Reprochan la impunidad de los caciques madereros

Denuncian Greenpeace y AI acoso a ecologistas

Familiares de los activistas emboscados exigen justicia

ROSA ROJAS

En México se ha desmantelado la política ambiental y no hay condiciones para la defensa de los derechos humanos, afirmaron representantes de Amnistía Internacional, Greenpeace (ambas sección México) y la Red Todos los Derechos para Todos, que agrupa a 54 organizaciones no gubernamentales.

Pusieron de ejemplo el hostigamiento, la persecución y el asesinato de los que son víctimas los integrantes de la Organización Ecologista de la Sierra de Petatlán y Coyuca de Catalán (OESP), Guerrero, y la impunidad de que gozan los caciques madereros.

En rueda de prensa en la que dieron testimonio Reyna Mojica, esposa del campesino ecologista Albertano Peñaloza -herido el jueves 19 durante una emboscada en la que asesinaron a dos de sus hijos y lesionaron a otros dos-, y Celsa Valdovinos, esposa del también activista Felipe Arreaga, preso en Zihuatanejo desde noviembre pasado, la primera exigió "justicia, pero legal, no queremos que detengan a inocentes", y demandó protección para ella y su familia.

"Estamos temerosos por nuestra vida", enfatizó a su vez Bartolo Peñaloza, hermano de Albertano. Sentada a su lado, enlutada, estuvo todo el tiempo silenciosa, cabizbaja, la joven viuda de Armando, el muchacho de 20 años victimado en la emboscada. El otro asesinado fue Abatuel, niño de nueve años.

Mario Patrón, del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, de Guerrero, abogado defensor de Arreaga, señaló que la declaración del gobernador de esa entidad, Zeferino Torreblanca, de que en la sierra de Petatlán no defenderá a caciques madereros pero tampoco a "ecologistas a ultranza", les ha causado desconcierto, pues pretende "reducir" y "simplificar" un problema muy complejo.

Agregó que el mandatario también comentó respecto a la emboscada que se trata de "rencillas familiares", por lo que el abogado planteó que no se oponen a que la Procuraduría General de Justicia estatal indague también esa línea, pero es necesario que investigue lo relacionado con los caciques madereros, cuyos intereses han sido afectados por la defensa del bosque hecha por los ecologistas.

Celsa Valdovinos, también presidenta de la Organización de Mujeres Ecologistas de la Sierra de Petatlán (OMESP), negó a su vez que los campesinos ambientalistas lo sean a ultranza.

"Nunca hemos dicho que no se saque la madera -señaló-, pero estamos en contra de que se la lleven toda y no haya ningún beneficio para los campesinos; para la misma explotación compran maquinarias, pero eso no beneficia a las comunidades, y también se acaban el agua."

Pidió que los campesinos que viven de sacar la madera "no vean como enemigos a los ecologistas, sólo queremos que se dé un manejo sustentable del bosque y que ellos también sean beneficiados".

Reyna Mojica, con la voz quebrada a ratos por el llanto, relató que Albertano y cuatro de sus hijos salieron de Banco Nuevo a El Mameyal (municipio de Petatlán) el pasado día 19 a hacer compras, y entre las 9 y 10 de la noche, cuando iban llegando en la camioneta a su casa, "ya les tenían la emboscada".

Empezaron los balazos, contó. "Salí y corrí gritándoles que no tiraran, que en la camioneta estaban mis hijos. La balacera era muy fuerte, se veía la lumbre de las armas. Di la vuelta alrededor de la camioneta, ahí estaba mi hijo mayor muerto, despedazado; mi hijo el más chiquito, de nueve años, igualmente, con su cara destrozada. No vi a nadie, pero sí les gritaba que no fueran cobardes, que no hicieran eso. Mi esposo nunca cargaba armas ni les consintió a mis hijos ni una navaja."

Mojica descartó que la emboscada se haya debido a problemas personales. "Albertano no tenía problemas con nadie. Subía y bajaba confiado con mis niños. Esto pasó por la lucha en favor del medio ambiente y cuidar que no hubiera incendios. Ahora pido que se haga justicia, legal, que no paguen inocentes, y un apoyo para nosotros, que no sabemos ni de quién nos vamos a cuidar", comentó. Se le preguntó si seguirá con la lucha ecologista: "Sí, porque no es para una sola familia, sino para beneficio de todos".

Valdovinos, a su vez, recordó que Felipe Arreaga está preso desde noviembre por trabajar por el medio ambiente y afectar con eso intereses. "Estoy muy preocupada por la emboscada a Albertano, porque querían acabar con su familia. Que se haga justicia, porque por cuidar el medio ambiente nos están matando", advirtió.

Pidió al gobernador Torreblanca que intervenga y ordene que se excarcele a Arreaga. "En lo personal tengo mucho miedo de que me vaya a pasar algo a mí y a mi familia", reconoció.

Alejandro Calvillo, director de Greenpeace-México, aseveró que la lucha de los campesinos ecologistas de la sierra de Petatlán se da "contra uno de los procesos de deforestación más graves del mundo", pues, recordó, la organización logró obtener un reporte de la Comisión Nacional de Biodiversidad, en el cual se revela que entre 1992 y 2000 se perdieron 86 mil hectáreas de bosque de las 226 mil 203 que existían en la región. Eso significó que en ocho años se perdió 35.8 por ciento del bosque cerrado y 40.7 del abierto, con un incremento de suelo desnudo en el mismo periodo de 446.9 por ciento.

Ahora no se cuenta con cifras confiables porque, aseguró, el titular de la Secretaría del Medio Ambiente, Alberto Cárdenas, "ha maquillado las cifras".

Desde 1998 los campesinos ecologistas, como organización, acudieron a Profepa, a Semarnap, al Congreso del estado, al gobernador y al Ejército, "pero nadie los escuchó". Lo único que han recibido es represión. "¿Cuántos han ido a la cárcel? ¿Cuántos asesinados? ¿Dónde están los responsables del ecocidio en la sierra de Petatlán y Coyuca de Catalán? ¿Dónde están las autoridades? ¿Qué ha hecho José Luis Luege, procurador de justicia del país en materia ambiental? ¿Qué ha hecho Alberto Cárdenas, secretario del Medio Ambiente?", cuestionó.

Edgar Cortez, director ejecutivo de la Red, manifestó el total respaldo de esa ONG al trabajo en favor de los derechos humanos que durante más de una década ha realizado el Centro Tlachinollan, ante las críticas que le ha dirigido Torreblanca, quien ganó como candidato del PRD.

"Lo que se vive en Guerrero -subrayó- es una muestra de que la alternancia no significa de manera automática el respeto a los derechos humanos." Un compromiso pleno "tendría que garantizar cuando menos una justicia pronta y expedita, pero también que se llegue a la verdad, se castigue a los culpables y no a los inocentes".

Carlos Mario Gómez, director de Amnistía Internacional-México, informó que la organización emitió una acción urgente en la que expresa temor por la seguridad de Albertano y su familia.