Revela un estudio dimensiones de la inseguridad
La ilegalidad se ha incorporado a la vida cotidiana en Juárez
A partir de un diagnóstico de Iniciativa Ciudadana y Desarrollo (Incide) -organización no gubernamental encabezada por Clara Jusidman-, el Instituto Nacional de Desarrollo Social -instancia gubernamental que otorgará recursos para proyectos productivos a familiares de mujeres asesinadas en Ciudad Juárez- asumió que el déficit en factores sociales, como educación, vivienda y seguridad, subyace en el clima de violencia que se vive en aquel lugar.
El análisis para definir las intervenciones que deberían darse en la zona, destaca que mientras no se planteen acciones conjuntas, con la participación de todas las instancias públicas, sociales y civiles, continuará la opinión generalizada de que la aplicación de la justicia es insuficiente e ineficiente en Ciudad Juárez. Lo anterior, pese al trabajo de las dependencias oficiales para encontrar y sancionar a los responsables de los asesinatos y desapariciones de mujeres, lo cual, se subraya en el estudio, no se ha conseguido.
Clara Jusidman establece que problemas vinculados con violencia intrafamiliar, así como suicidios, adicciones, depresión y aislamiento, entre otros, se convirtieron ya en asunto público porque significan violación a derechos humanos, pero también alerta sobre el éxito de contrabandistas, traficantes de drogas o políticos corruptos para convertirse en modelos de papeles socialmente aceptados, con menoscabo de las necesidades de seguridad.
Al respecto, sugirió que se dé importancia a la protección de la vivienda, de la familia y en materia social (desempleo, accidentes, enfermedad, vejez); seguridad urbana, pública y ciudadana (en el barrio, en la ciudad), de acceso a la justicia, y de empleo y condiciones de trabajo justas.
Indicó que es frecuente que en zonas con fuertes presiones migratorias -como ocurre en Ciudad Juárez- se invadan terrenos inadecuados para la construcción de habitaciones por los altos riesgos que implica, como es ubicarse en superficies cercanas a fuentes contaminantes, debido a la acción de plantas procesadoras de algunos minerales o con uso intensivo de combustibles.
Incide insistió en su análisis en que los distintos grupos poblacionales de la metrópoli fronteriza enfrentan grados de riesgo diferentes en su entorno cercano y en la ciudad, y ante ello las personas "no tienen posibilidad de modificar las condiciones de inseguridad".
En la medida en que la ilegalidad se incorpora a la cultura por la ausencia de un estado de derecho, subrayó, los riesgos de violencia y corrupción aumentan, "pues pasan a ser considerados como parte de la vida cotidiana y no hay sanciones sociales para quien las ejerza".
Describió a Ciudad Juárez como un lugar con "un problema generalizado de inseguridad pública que afecta a gran parte de la población, y cu- yas principales características son el narcotráfico, que incluye tanto la operación de grandes cárteles como la venta y consumo de droga al menudeo; también está el crimen organizado que se asocia directamente con el tráfico de estupefacientes, el feminicidio y la delincuencia común, con niveles que convierten a la ciudad en una de las más violentas de México. Estos problemas están acompañados de la corrupción de muchas autoridades en materia de seguridad y justicia, lo que conlleva la impunidad de los delincuentes", apuntó.
Con base en datos del Instituto Municipal de Investigación y Planeación, 80 por ciento de los delitos no son denunciados; 31 por ciento de las personas no lo hacen por falta de confianza en las autoridades y 34 por ciento más por no tener pruebas o no reconocer al culpable. En las mujeres las causas de los homicidios están relacionadas con los ámbitos privados de familia y de pareja: 15.6 por conflictos familiares, mientras 12.5 por ciento tuvieron su origen en problemas pasionales.