Jodorkovsky y Lebediev deberán pagar 620 mdd en impuestos al fisco

Magnate ruso del petróleo, condenado a nueve años de prisión con su socio

Fue un ''juicio aleccionador'' que fija las reglas de Putin para la iniciativa privada

JUAN PABLO DUCH CORRESPONSAL

Moscú, 31 de mayo. El magnate petrolero caído en desgracia desde que rompió con el Kremlin al incursionar en política, Mijail Jodorkovsky, quien en el momento de su detención, el 25 de octubre de 2003, era considerado el hombre más acaudalado de Rusia, fue condenado este martes a nueve años de prisión por diversos delitos de orden económico.

Igual número de años estará preso Platón Lebediev, socio de Jodorkovsky y ex director de finanzas de la petrolera Yukos, y ambos deberán pagar el equivalente de 620 millones de dólares en concepto de impuestos reclamados por el fisco ruso.

En cambio, el tercer acusado, Andrei Krainov, quien se desempeñaba como director de un instituto de investigación del que Jodorkovsky y Lebediev, según la parte acusadora, se ''apropiaron indebidamente'', quedó en libertad, al merecer una condena condicional de cinco años, por ''declararse culpable (aunque sólo de modo parcial) y colaborar ampliamente con la justicia''.

Huelga decir que ninguno de los 80 testigos, interrogados en los 11 meses de juicio, pudo corroborar los cargos incriminados por la fiscalía, la cual -en opinión de la defensa- basó sus conclusiones en ''suposiciones'' más que en pruebas, acorde con las motivaciones políticas del caso.

De este modo, el acoso judicial en contra de Jodorkovsky durante ya poco más de año y medio, que un influyente funcionario del entorno presidencial (Igor Shuvalov, asesor económico del mandatario ruso, Vladimir Putin) calificó hace poco de ''juicio aleccionador'', en el sentido de fijar las nuevas reglas del juego político para la iniciativa privada, concluyó con una sentencia previsible.

Jodorkovsky cometió dos errores que lo llevaron irremediablemente al banquillo de los acusados. El primero, financiar partidos políticos de oposición, en actitud de abierto desafío y a diferencia de otros magnates, ahora por encima de toda sospecha, muy generosos a la hora de aportar dinero a las agrupaciones impulsadas por y para el Kremlin.

El segundo, acusar de corrupción, en un acto público en febrero de 2003, a personajes del primer círculo presidencial, mismos que a la postre vendieron al Estado la principal filial productora de Yukos, adquirida a precio de regalo, mediante una amañada subasta cuyo objetivo proclamado era resarcir la deuda fiscal acumulada por la petrolera.

Los destinatarios del mensaje sobre los riesgos de hacer política contra el Kremlin, tan inequívoco como poco sutil, no dudan en llamar ''acto de intimidación'' a la sentencia dictada por la juez Irina Kolesnikova, representante en turno de un sistema judicial supeditado al Ejecutivo.

En esos términos habló, entre otros inconformes con los resultados del juicio contra Jodorkovsky, el ex primer ministro Mijail Kasianov, que aspira a convertirse en presidenciable como candidato de la oposición de derecha, si es que finalmente se celebran elecciones en 2008.

Hasta para los políticos alineados con el poder, que tuvieron a su alcance todos los medios de comunicación del Estado para expresar su satisfacción por la condena del antes poderoso empresario que infringió la ley, el castigo pareció excesivo.

''Pensé que le darían no más de seis años'', confió Arkadi Volski, presidente de la oficialista Unión de Industriales y Empresarios de Rusia, quien reconoció que la severidad de la pena impuesta a Jodorkovsky puede incidir negativamente en la economía de Rusia, al hacer que muchos miembros de la élite empresarial sólo estén pensando ahora en cómo sacar su dinero del país.

Y es que nueve años de cárcel, a razón de un año de privación de libertad por cada uno de los delitos imputados a Jodorkovsky por la fiscalía, es casi el máximo castigo (10 años) que puede aplicarse en Rusia a quien quebrante la ley en materia económica.

Para la juez, Jodorkovsky y Lebediev son culpables de estafa, incumplimiento de una sentencia judicial respecto a los empleados de su empresa, apropiación y malversación de fondos, así como de haber causado grandes perjuicios económicos a otros accionistas de Yukos y al Estado y de evadir el pago de impuestos, por mencionar los cargos principales que presentó la fiscalía en su contra.

La Procuraduría de Rusia se mostró satisfecha con la sentencia, ''objetiva y justa, que se corresponde con la gravedad de los delitos cometidos'', y anunció que en fecha próxima presentará nuevas acusaciones contra el antiguo dueño de Yukos y su socio.