Prosigue su lucha histórica por recuperar sus derechos

El DF, escenario de confrontaciones políticas

JORGE LEGORRETA

A lo largo de su historia, la ciudad de México y el Distrito Federal (DF) han sido escenario de múltiples confrontaciones políticas. La lucha de los gobiernos nacionales contra los poderes locales ha transitado siglos, desde los primeros municipios instalados en el siglo XVI hasta su desaparición en la segunda década del siglo XX, pasando por los intensos debates legislativos de 1857, 1917 y de finales del siglo XX. Abordemos aquí esa parte de la memoria de la ciudad con el simple propósito de contribuir a entender, desde la óptica de la conformación de su territorio, la confrontación política y social por la que ha atravesado la capital.

De los siglos prehispánicos y los coloniales

Durante los no muy apacibles tiempos prehispánicos, en la cuenca lacustre de México los territorios de los señoríos estaban más que delimitados, y ¡hay! de aquel gobernante local que desobedeciera las órdenes del tlatoani o emperador mexica. La primera vez que en esta muy noble ciudad de México tuvo lugar una confrontación entre el poder imperial (hoy federal) con un gobernante local, se dio durante el reinado de Ahuizótl, quien decidió edificar un acueducto para abastecer a la ciudad desde Coyoacán y Churubusco. Esa decisión fue cuestionada por Tzotzoma, señor o lo que podríamos denominar alcalde de Coyoacán, quien por oponerse simplemente fue asesinado.

Con la conquista, las primeras delimitaciones prehispánicas se sustituyen por los municipios, esto es, territorios de los gobiernos locales llamados ayuntamientos, cuyos titulares eran los alcaldes; el primer municipio y, por tanto, el primer ayuntamiento de la cuenca lacustre de México, fue creado en 1521 en Coyoacán, y el primero de la ciudad de México, antigua Tenochtitlán, se instaló en 1531 en el edificio del antiguo ayuntamiento, sede actual de la jefatura de Gobierno del DF. Para finales del siglo XVI, existían además de estos dos mencionados, otros municipios-ayuntamientos en Tacuba, Xochimilco, Zumpango, Ecatepec, Otumba, Teotihuacán, Texcoco y Mexicalzingo o Ixtapalapa.

Durante el virreinato, las alcaldías o ayuntamientos fueron invariablemente sometidos a la rígida estructura piramidal encabezada por el rey, el Consejo de Indias, el virrey y la audiencia. Todos los funcionarios (alcaldes mayores y ordinarios, oidores, corregidores, regidores, contadores y tesoreros) eran designados y algunos electos en las sesiones del cabildo a propuesta superior. Sus funciones estaban circunscritas estrictamente al ámbito administrativo y de servicios, y las ordenanzas para su regulación estaban sujetas a la aprobación del virrey. Los integrantes del ayuntamiento pertenecían por lo general a las elites españolas; algunos cargos eran indeterminados y los más importantes se obtenían por elevados pagos. Pues bien, una segunda confrontación entre el poder central y el local se registró durante el virreinato de don Luis de Velasco (padre), quien solicitó, entre 1555 y 1556, la contribución económica del ayuntamiento para concluir un segundo albarradón denominado de San Lázaro; la negación de tal colaboración por los miembros del cabildo, aduciendo carencia de recursos, irritó al virrey, quien ni tardo ni perezoso quiso destituir, o lo que equivaldría a desaforar en el acto a un buen número de alcaldes y concejales.

Tiempos libertarios

A principios del siglo XIX se introdujeron los primeros cambios democráticos en los ayuntamientos con la elección indirecta de alcaldes ordinarios y síndicos, aunque todavía eran ratificados por el virrey. No fue sino a partir de la promulgación de la Constitución española de Cádiz, en 1812, cuando se contó con las primeras legislaciones para elegir directamente a sus integrantes; con ese simple hecho de elegir directamente al alcalde y su concejo de gobierno, el ayuntamiento de la ciudad de México, el más grande de todos, se convirtió en activa fuerza opositora al poder central, representada por los primeros presidentes del país. Se comenzó aquí el doble poder en una misma sede, precisamente cuando en 1824 se creó un territorio circular como sede de los poderes federales, llamado Distrito Federal.

A partir de entonces y hasta 1997, el Presidente de la República nombró directamente a un gobernador (después jefe del Departamento Central y/o regente), quien compartió dicho territorio por más de cien años, hasta 1928, con los distintos ayuntamientos de los pueblos que quedaron dentro del territorio circular del DF, incluyendo, por supuesto, la ciudad de México. Con tal medida fueron suprimidos en todo el Distrito Federal -en ese tiempo un territorio más grande que la ciudad de México- el derecho de elección directa de esa autoridad federal llamada gobernador. Así, la estructura de origen federal compartió el territorio con la estructura municipal; por eso el Distrito Federal, salvo algunas excepciones históricas, cuando han salido los poderes federales de la ciudad de México, no ha sido un estado más de la Federación.

