La "broma" de los sobornos
Es una frase hecha decir que las elecciones del estado de México son una especie de "laboratorio" en el que se prueban las presidenciales. La densidad poblacional de la entidad, su peso económico, la competencia descarnada entre candidatos y, sobre todo, su cercanía con las elecciones de 2006 le dan ese carácter de "ensayo general", donde se juega una parte significativa del futuro. Todos están allí, apoyando a los suyos con particular energía. Lo mismo se ve a Marta Sahagún que a López Obrador.
Pero esta vez las cosas se han complicado a un grado que ya parecía imposible repetir: el derroche de recursos a favor del candidato oficial, cuyo nombre e imagen aparece en todos los medios y a todas horas, consolida una práctica que teóricamente debía estar en retirada tras los escándalos de los Amigos de Fox y el llamado Pemexgate. Pero no es así. El gobernador Montiel ha puesto toda la carne en el asador para que triunfe su delfín, pues sabe que su propio futuro en 2006 depende, en buena medida, del resultado que éste obtenga en las urnas.
Y, luego, para acabarla de rematar, se produce la llamada "broma de los sobornos" (en realidad un clásico acto de corrupción) que pone en entredicho la aptitud del Instituto Electoral del Estado de México para dirigir el proceso electoral. El Congreso local y la autoridad judicial correspondiente resolverán sobre las puntuales imputaciones hechas a los funcionarios, pero la crisis es hasta cierto punto irreversible. El consejero presidente y sus colegas pusieron en la picota el verdadero capital de las instituciones de la democracia: su credibilidad, y hasta la fecha siguen sin presentar sus obligadas renuncias. El jugueteo cínico con un asunto que de suyo debe quedar al margen del improbable sentido del humor de los consejeros ha terminado por minar la confianza, es decir, el único atributo que un juez no se puede dar el lujo de arrojar por la borda. No se puede "bromear" con la idea del soborno cuando, además, se discute la honorabilidad de licitaciones que sospechosamente ganan quienes ofrecen precios más altos, cosa que ya algún proveedor denunció antes de que saliera a la luz este problema. Toca ahora a los partidos como a los legisladores del estado de México despejar las dudas y reconstruir la imparcialidad de la autoridad electoral.
Si en México se produjo un cambio es el que se dio en el funcionamiento de los órganos electorales. La posibilidad de ofrecer plenas garantías a los ciudadanos de que su voto sería respetado en cualquier elección fue el objetivo de años de acciones y reforma. Separar las autoridades electorales de la influencia de los gobiernos, fortalecer su autonomía y asegurarles un funcionamiento sujeto a normas estrictas y transparentes constituye, sin duda, un avance de importancia histórica para institucionalizar el juego democrático. Gracias a los extraordinarios avances logrados a nivel federal con la creación del IFE, éstos se reflejaron de inmediato en las instancias estatales. La ciudadanización se hizo norma, la autonomía se desplegó, aunque en algunos casos se formaron islotes donde los gobernadores siguieron metiendo la mano en la elección de los consejeros y, por ende, en las decisiones ulteriores de los órganos electorales.
Por lo pronto se ha pedido la renuncia del presidente y los consejeros implicados en la supuesta "broma", pero es necesario algo más que eso: se requiere hacer un esfuerzo mayor para nombrar un nuevo consejo con el consenso de todos los grupos parlamentarios para recrear la confianza perdida. Y hacerlo ya, pues el tiempo se agota. Los efectos nocivos de este episodio trascienden la picaresca local, el cinismo de unos cuantos funcionarios cuyos reflejos morales pasan inadvertidos. La corrupción debe castigarse, en éste como en otros casos, aplicando la ley. Además, es imperativo que el gobierno federal como el local dejen de canalizar recursos no contables a las campañas, es decir, que no conviertan el "laboratorio" electoral en un basurero maloliente que contamine las elecciones de 2006.