ONG pro garantías dice que hacen falta reformas legales y no más cárceles o policías
El traslado de El Chapito revela crisis general de penales
La Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todos señaló que ante la "evidente crisis" del sistema penitenciario en México, la solución no es crear más prisiones o nuevos cuerpos policiacos, sino impulsar reformas constitucionales que garanticen la seguridad ciudadana y el respeto a los derechos humanos.
Edgar Cortez, secretario ejecutivo de la Red, que agrupa a 54 organizaciones en el país, destacó que el traslado de Archibaldo Iván Guzmán Salazar, hijo del narcotraficante Joaquín El Chapo Guzmán, al penal de máxima seguridad de La Palma por temor a que fuera "rescatado" por un comando armado, "revela una crisis generalizada del sistema penitenciario mexicano".
Agregó que este tipo de hechos señala las fallas y vicios acumulados en la procuración de justicia y en una correcta aplicación de las penas de prisión, pues en las semanas recientes se constató que no son acciones "esporádicas" las que vulneran la seguridad de los penales.
La decisión asumida por autoridades penitenciarias del Distrito Federal y de la Procuraduría General de la República (PGR) para autorizar el traslado del detenido, indicó, "puede obedecer a razones de seguridad y control". Sin embargo, afirmó que las autoridades responsables deben garantizar el "acceso a un debido proceso del detenido y el respeto a sus derechos, como a cualquier presunto responsable de un delito, pues de lo contrario se incurría en una de las violaciones más persistentes, la incorrecta aplicación del sistema de justicia".
Señaló que los "frecuentes" asesinatos tanto de reos como de personal penitenciario, así como la corrupción que envuelve al sistema carcelario, "son muestra palpable de esta crisis", a lo que se suma la sobrepoblación de los centros de readaptación, lo que violenta el derecho de las personas privadas de su libertad a recibir un trato digno.
En entrevista, aseguró que es "preocupante" que la Secretaría de Seguridad Pública federal pretenda resolver la grave crisis del sistema penitenciario "construyendo más cárceles con capital privado, cuando los pasados 15 años hemos tenido más prisiones, más policías y penas más severas, sin que se haya detenido la ola de violencia y el incremento de la delincuencia".
Ciudad Juárez, indecisión
Por su parte, diversas organizaciones civiles de Ciudad Juárez, Chihuahua, calificaron de "inadmisible los enredos" de la PGR, tras mostrar una "clara indecisión para atraer los casos de mujeres asesinadas, lo que nos parece una burla", afirmó Esther Chávez, directora de Casa Amiga, organización en apoyo a víctimas de violencia.
En un documento entregado a representantes de todas las fuerzas políticas de la entidad, exigieron que ante el anuncio de la participación directa de PGR en las investigaciones sobre los feminicidios, "se investiguen todos los casos registrados en la frontera norte", pues en los hechos no existe "ninguna coordinación entre las instancias investigadoras generando pobres resultados en la práctica".
Solicitaron a la fiscalía estatal que transparente sus acciones, recursos y alcances para esclarecer estos hechos, así como la "urgente" restructuración de la Agencia Especializada en Delitos Sexuales y contra la Familia.