Para convertir al Distrito Federal en un estado más de la República habrá que resolver qué hacer con los poderes federales: ¿Se reduce su territorio o se mandan a otra parte? Este problema está presente en el debate público y legislativo desde el nacimiento mismo del territorio del DF.

Después de la Revolución, la presencia y el fortalecimiento de nuevos partidos abrieron otros horizontes democráticos en el Distrito Federal. El municipio más importante, el de la ciudad de México, y el titular de su ayuntamiento, electo en forma directa, amplió su poder más allá de cualquier otro gobernador y se convirtió en fuerte aspirante político a la Presidencia de la República; en esas circunstancias, el territorio del DF fue el centro de las disputas por el poder y los conflictos electorales no se hicieron esperar.

De 1922 a 1926, en tiempos de la presidencia de Alvaro Obregón, los partidos políticos más importantes escenificaron diversos conflictos electorales, entre el que destaca uno sobre el agua, cuya crónica resulta imprescindible valorar hoy en el contexto de la actual confrontación política.

En un bando se encontraba el Partido Laborista Mexicano (PLM) al que pertenecían el gobernador del DF y líder obrero, Celestino Gasca, y Luis N. Morones, legendario líder de la Confederación Revolucionaria de Obreros de México (CROM), y por supuesto, apoyados por Obregón y su secretario de Gobernación, Plutarco Elías Calles.

En el otro bando, opositor, estaba el Partido Liberal Constitucionalista (PLC), al que pertenecía Miguel Alonso Romero, presidente municipal de la ciudad de México, electo en forma directa, y obviamente fuerte candidato presidencial.

A finales de 1922 y a unos días de las elecciones municipales, se produjo en el Zócalo un violento enfrentamiento entre la policía municipal y una manifestación que protestaba por la falta de agua. El resultado: 10 muertos, 30 heridos, la toma del edificio del ayuntamiento y el incendio de una parte del archivo histórico. Este conflicto determinó, años después, la desaparición del régimen municipal.

El origen del conflicto fue la inundación entre el 18 y 19 de noviembre de las bombas de la planta de Condesa, adonde concluía el acueducto proveniente de Xochimilco, lo que provocó que la ciudad quedara sin el recurso y obligó a racionalizar la dotación a sólo dos horas al día. Las reparaciones y, por tanto, el desabasto, se extendió 12 días, lo que generó pánico e irritación entre la población.

Las autoridades municipales fueron responsabilizadas del desperfecto técnico, atribuido al descuido de un empleado. Sin embargo, circularon versiones de un atentado provocado por simpatizantes del PLM. Sea lo que fuere, en la trágica manifestación convocada en las oficinas de la CROM participaron activamente sus agremiados. Si ello fue cierto, la estrategia política para desprestigiar a las autoridades municipales de un partido contrario y lograr su destitución o su salida del gobierno dio excelentes resultados.

A partir de estos hechos, el PLC declinaría su poder y perdería el municipio de México. El conflicto provocó la exigencia generalizada de la población por la destitución de las autoridades municipales, aduciendo su incapacidad e ineficiencia mostrada para prestar un servicio público. Pero la campaña de prensa se desplazaba en otro camino, como lo consignaban los principales diarios de circulación nacional: "La administración municipal de la ciudad de México debe encomendarse a la Federación".

La crisis del agua no fue el único conflicto registrado en ese entonces. Días antes, el domingo 26 de noviembre de l922, se enfrentaron durante un mitin electoral en Xochimilco otro partido, el Cooperatista Nacional (PCN) contra el mismo PLC, con saldo de tres muertos y la renuncia en masa de todos los integrantes de dicho ayuntamiento.

En 1925, cuando era presidente Plutarco Elías Calles, funcionarios del efímero municipio General Anaya, creado en 1924, fueron encarcelados. La respuesta del gobierno federal a todos estos conflictos, que de una u otra manera generaban la ingobernabilidad en la ciudad, fue la creación de concejos municipales nombrados directamente por el gobernador y el Presidente de la República, como estaba previsto en el artículo transitorio de la Ley Orgánica de 1917. Así, en julio de 1928, Alvaro Obregón, como candidato por segunda vez a la Presidencia, aduciendo la necesaria visión ordenadora municipal de conjunto y, seguramente por haber padecido directamente las confrontaciones violentas entre municipios de distintos partidos políticos, presentó la iniciativa de suprimir el régimen municipal. Esta vez, a diferencia de la iniciativa de Carranza, se aceptó por el Congreso el 28 de agosto de 1928 y entonces se "federaliza la estructura municipal". El Presidente de la República convirtió al gobernador en una especie de gran alcalde y lo sigue designando con el nombre de jefe del Departamento del DF y, posteriormente, como regente; los cargos de presidentes municipales de las más grandes cabeceras fueron convertidos en delegados nombrados directamente por el Presidente a propuesta del jefe del Departamento Central.

