Editorial

El no de los franceses

Como era previsible, de acuerdo con las encuestas difundidas, una sólida mayoría de ciudadanos franceses (casi 55 por ciento) rechazó ayer la entrada en vigor de Constitución Europea, sometida a referéndum en esa nación, que constituye un motor fundamental del proceso de integración que tiene lugar desde hace cinco décadas en el viejo continente. Con ello, tanto la presidencia de Jacques Chirac y el gobierno del primer ministro, Jean-Pierre Raffarin, como la Unión Europea (UE) entraron en una crisis de perspectivas inciertas.

Debe señalarse, por principio de cuentas, que el rechazo de los franceses no es expresión de conocidas actitudes "euroescépticas" que cunden, en diversos grados, en todos los países de la Unión, sino una muestra del rechazo a Chirac, a su primer ministro y, en general, a la clase política francesa, que ha hecho gala de su insensibilidad social y en la que proliferan vergonzosos escándalos por corrupción.

El no representa también, en esa lógica, un golpe al opositor Partido Socialista, promotor tradicional en Francia de la integración europea. De hecho, muchos votantes no conocen el texto de la Carta Magna que se puso a consideración; simplemente creen que la consolidación de la Europa unida se lleva a cabo a contrapelo de las sociedades y de los individuos, y que la integración continental implica la aplicación de medidas neoliberales que arrasarían con los beneficios sociales. No les falta razón: la incorporación a la UE se ha traducido en varios estados miembros en pérdidas de empleos y en la afectación de sus sectores agrícolas.

En el ámbito francés, la decisión popular coloca a Chirac en la obligación política de remover a Raffarin y convocar a elecciones parlamentarias anticipadas, además de que cancela las perspectivas del actual jefe de Estado de contender para un tercer periodo presidencial en 2007. En el escenario europeo, la votación francesa establece un escenario de incertidumbre, en la medida en que los políticos y tecnócratas que diseñaron el proceso de ratificación de la Constitución no previeron qué hacer si ésta resultaba rechazada en uno o varios países. Simplemente establecieron que el documento debería ser aprobado por los 25 estados antes de 2007 para que pudiera entrar en vigor.

Un escenario posible consiste en repetir la votación en Francia, algo que postergaría el empantanamiento e introduciría el riesgo de un nuevo rechazo, tal vez más rotundo que el primero. Otra posibilidad es buscar un estatuto especial para las naciones que no aprueben la Carta Magna, lo que implicaría una fragmentación que haría más complejo el proceso de integración continental.

La salida más difícil, si bien la única que parece realista y, a la larga, eficiente, consiste en renegociar el texto para hacerlo menos ominoso y más favorable para los ciudadanos que para los capitales, y volver a presentarlo a los electores en los próximos años.

El miércoles tocará a los holandeses el turno de pronunciarse sobre Constitución. Si la aprueban, el proceso podrá continuar en los otros estados mientras se discute qué hacer en Francia. Si lo rechazan, el intento por adoptar un texto podrá considerarse muerto.

Sea cual fuere el curso de los acontecimientos, es claro que el rechazo de los franceses atrasa y complica la agenda de la integración, además de que pone a Bruselas en una clara situación de debilidad política y económica en la arena geoestratégica mundial.