La maniobra obliga a universidades públicas a cargar con planes de retiro, alertan
Buscan imponer modelo de jubilación de la UdeG; elimina derecho a la seguridad social
El modelo por el que se eliminó el derecho a la seguridad social de "20 mil académicos y administrativos de la Universidad de Guadalajara (UdeG)" y, a cambio, se impuso un "régimen voluntario" que pagan los trabajadores por medio de una especie de "Afore", pretende imponerse en el resto de las universidades públicas, advirtió el investigador de la UdeG, Angel Guillermo Ruiz Moreno.
En el contexto de la presentación de su libro Los sistemas pensionarios de las universidades públicas en México, realizado en el Instituto de Investigaciones Económicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), el experto alertó sobre lo "peligroso" de este esquema tanto para los trabajadores como para las propias universidades, pues las instituciones educativas se echan a cuestas una tarea que corresponde enfrentar al Estado.
El especialista señaló que así como se rescató a los banqueros con el Fobaproa, se deben salvar los esquemas de seguridad social para que tenga viabilidad financiera y pueda brindar un servicio adecuado.
En principio, explicó que en la UdeG los recursos que se deberían destinar para cubrir la seguridad social se "desvían" para "cubrir las famosas pensiones universitarias, que se tratan de una previsión social y no de una seguridad social".
Lo anterior significa que "en lugar de tener un esquema integral de protección que incluya riesgo de trabajo, enfermedad, maternidad, invalidez y vida, cesantía en edad avanzada, vejez, retiro, guarderías, prestaciones sociales, la UdeG hace su propia Afore y con sus fondos maneja y hace lo que quiere con el dinero. Esto funciona desde diciembre de 2003", detalló.
Manifestó que dicha institución educativa no tiene facultades para crear una especie de Afore, esto es, un sistema de pensiones que tiene con Bancomer. "El peligro de esto sería la desaparición de la UdeG. Hoy día, las universidades están en una encrucijada existencial y si permitimos que estas cosas aumenten todavía a largo plazo, llegará el día en que estos problemas se vuelvan insostenibles y tengamos que cerrar las universidades públicas".
El investigador aseguró que dicho modelo se impuso a costa de los trabajadores porque les descuentan de la nómina el pago del seguro voluntario y también el régimen de jubilaciones de la universidad. Por ello, destacó, "lanzo un aviso de advertencia" para que "no se siga actuando impunemente".
Y cuestionó: "¿para sanear las pensiones universitarias es necesario violar la propia Constitución y, además, quitarle o privar de la seguridad social a los académicos y administrativos?"
Insistió en que este modelo, además de que arrebata a los trabajadores sus derechos, adopta medidas como elevar la edad para tener acceso a la pensión, así como los años de servicio. En ese sentido, destacó que la seguridad social no es susceptible de negociación porque es un derecho.