entonces en dónde van a vivir la esposa y los hijos (del Presidente), dónde van a viajar. Qué, ¿vamos a mandar a la esposa en un taxi?''
Además, dijo, la Presidencia cumplió con la ley para la asignación de recursos a la esposa de Fox, ''que no maneja ella, sino una oficina'', e inclusive deslizó que en las revisiones de las cuentas públicas futuras la ASF ya no debía indagar en el gasto de Los Pinos, porque cada año las observaciones que se desprenden de la revisión ''son menores y no implican un daño patrimonial'', y preguntó: ''¿Es razonable revisar una y otra vez lo que ya sabemos que está bien? Es razonable esta obsesión de revisar hasta el último peso?''
Sin embargo, PRI y PRD insistieron en que la esposa de Fox se aprovecha de la laguna en la legislación para utilizar recursos públicos para actividades privadas, y la diputada priísta Marcela Guerra Castillo exigió que el Legislativo haga un extrañamiento al Presidente y ''solicitarle que se apegue a las facultades de asignación de recursos'' para actos públicos.
El perredista Guillermo Huízar reprochó ''la festiva honestidad del Presidente'', celebrada por el panista Vega Casillas. ''Aquí no juzgamos la honestidad, que es un valor etéreo, sino la legalidad, que es la que está en tela de duda; así lo ha dicho la ASF, y tiene que ver con los recursos que se destinan, muchos o pocos, a las actividades de la cónyuge del Presidente'', dijo.
Cuestionó ''la extensión que se le pretende dar a la definición del artículo'' 8 de la Ley Orgánica de la Administración Pública para justificar la asignación de personal a Sahagún, con cargo al erario. Y a pregunta sobre el presumible temor de los auditores ente el poder presidencial y por lo tanto cuestionar con mayor dureza el uso de recursos para las actividades de la esposa de Fox, el auditor Salcedo Aquino respondió: ''Ni el Presidente ni ningún servidor público puede destinar recursos a familiares y amigos. No tenemos miedo, más bien somos temerarios; hemos recibido presiones, pero tampoco queremos ser héroes ni mártires, sino servidores públicos que cumplen con su trabajo. Estamos en un área de riesgo, pero suponemos que no estamos solos, que la Cámara de Diputados está con nosotros''.
Asimismo, la ASF especificó que la oficina de apoyo a Sahagún adjudicó a un proveedor la producción de espots denominados ''infomerciales'', cuyo contrato no está firmado. Además, se pagaron cuatro contratos para el servicio de mantenimiento del parque vehicular, sin que tales servicios se hayan prestado en el plazo convenido; cuatro proveedores no entregaron fianzas de cumplimiento y a cuatro de ellos se les exoneró del requisito de presentar fianza, lo cual es violatorio de la ley, mientras que otras cinco garantías se entregaron con retraso.
La SFP se desmarca
Por otra parte, en Veracruz, el subsecretario de Participación Ciudadana de la Secretaría de la Función Pública, Roberto Anaya Moreno, dijo que la dependencia no investigará a los hijos de Marta Sahagún ni a la Presidencia de la República por los señalamientos de posible tráfico de influencias y enriquecimiento ilícito.
Molesto por las preguntas, el funcionario prácticamente exoneró a los hermanos Bribriesca Sahagún y expresó que la SFP ''no tiene obligación de investigar'' este caso.
En contraparte, el director de Aduanas de la Secretaría de Hacienda, José Guzmán Montalvo, aseveró que pese a que no se tiene información sobre presuntos nexos de la familia Bribiesca Sahagún con el contrabando, la dependencia está abierta a iniciar una investigación si ''alguien presenta pruebas que acrediten o hagan sospechar la comisión del ilícito''.
(Con información de Andres Timoteo Morales, corresponsal)