Editorial

La guerra sucia de Santiago Creel

A principios del mes pasado, en vísperas del desafuero del jefe de Gobierno capitalino, Andrés Manuel López Obrador, un membrete denominado México en Paz AC lanzó una intensa (y cara) campaña propagandística televisiva inequívocamente dirigida contra el político tabasqueño y claramente orientada a dar respaldo publicitario a su linchamiento legislativo y judicial. Vale la pena recordar el contenido de aquellos panfletos electrónicos anónimos: "Ella no tiene fuero. Ni ellos. Y tú tampoco tienes fuero. En una palabra, todos estamos desaforados. Y no tenemos miedo a la ley porque sabemos que somos inocentes. Sólo un gobernante culpable le tiene miedo al desafuero. Un gobernante inocente no teme perder el fuero, porque sabe que tiene toda la protección de la ley. La ley nos protege a todos. México en Paz, AC."

La entidad firmante resultó ser un fantasma con presupuesto muy generoso, pero sin presencia en el Registro Público de la Propiedad, en el Indesol ni en la Secretaría de Relaciones Exteriores, como manda la ley a las asociaciones y sociedades. En su momento, el propio López Obrador señaló que el mensaje "viene de la Secretaría de Gobernación, propiciado por (Santiago) Creel". Por su parte, 13 integrantes del Consejo Técnico de Fomento a las Organizaciones de la Sociedad Civil, encabezados por Miguel Concha, presidente del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, suspendieron sus contactos con Gobernación en protesta por el uso de un supuesto organismo no gubernamental en campañas que, dijeron, "avivan el odio político y abiertamente agreden a personajes públicos", así como por el "uso faccioso de la ley" por el Ejecutivo federal contra López Obrador.

La revelación de que tales espots fueron producidos por la empresa de Pedro Torres ­ligada en muchas maneras a Televisa­ y pagados por la dependencia que encabeza Santiago Creel Miranda deja en situación insostenible a ese funcionario y a su equipo, y obliga a un esclarecimiento inmediato y a fondo de los recursos públicos que fueron desviados para golpear, desde una vergonzosa e inadmisible clandestinidad gubernamental, a un adversario político.

Hace no mucho tiempo, en diversos países de América Latina, incluido el nuestro, los grupos gobernantes, civiles o militares, recurrieron a la guerra sucia para eliminar a los opositores políticos. El rasgo característico y común de ese operativo fue la conformación de grupos paramilitares clandestinos que, con el apoyo y la dirección gubernamentales, secuestraban, torturaban y asesinaban a los adversarios de los regímenes correspondientes. Se pretendía, de esa forma, evitar el costo político de involucrar directamente a las fuerzas armadas o a las corporaciones policiales en una represión criminal e injustificable.

De acuerdo con la información disponible, Creel ha actuado en forma similar ­si bien incruenta­ al inventar una asociación civil encargada de emitir mensajes gubernamentales disfrazados de posturas ciudadanas. El hecho confirma también la nula ética informativa de empresas televisivas que se prestan a difundir mensajes anónimos de agresión contra una figura pública, a sabiendas, cabe suponer, de cuál era el verdadero origen de los libelos electrónicos. El uno y las otras exhibieron, de esa forma, su completo desprecio hacia la sociedad y la opinión pública, y pusieron de manifiesto el alcance de la conspiración, tejida desde el poder político y económico, para intentar el derrocamiento, por la vía judicial, de un representante popular elegido democráticamente.

Poco importa ahora que ese empeño haya fracasado, que el presidente Vicente Fox haya dado marcha atrás en el hostigamiento oficial contra López Obrador y que las relaciones entre el Ejecutivo federal y el mandatario capitalino hayan entrado en una fase de distensión, así sea precaria, incierta, y a veces contradicha por las andanadas verbales procedentes de Los Pinos. Si algún rastro de decoro quedara en el grupo gobernante, sería de obvia resolución la inmediata revisión, por entidades imparciales, de la contabilidad de la productora Filmmates Grupo PTA, así como los pagos efectuados en marzo y abril por Gobernación. Independientemente de las responsabilidades administrativas y penales que pudieran derivarse de una averiguación semejante, el episodio ofrece al electorado una muestra del estilo con que Santiago Creel Miranda ejerce el poder, y le permite hacerse una idea clara y precisa de lo que podría esperarse de él si llegara a ocupar la Presidencia de la República.