El mandatario prometió consultar al Legislativo
Ignora De los Santos al Congreso y revierte concesiones carreteras
San Luis Potosí, SLP, 27 de mayo. Sin la autorización del Congreso local, al que se comprometió consultar, el gobernador del estado, el panista Marcelo de los Santos Fraga, regresó la concesión de dos carreteras estatales de cuota a una empresa subsidiaria de la Compañía Contratista Nacional (Coconal), mismas que su antecesor, el priísta Fernando Silva Nieto, había adquirido en 782 millones de pesos.
El diputado del Partido de la Revolución Democrática (PRD) Eduardo Martínez Benavente denunció que, "por casualidad", cuando circulaba por la carretera San Luis-Rioverde se dio cuenta de que los comprobantes fiscales que se expiden al usar esa vía ya no eran emitidos por el gobierno del estado, sino por Concesionaria de Infraestructura de San Luis (Coinsan), subsidiaria de Coconal.
El secretario de Gobierno de la entidad, Alfonso Castillo Machuca, confirmó que desde el 25 de abril pasado la administración de De los Santos Fraga devolvió a Coinsan las concesiones de la carretera en cuestión y la que corre de San Luis a Villa de Arriaga.
Sin embargo, para obviar el permiso y evitar los cuestionamientos que seguramente presentaría el Congreso de San Luis Potosí, el Ejecutivo estatal utilizó la figura del acuerdo administrativo.
El 30 de septiembre pasado, en su primer Informe de gobierno, el gobernador anunció que revertiría la compra de ambas carreteras concesionadas por parte de Silva Nieto, que adquirió mediante un crédito otorgado por el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos por 782 millones de pesos.
De los Santos Fraga dijo entonces que pediría la autorización legislativa para regresar a Coinsan las carreteras, pero este día se supo que evadió al Congreso.
El argumento del gobierno del estado es que la medida ahorraría a las finanzas estatales obligaciones por hasta mil millones de pesos.
El diputado Martínez Benavente se quejó de que las obras ya habían sido devueltas a la empresa concesionaria sin haber mediado ningún trato con el Congreso de la entidad. "Ni siquiera nos avisaron", aseveró.
El perredista calificó la medida de ilegal, y si bien anunció que su bancada impulsará un punto de acuerdo que daría pie a la presentación de una controversia constitucional, admitió que las fracciones de PAN y PRI parecen estar interesadas en cubrir al gobernador.