Editorial

SCJN y presupuesto: callejón sin salida

Tras muchas, demasiadas semanas de discusiones bizantinas, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) consiguió por fin decir algo acerca de la controversia constitucional interpuesta por la Presidencia de la República para vetar las modificaciones que la Cámara de Diputados efectuó a su proyecto de presupuesto para este año. Tras reconocer, el jueves pasado, la potestad del Ejecutivo para abstenerse de promulgar el presupuesto resultante y devolverlo, con observaciones, a San Lázaro, el máximo tribunal del país dictaminó ayer que los diputados deberán considerar las objeciones presidenciales.

Para decirlo claro y rápido, el Poder Judicial eludió, con su enmarañada conclusión, su tarea central en este caso, que era definir con precisión las facultades de los otros poderes en materia presupuestal, y determinar hasta qué punto la facultad exclusiva de la Cámara de Diputados de "examinar, discutir y aprobar anualmente el Presupuesto de Egresos de la Federación" (artículo 74 constitucional) puede ser acotada por la atribución presidencial de devolver a las instituciones legislativas proyectos de ley con los cuales esté, total o parcialmente, en desacuerdo (artículo 72). De esa forma, se abre la perspectiva de una interminable sucesión de querellas constitucionales entre el Legislativo y el Ejecutivo, no sólo en los presupuestos de años futuros, sino en el de 2005.

En efecto, habida cuenta que las fracciones parlamentarias del PRI y del PRD ya anunciaron que desecharán las objeciones formuladas por el presidente Vicente Fox al proyecto de presupuesto y que volverán a aprobarlo en los mismos términos, es previsible que el mandatario recurra, una vez más, a la SCJN para negarse a aplicarlo.

Si bien el conflicto se centra, por ahora, en una ambigüedad constitucional que en lo inmediato debe ser esclarecida por el Judicial y enmendada lo antes posible por los otros dos poderes, el origen del problema se encuentra en la deplorable y proverbial incapacidad política del foxismo, el cual envió a San Lázaro un proyecto de presupuesto sin haberlo consensuado y negociado antes con el conjunto de las fuerzas políticas allí representadas. De paso, el presidente Fox traicionó el propósito inaugural de su sexenio formulado, en su toma de posesión, con la frase "el Ejecutivo propone y el Legislativo dispone".

Pero debe señalarse, también, que el asunto se agravó por el descuido y el espíritu de botín con que la iniciativa fue tratada en la Cámara de Diputados, y terminó de complicarse cuando la Presidencia magnificó, en forma por demás injustificada, las modificaciones a su proyecto introducidas por los legisladores, las cuales, al contrario de lo que alega el gobierno federal, sólo afectan una parte pequeña y poco relevante de las partidas. Posteriormente, la SCJN terminó de enredar el conflicto al perderse en laberintos legales y discusiones abigarradas, con lo cual reveló su incapacidad para ejercer un arbitraje claro y convincente en su calidad de tribunal constitucional.

En su situación actual, el conflicto de poderes no sólo deja al descubierto una institucionalidad deficiente y llena de lagunas, sino también a una clase política y a un cuerpo judicial que se encuentran muy por debajo de las exigencias del momento presente.

Lo menos que puede pedirse a funcionarios, representantes populares y magistrados ­quienes se hacen pagar, con cargo a la sociedad, salarios desmesurados e insultantes­, es que hagan su trabajo con un mínimo grado de eficiencia, es decir, que los integrantes del Ejecutivo y los diputados establezcan acuerdos y consensos, y que los jueces resuelvan las confrontaciones en lugar de eludirlas, postergarlas y simular soluciones.