Resultados históricos

La experiencia histórica muestra que cuando los poderes locales de la ciudad de México adquieren cierta autonomía respecto del nacional, se presentan confrontaciones entre ambos, cuyo resultado es la instauración de mecanismos de control centralizadores. Se hace urgente, por tanto, revisar la actual reforma política del DF que dio pie a una estructura "híbrida" de gobierno en el Distrito Federal, donde se pasó a elegir en forma directa a un "gobernador de un Distrito Federal" y posteriormente a sus "delegados", convirtiéndolos en cargos con funciones de gobierno municipal, pero sin contar con plena autonomía política, jurídica y administrativa del poder federal.

Problema complejo

La complejidad del problema radica en que, a partir de 1997, el Departamento del Distrito Federal se desprende orgánicamente del gobierno federal y se convierte en un gobierno local con una estructura semiautónoma que ejerce su poder y su mandato sobre un territorio que, política, jurídica y administrativamente, sigue siendo sede de los supremos poderes federales; es decir, un territorio cohabitado por el Gobierno del DF y por el Poder Ejecutivo federal donde hay que compartir necesariamente los asuntos en materia de presupuestos, impuestos, salud, agua, vivienda, educación, cultura y seguridad pública. Sin embargo, desde finales de los años 90, las inversiones federales presentan una reducción de montos en dichas responsabilidades del Ejecutivo federal en el territorio del Distrito Federal. Esto podría ser parte de una estrategia política del gobierno federal encaminada a responsabilizar exclusivamente al gobierno local de una casa compartida. Independientemente del final que tenga la actual confrontación, todos estos, y otros aspectos más, deberán ser parte de un gran debate nacional sobre la inacabada reforma política del Distrito Federal.

Dónde ubicar la sede, el problema central

El problema central de tal reforma -que data desde los debates constitucionales de 1857 y 1917- es dónde ubicar la sede de los poderes federales. Una propuesta sería reducir su tamaño al denominado perímetro "A" del Centro Histórico, incluyendo la sede de las Cámaras de Diputados, la de Senadores y la residencia oficial de Los Pinos. De esta manera el resto del territorio del actual Distrito Federal pasaría a ser un estado más de la federación y dejaría de ser un territorio de confrontaciones políticas.

Por último, un dato más. La historia muestra que muy pocos gobernantes del Distrito Federal salvo excepciones, llegaron a ser presidentes de la República, todos por breves periodos y en situaciones de inestabilidad política o de guerra. De los 126 gobernadores o regentes designados del Distrito Federal que existieron de 1824 a 1997, sólo cinco lo lograron. Se trata de José Joaquín de Herrera, Mariano Paredes y Arrillaga, Martín Carrera, Pedro María Anaya, quien en 1857 fungió 50 días como presidente interino por la ausencia temporal de Santa Ana, quien combatía a los invasores estadunidenses, y el caso de Alvaro Obregón, quien tuvo el cargo de gobernador del DF por un día. Por lo que respecta a los cargos de elección directa, la situación es más radical, pues de los 93 presidentes municipales que tuvo la ciudad de México, de 1824 a 1928, ninguno logró llegar a la Presidencia de la República.

Por último, cabría destacar que de todos los que durante el siglo XX y lo que va del XXI han sido gobernadores o jefes de Gobierno del Distrito Federal, ninguno ha llegado a ser Presidente de la República, aunque todos lo quisieron.

Al parecer, la ciudad de México sigue bajo los designios que el dios Tezcatlipoca, azote de los gobernantes, sigue imponiendo a muchos -y seguramente a muchas-: límite a sus sueños, aspiraciones y esperanzas políticas. A ver si ahora, a la luz de los largos y sinuosos caminos emprendidos para consolidar la joven democracia del país, la historia por fin, cambia.

1) José Joaquín de Herrera. Gobernador tres veces, del 6 noviembre al 10 de diciembre de 1828; del 8 de enero al 20 de noviembre de 1833, y del 26 de agosto al 18 de septiembre de 1847, y Presidente de la República en tres ocasiones, del 12 al 20 de septiembre de 1844, del 15 de diciembre de 1844 al 14 de junio de 1845 y del 15 de junio al 30 de diciembre de 1849. 2) Martín Carrera. Gobernador del 15 de noviembre al 19 de diciembre de 1854, y Presidente de la República del 4 de agosto al 12 de septiembre de 1855. 3) Mariano Paredes y Arrillaga. Gobernador del 6 al 18 de marzo de 1846, y Presidente de la República del 12 de junio al 29 de julio de 1846. 4) Pedro María Anaya. Gobernador una primera vez del 14 de noviembre al 9 de diciembre de 1846; luego Presidente de la República interino, del primero de abril al 20 de mayo de 1847; otra vez gobernador del 10 de julio de 1849 al 2 de enero de 1850, y finalmente presidente municipal electo en 1851. 5) Alvaro Obregón. Gobernador del 15 al 16 de agosto de 1914, y Presidente de la República del primero de diciembre de 1920 al primero de diciembre de 1924. Existe el caso especial de Nicolás Bravo, quien tomó primero posesión como presidente de la República el 10 julio de 1839 y luego fue gobernador por un día, del 19 al 20 de marzo de 1843.