El MP no dio seguimiento a denuncias de mujeres que luego fueron asesinadas
Atención a víctimas de violencia hubiera evitado 60% de feminicidios en Sonora
Esa negligencia judicial pone en evidencia un sistema de impunidad basado en el género: ONG
Hermosillo, Son., 29 de mayo. Sesenta por ciento de los casos de las 122 mujeres asesinadas en Sonora de 2000 a la fecha "pudo haberse evitado", según análisis de documentos de Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) elaborado por un organismo civil, informe que fue presentado a la Comisión Especial para Conocer y Dar Seguimiento a las Investigaciones Relacionadas con los Feminicidios en la República Mexicana de la Cámara de Diputados.
Patricia Alonso Ramírez, integrante de la organización no gubernamental Nosotras Ciudadanas por la No Violencia, manifestó que, de acuerdo con reportes de la propia fiscalía estatal, el Ministerio Público del fuero común "no ofreció seguimiento a las denuncias sobre amenazas y violencia intrafamiliar interpuestas por mujeres que después perdieron la vida a manos de sus cónyuges"; de lo contrario, aseveró, esos crímenes pudieron evitarse.
El resultado de esa falta de atención sobre las investigaciones pone en evidencia un sistema de impunidad y re-vela la existencia de un crimen de Estado basado en el género, sustentado en la misoginia y en la falta de políticas públicas para garantizar a las mujeres su vida y su libertad, indicó la también ex legisladora local del Partido de la Revolución Democrática (PRD).
Mientras la PGJE ha contabilizado sólo unos casos de mujeres asesinadas en Sonora desde 2000 a la fecha, organizaciones defensoras de los derechos de las mujeres aseguran que la cifra real supera con mucho las difundidas por la dependencia, debido a que durante la actual administración estatal de Eduardo Bours Castelo se ha ocultado información "para no dañar la imagen del estado".
Alonso Ramírez consideró que claramente existe el delito de omisión por agentes del Ministerio Público, debido a que no hubo seguimiento a cada una de las denuncias presentadas en su momento por las mujeres posteriormente asesinadas, por lo cual exigió al titular de la PGJE, Abel Murrieta Gutiérrez, actuar en consecuencia contra esos funcionarios.
En otro orden, informó que en los próximos días solicitará un encuentro con la presidenta del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), Lourdes Laborín de Bours, para que explique la presunta desaparición del departamento de servicio jurídico para mujeres maltratadas.
"Nos llegó el rumor de que ha desaparecido esa oficina dependiente del DIF. De confirmarse la especie, las denuncias de las mujeres maltratadas serían turnadas a defensores de oficio, lo cual significa archivar todas y cada una de las quejas", explicó.
Alonso Ramírez lamentó que la Comisión Estatal de Derechos Humanos haya difundido en la prensa local que únicamente faltan por esclarecer los casos de 26 mujeres asesinadas, cuando los hechos reflejan otra cosa, pues los resultados oficiales contrastan con los que obran en poder de la Comisión Especial para Conocer y dar Seguimiento a las Investigaciones Relacionadas con los Feminicidios en la República Mexicana de la Cámara de Diputados.