Jefes policiacos estatales critican falta de diagnósticos
Con Fox, fracaso en seguridad pública: gobierno mexiquense
Puerto Vallarta, Jal., 27 de mayo. Los encargados de seguridad pública del país evidenciaron la inexistencia de diagnósticos criminógenos, la carencia de "mapas geodelictivos" y la falta de agenda común de prioridades, y demandaron que la Policía Federal Preventiva (PFP) participe en el sistema de radiocomunicación digital que operan las corporaciones locales, durante la primera conferencia nacional de secretarios en la materia.
El subsecretario de Seguridad Pública del estado de México, Mayolo Medina Linares, consideró que "lo más grave es que el gobierno federal, a casi cinco años de la gestión de Vicente Fox, apenas presenta programas pilotos de lo que se puede hacer en el tema, lo que demuestra que la creación de una dependencia a escala federal ha sido un fracaso completo de la administración actual".
Por ello, al concluir este encuentro, los estados de Campeche, Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Quintana Roo, Tabasco, Veracruz y Yucatán acordaron elaborar un diagnóstico "en materia de seguridad pública en un término máximo de 30 días", que contenga "la identificación de los municipios prioritarios y propuestas de acción para hacer frente al fenómeno delictivo, con el propósito de hacer mapas geodelictivos".
Esas entidades solicitaron al titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) federal, Ramón Martín Huerta, que intervenga ante los encargados de la Defensa Nacional, Marina, Gobernación, Procuraduría General de la República, Instituto Nacional de Migración y PFP para que "participen en la construcción del diagnóstico, guardando la confidencialidad de las decisiones que se tomen en los grupos de coordinación".
Será hasta después del 10 de julio de este año cuando, ya habiendo identificado las zonas "y delitos comunes" del sur-sureste, se establezcan "procedimientos sistemáticos de operación".
En tanto, los estados que integran la llamada zona noreste, como Coahuila, Durango, Nuevo León, San Luis Potosí, Tamaulipas y Zacatecas, demandaron el establecimiento de mecanismos de seguimiento para garantizar el cumplimiento de los acuerdos, pues señalaron que de otra manera sus acciones se convertirán en meras "buenas intenciones".
En cuanto a Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Durango, Sinaloa y Sonora, se pidió la elaboración de los mapas geodelictivos para tener "un diagnóstico que permita la toma de decisiones de operación", y propusieron que la SSP federal promueva una reforma legislativa a la ley de armas de fuego, para que el armamento decomisado al crimen organizado pueda ser empleado por los policías.
Demandaron que la dependencia que dirige Martín Huerta se haga "cargo de la custodia y administración de aquellos centros estatales de readaptación social donde existan internos del fuero federal", debido a que son esos reclusos los que mayor número de problemas generan y luego, se dijo, "la bronca se queda para los gobiernos estatales si existe una fuga".
Otra demanda planteada por los secretarios fue la "reclasificación del catálogo de conceptos de delitos de alto y bajo impactos, con la finalidad de corregir los criterios de las estadísticas delictivas que los generalizan".
En tanto, los estados de la zona occidente, que integran Colima, Aguascalientes, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Nayarit y Querétaro, pidieron solicitar a la Secretaría de la Defensa la reinstalación de las Bases de Operación Mixta, que dejaron de operar en enero de 2004.
Las entidades del centro del país propusieron redimensionar el denominado operativo CAT Metropolitano, para que en el Distrito Federal, Hidalgo, estado de México, Morelos, Puebla y Tlaxcala se realicen operaciones conjuntas regionales enfocadas a combatir la comercialización y distribución de drogas, el secuestro y el robo de vehículos.
Las asignaturas pendientes
Al respecto, el titular de la SSP federal señaló que "la política criminal y la prevención del delito son dos asignaturas en las que México debe acelerar el paso", y llamó a "conjuntar esfuerzos con la sociedad civil para impulsar la prevención del delito como una cruzada nacional para que las acciones del Estado se vean apoyadas por una ciudadanía que denuncie y asuma la cultura de la legalidad".
Además, puntualizó que "en el futuro inmediato los desafíos son identificar los patrones delictivos en cada estado, en cada región, en cada municipio; elaborar diagnósticos por delito y mapas criminógenos; establecer una agenda común de prioridades y, finalmente, diseñar operativos específicos y claramente direccionados", por lo que llamó a "no más esfuerzos dispersos, no más gastos innecesarios", ya que, dijo, la efectividad es el concepto que debe acompañar cada una de las acciones que realicen los órganos de seguridad pública.