Pedro Tress, ligado a la clase política de la entidad
Niegan amparo a empresario veracruzano acusado de violación
El tribunal colegiado del séptimo circuito con sede en Boca del Río, Veracruz, ratificó la negativa a otorgar la protección de la justicia federal al empresario cordobés Pedro Tress Hernández, acusado de corrupción de menores y violación en grado de tentativa de Sandy Elizabeth Rosete Castro, de 15 años de edad, quien falleció de un infarto un mes después de los hechos, ocurridos en enero de 2004.
Armando Vázquez Garibay, abogado de la familia, afirmó que la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) tiene la obligación de cumplir la orden de aprehensión contra Tress Hernández, prófugo desde agosto pasado.
El defensor también indicó que el acusado ha logrado evadir la acción penal haciendo uso de su "influencia económica y política", ya que Tress Hernández pertenece a una de las familias más acaudaladas de la zona centro de la entidad y tiene parentesco con políticos veracruzanos.
El primer tribunal colegiado en materia penal resolvió el pasado 19 de mayo la revisión del fallo emitido por el juzgado doceavo de distrito de la ciudad de Córdoba, que negó el amparo al empresario para inhibir la orden de aprehensión girada en su contra.
De acuerdo con el expediente 31/05, cuyo ponente fue el magistrado Heriberto Sánchez Vargas, la decisión del juzgado federal para no conceder la protección de la justicia federal al empresario ferretero fue ratificada.
Los hechos
María del Carmen Castro Bretón, madre de Sandy Elizabeth Rosete, reiteró que su "única" petición a la justicia es esclarecer la muerte de la menor y "castigar al responsable, aunque existan de por medio influencias y recursos económicos".
Agregó que tras la agresión, su hija suspendió su asistencia a la escuela y "dejo de salir de casa, a pesar de que siempre fue una alumna aplicada y cumplida. Inclusive, llegó a ganar concursos de Señorita Simpatía, porque con todos se llevaba bien y no era conflictiva".
Al relatar los hechos, señaló que una amiga de su hija la convenció de ir a Córdoba con engaños, donde "un hombre que fue identificado como Pedro Tress abusó de ella y luego pretendió pagarle".
Luego de conocer los acontecimientos, Castro Bretón presentó una denuncia penal ante la Agencia Especializada en Delitos contra la Libertad y la Seguridad Sexual y Contra la Familia, ubicada en la misma ciudad.
Encubrimiento de la PGJE
A pesar de que se abrió el expediente judicial 138/2004 en contra del agresor y el juzgado tercero de primera instancia giró una orden de aprehensión en agosto de 2004, el empresario logró darse a la fuga y desde entonces no ha sido localizado por las autoridades policiacas, reiteró por su parte el abogado Armando Vázquez Garibay.
Lo anterior forma parte de la serie de irregularidades que se presentaron en la integración del proceso, en el que la PGJE, por medio de la Agencia Especializada en Delitos contra la Libertad y la Seguridad Sexual y Contra la Familia, trató de beneficiar indebidamente al agresor, acusa el litigante.
Indicó que debido al estatus económico y a los nexos familiares que tiene con diversos políticos veracruzanos, entre ellos el ex gobernador y actual dirigente nacional del partido Convergencia, Dante Delgado Rannauro, "consideramos que la PGJE nunca tuvo la intención real de localizar y detener a Tress Hernández", cuyo paradero sería -según versiones extraoficiales- Estados Unidos, donde tiene varios negocios.
Resaltó que el fallo emitido por los magistrados del primer tribunal colegiado de Boca del Río no sólo concede la razón a los deudos de la víctima, sino que obliga a las autoridades judiciales de Veracruz a ejercer, sin dilación, la acción penal contra Tress Hernández.