Demandará que se investigue una serie de permisos concedidos por Gobernación
Teme el PRI que Creel emplee casas de apuestas para reunir fondos de campaña
La dirigencia nacional del PRI anunció que demandará una investigación sobre la serie de permisos para centros de apuestas que aprobó recientemente "en forma masiva" la Secretaría de Gobernación (SG), bajo la sospecha de que los mismos servirán como centros de acopio de recursos para financiar la campaña presidencial de Santiago Creel Miranda.
Luego de que el diputado federal Héctor Gutiérrez de la Garza denunció que "en todo el país se empezarán a abrir de manera masiva casas de apuesta remota y salas de sorteo de números, conocidos como bingo y books, negocios en los que se podrán cruzar apuestas sobre resultados en eventos deportivos, hipódromos, galgódromos, frontones y diversos tipos de competencias", la dirigencia tricolor inició una serie de consultas para gestionar una "investigación exhaustiva" en la SG, dependencia responsable de la emisión de dichas concesiones.
De acuerdo con la información que fue entregada al Comité Ejecutivo Nacional del PRI resulta "extraño y repentino" que se hayan otorgado en menos de un mes 17 permisos para la apertura de 417 salas de sorteo de números y 319 centros de apuestas remotas, en especial cuando de 1917 a la fecha sólo se habían otorgado 182, y en tiempos que coinciden con el destape de Creel Miranda.
Gutiérrez de la Garza recordó que los permisos otorgados por la SG se emitieron a pesar de que existe una controversia constitucional interpuesta por la Cámara de Diputados. Precisó que esta dependencia emitió un Reglamento de Juegos y Sorteos en septiembre pasado, una vez que el Congreso rechazó la aprobación de una ley en la materia, por lo que se interpuso dicho recurso.
"Aunque el asunto sigue pendiente -explicó-, la Secretaría de Gobernación creó un consejo consultivo a modo del secretario de Gobernación, pues únicamente lo integran los funcionarios de la dependencia designados por el titular de la misma, que ha empezado a emitir permisos que, para colmo, inclusive violan el propio reglamento" enfatizó Gutiérrez de la Garza.
De acuerdo con evidencias en poder de la dirigencia priísta, se otorgaron permisos como el del oficio DGAJS/SCEVF/P-04/2005, en favor de Promojuegos de México, SA de CV, que ampara diez centros de apuestas remotas y salas, aunque, siempre de acuerdo con el legislador, el reglamento vigente lo prohíbe.
Gutiérrez de la Garza asegura que "en este negocio Santiago Creel se lleva 2 por ciento sobre el monto de las apuestas realizadas en galgódromos, hipódromos y frontones, y 1 por ciento sobre apuestas respecto a actividade deportivas nacionales y en el extranjero".
Otro "error" en los permisos otorgados es que los oficios no precisan el sitio en el cual serán instalados; únicamente que uno de ellos se abrirá en el Distrito Federal, otro en Veracruz; uno más en Tabasco; dos en Nuevo León; dos en Jalisco, y dos en el estado de México.
Los oficios precisan que el representante legal de Promojuegos de México, SA de CV es Federico Manuel Villela Ramos, que el centro de apuestas del Distrito Federal estará ubicado en Río Tíber 102, colonia Cuauhtémoc, mientras otro de los permisos fue concedido a la empresa Mio Games, y ampara la instalación de dos salas de sorteos, una en la ciudad de México y otra en Villahermosa Tabasco. El representante legal de esta empresa es Ernesto Campos Guzmán.
El legislador priísta indicó que en el artículo 21-VII del reglamento de la Ley Federal de Juegos y Sorteos vigente, se establece que se debe manifestar la ubicación exacta del lugar en que se pretende instalar el establecimiento, pero en el caso de los paquetes de concesiones, que van de dos a diez por oficio, no se especifica la ubicación de dichos negocios.
"Gobernación piensa servirse con la cuchara grande: es curioso que después de cinco años de no haber otorgado ningún permiso de este tipo, ahora empiece a otorgarlos. Es muy extraño, pareciera que quiere formar su cochinito", afirmó.
Según el legislador, en este asunto se configuran diversos delitos, como coalición de servidores públicos, uso indebido de atribuciones y facultades, ejercicio abusivo de funciones y cohecho.