Legisladores y jueces también le juegan chueco al respeto a esas garantías, advierte

Acusa AI al gobierno de Fox de traicionar los derechos humanos

Persisten tortura, detenciones arbitrarias y asesinatos de activistas, comunicadores y mujeres

VICTOR BALLINAS

Amnistía Internacional (AI) acusó al gobierno del presidente Vicente Fox y a los poderes Legislativo y Judicial de ''traicionar los derechos humanos'' y ''jugar chueco'' en la defensa a la que se comprometió el Estado mexicano en el seno de Naciones Unidas, y subrayó que mientras sigan cometiéndose violaciones graves como tortura, detenciones arbitrarias, crímenes contra mujeres, acosos y asesinatos de activistas y comunicadores, ''las víctimas son traicionadas por este gobierno que asumió el compromiso de protegerlas''.

Al presentar la situación de los derechos humanos en el país, AI hizo una fuerte crítica al Poder Judicial, ya que ''los malos tratos, las detenciones ilegales y los abusos fueron habituales, además de que los jueces siguieron aceptando confesiones obtenidas bajo tortura para incriminar a los acusados, y ningún juzgador ha sido investigado o sancionado por estas prácticas, mismas que hemos documentado, y son reticentes a aplicar y dar valor a los tratados internacionales''.

Los poderes, al banquillo

Los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial ''le están jugando chueco al respeto de los derechos humanos'', precisó Amnistía Internacional durante la presentación de su informe 2005 denominado El estado de los derechos humanos en el mundo, y sobre todo al abordar la situación en México.

En ese contexto, el organismo criticó a senadores y diputados por aprobar leyes que atentan contra la vigencia de los derechos humanos, como la reciente ley de armas, porque ''con ella se legaliza en el país la tenencia de armas de destrucción masiva y herramientas que se usan para la violación de derechos, además de que (los legisladores) postergan los rubros clave de la agenda sobre el tema''.

AI también fustigó a los partidos políticos, porque ''usan los derechos humanos como parte de sus ambiciones electorales o de negociación, con lo cual traicionan el valor de estas garantías''.

Carlos Mario Gómez, director ejecutivo de Amnistía Internacional, sección México, subrayó que ''en la práctica, la justicia militar promueve la impunidad a través de la atracción y el cierre de casos que constituyen graves violaciones''.

Hizo mención especial a los gobernadores de Jalisco, Francisco Ramírez Acuña, y de Guerrero, Zeferino Torreblanca. En el primer caso, por las agresiones y torturas a jóvenes altermundistas, en Guadalajara, actos que no fueron sancionados, y por el rechazo del mandatario estatal de extracción panista a las recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos por esos hechos. Por lo que hace al perredista guerrerense, el organismo le pide revisar el caso de Felipe Arriaga e investigar los recientes asesinatos y encarcelamiento de ecologistas de la sierra de Petatlán.

Asimismo, alude al gobernador de Chihuahua, José Reyes Baeza, del PRI, por los asesinatos de mujeres en Ciudad Juárez, perpetrados desde hace 12 años y que a pesar de ello siguen impunes.

AI sostiene que México, como muchos países de América Latina, utiliza al Ejército en la lucha ''contra el terror, el narco y la agitación social; se denunció la existencia de grupos paramilitares y, en el caso de graves violaciones a derechos humanos cometidas por militares, el Ejército continuó reivindicando su jurisdicción para perpetuar la impunidad''.

Otros factores presentes en el país, sostiene Amnistía, fueron las ''muy altas cifras sobre delincuencia'' e incluso cita los recientes casos de linchamientos.

Amnistía Internacional reconoce en su informe que el presidente Vicente Fox ha adoptado medidas de gran importancia en los ámbitos nacional e internacional, mismos que ''se acogen con satisfacción'', pero en tanto continúen cometiéndose graves violaciones a los derechos humanos, que persistieron en casi todo el país -detenciones arbitrarias, tortura, abusos del sistema judicial, acoso y muerte de defensores y periodistas, asesinatos de mujeres-, ''las víctimas son traicionadas por este gobierno que asumió el compromiso de defenderlas''.

Respecto de los crímenes en Ciudad Juárez, el organismo sostiene que ''en la práctica las mujeres de Chihuahua siguen siendo traicionadas por el gobierno mexicano que ha hecho poco y ya es demasiado tarde para detener los crímenes en esa entidad''.

El año pasado se cometieron ''por lo menos 18 asesinatos de mujeres en esa ciudad fronteriza, y cuatro de ellos incluyeron violencia sexual. La Procuraduría General de la República continuó desmintiendo la situación de violencia contra la mujer en ese estado y no intervino en lo absoluto en los casos ocurridos en la ciudad de Chihuahua'', se anota en el informe 2005.

Amnistía Internacional subraya que en ese estado no se hicieron las reformas al sistema de justicia penal que debieron haberse puesto en práctica desde hace mucho tiempo para abordar graves deficiencias en las prácticas judiciales y de investigación.

Finalmente, señala que los pueblos indígenas de México siguen sufriendo marginación y las autoridades continúan favoreciendo los intereses de caciques locales.

La organización internacional convocó a ''todos los poderes del Estado mexicano a ofrecer mayor transparencia en sus actos en materia de protección de los derechos humanos''.