Impone juez prisión y fianza de 400 mil euros a dirigente independentista vasco

Estalla coche bomba en Madrid; hay 52 heridos y cuantiosos daños materiales

Se niega el gobierno español a admitir denuncias de tortura en comisarías de policía: AI

ARMANDO G. TEJEDA CORRESPONSAL

Madrid, 25 de mayo. Un coche bomba cargado con 20 kilos de explosivos sacudió Madrid, con saldo de cuantiosos daños materiales y heridas leves a 52 personas.

Horas antes se informó que el dirigente de la izquierda abertzale (nacionalista) vasca y ex diputado de Batasuna, Arnaldo Otegi, pasará esta noche en la cárcel luego de que el juez de la Audiencia Nacional de España, Fernando Grande Marlaska, dictó orden de prisión y una fianza de 400 mil euros (alrededor de medio millón de dólares), aduciendo que Otegi no cumplió una citación judicial.

Madrid se vio sacudida esta mañana por la explosión de un coche-bomba que provocó lesiones a 52 personas y cuantiosos daños materiales. El estallido ocurrió a las 9:30 de la mañana, 45 minutos después que una llamada anónima en nombre de ETA alertó al diario vasco Gara de la inminente explosión.

Este es el primer atentado en Madrid desde que se abrió la posibilidad de iniciar un proceso de negociación entre ETA y el gobierno español, hipótesis que se fortaleció tras la aprobación en el Congreso español de una histórica moción aprobada por todos los grupos parlamentarios, excepto el derechista Partido Popular, en el cual se autorizaba al gobierno a dialogar con la organización armada si ésta anunciaba una tregua y deponía las armas.

La policía sospecha que la responsabilidad de este atentado corresponde a un "comando itinerante" de la organización, puesto que la acción se llevó a cabo en menos de 12 horas y ni siquiera cambiaron las placas del vehículo robado.

En una sesión parlamentaria, el presidente socialista, José Luis Rodríguez Zapatero, instó a ETA a asumir su "único destino: la desaparición", al tiempo que pidió "la máxima unidad de las fuerzas democráticas en la lucha contra ETA".

De otro lado, Otegi y el también ex parlamentario, Jon Salaberria estaban citados a declarar este miércoles ante la Audiencia Nacional, ambos acusados del delito de "integración en banda armada", por su supuesto involucramiento en la organización armada vasca ETA.

Salaberría y Otegi fueron procesados en febrero pasado por el juez Baltasar Garzón. Salaberría también debía ser interrogado sobre el "impuesto revolucionario" que ETA cobra a empresarios vascos.

Alrededor de las cinco de la tarde Otegi llegó acompañado de su abogada, Jone Goirizelaia, al tribunal en cuyas puertas fueron insultados e increpados por un grupo de manifestantes.

Ante la ausencia de Salaberria, el magistrado Grande Marlaska giró una orden de búsqueda internacional, luego de que las fuerzas de seguridad del Estado dijeron que se "había perdido la pista" del dirigente abertzale.

Otegi, en su comparecencia, rechazó tener relación con ETA y estar implicado en el financiamiento de la organización a través de las herriko tabernas (clubes sociales) en las que suelen reunirse simpatizantes del independentismo vasco.

Tras afirmar "sólo" es un vocero político, Otegi manifestó su "respeto" a las víctimas del terrorismo y sostuvo que no piensa huir porque quiere seguir con su actividad política.

Grande Marlaska dictó contra Otegi la prisión eludible bajo una fianza de 400 mil euros, lo que obligó al ex parlamentario a dormir en un centro penitenciario al menos hasta que sea capaz de cubrir el monto exigido por el magistrado. El juez dictó también una orden internacional de captura contra el también ex diputado de Batasuna, Josu Urrutikoetxea, alias Josu Ternera.

Por este mismo proceso también están en situación cautelar los ex diputados abertzales Joseba Alvarez, Joseba Permanch. La ilegalización, el año pasado, de la coalición Batasuna acusada por Madrid de ser brazo político de ETA, y el hecho de que perdieron su fuero al concluir el periodo para el que fueron elegidos legisladores, permitió perseguir judicialmente a estos líderes.

En otro orden, la sección española de Amnistía Internacional (AI) denunció en su informe anual que en el gobierno español se sigue negando a reconocer numerosas denuncias de torturas y malos tratos en las comisarías de policía, la mayoría de ellas contra presuntos miembros de ETA y migrantes extranjeros.

El presidente de la división española de AI, Esteban Beltrán, señaló que se han documentado al menos 320 casos de torturas entre 1995 y 2002, pero lo que más preocupa a la organización es que "en muy pocas ocasiones han sido perseguidas por los tribunales".

Estas torturas ocurrieron sobre todo durante el periodo de incomunicación al que se somete a detenidos por delitos terroristas, y que puede ser de hasta 13 días. Por ello, Beltrán insistió en la necesidad de eliminar esta práctica.