Documenta el caso de Jesús González Medina
Demanda la CNDH actuar contra responsables de desapariciciones
Hace cuatro años se denunciaron los primeros dos casos de desapariciones de personas en este gobierno. Las víctimas fueron Alejandro Martínez Dueñas y Jesús González Medina. En sus investigaciones, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) se encontró con otro caso: el de Gabriel Sánchez Sánchez. Ayer emitió la recomendación 09/2005.
Cabe destacar que éstos no son los únicos casos de personas desaparecidas que han sido denunciados ante la CNDH y las procuradurías General de la República (PGR) y estatales, de cuyos casos La Jornada ha dado cuenta. Ayer quedó documentada por la comisión el primer caso de desaparición forzada de personas en el gobierno del presidente Vicente Fox Quesada.
La CNDH acusa a la procuraduría de Colima -donde ocurrió la desaparición el 30 de junio de 2001 de Martínez Dueñas y González Medina- y a la PGR de actuar con omisiones y negligencia. En el caso de esta última, sus agentes "ejecutaron y toleraron la desaparición de González Medina el 30 de junio de 2001 en la ciudad de Colima".
Tras cuatro años de investigaciones, en los que se recurrió a visitas al estado de Colima, a entrevistas con funcionarios del gobierno estatal, de la PGR, con familiares y amigos de las víctimas, así como actuaciones en hospitales en la ciudad donde se efectuaron las desapariciones, la CNDH sostiene que en los tres casos que investigó los agentes del Ministerio Públicos federal y estatal "no se ajustaron en actuaciones a los principios de legalidad, eficiencia, profesionalismo, lealtad, imparcialidad y respeto a los derechos humanos en agravio de los afectados".
Asimismo, en la recomendación subraya que no pasa desapercibido para este organismo nacional que "los autores de la desaparición procuran no dejar evidencia de su actuar, en especial de las privaciones y retenciones ilegales de los agraviados, con lo que buscan garantizar la impunidad y evitar la acción de la justicia. Con todo ello resultó factible darla por demostrada en el caso de González Medina, y también se hizo patente que fue ejecutada y tolerada por servidores públicos del Estado mexicano".
En el caso de Martínez Dueñas se denunció que en su desaparición participaron elementos de la procuraduría de Colima y de la PGR. En su indagatoria, la CNDH logró obtener información de que el agraviado se había involucrado en un acto en el que una persona perdió la vida; ello ocurrió en el estado de Michoacán.
Las investigaciones de la CNDH la llevaron a la Cruz Roja de Colima, donde se obtuvo el testimonio de un testigo, en el sentido de que "el 30 de junio de 2001, sin recordar la hora, ingresó al hospital de la Cruz Roja un policía judicial joven que llevaba esposado a dos jóvenes" -de acuerdo con el testimonio de Diana Martínez Dueñas, hermana de Alejandro, el testigo identificó a su hermano y a Jesús como los muchachos que estuvieron en esa institución.
En este caso, la comisión resalta que no se debe descartar la hipótesis "de desaparición de Alejandro Martínez Dueñas", porque las autoridades ministeriales no agotaron las investigaciones en todas sus líneas, pese a que había materia para establecer nuevas hipótesis que llevaran a conocer "la verdad histórica de la desaparición de Martínez Dueñas".
El organismo nacional de defensa de los derechos humanos revela que en el desarrollo de sus labores se encon- tró con otra presunta desaparición, la de Gabriel Sánchez Sánchez, que a pesar de que en las pesquisas de las procuradurías salió a relucir su nombre, omitieron la investigación de este caso, como lo hicieron en los otros, en los cuales no ordenaron la realización de todos los actos conducentes a la acreditación del cuerpo del delito y la probable responsabilidad de los indiciados.
La CNDH recomendó al gobernador del estado de Colima, Jesús Silverio Cavazos, que "en virtud de que están plenamente identificados los servidores públicos que participaron en los delitos de la desaparición de González Medina, se giren instrucciones al procurador para que éstos no evadan la acción de la justicia; que independientemente de lo anterior se dé vista al órgano de control interno para que realice una investigación administrativa en contra de tres servidores públicos que incurrieron en acciones y omisiones, y se giren las medidas necesarias para lograr la reparación del daño a los agraviados, o, en su caso, a sus familiares".
Al titular de la PGR, Daniel Francisco Cabeza de Vaca, el presidente de la CNDH, José Luis Soberanes, le recomienda una investigación administrativa a los servidores públicos involucrados, con independencia de que les resulte responsabilidad o no, además de que recomienda abrir una investigación en su contra por las conductas antijurídicas en que incurrieron.
A ambos funcionarios les recomendó que debido a que se acreditó un caso de desaparición forzada de persona, para que no se siga entorpeciendo o retrasando la dinámica de la averiguación previa que se encuentra abierta, se cree un grupo de trabajo integrado por agentes del Ministerio Público de la Federación y de la procuraduría estatal, para que en conjunto avancen en las investigaciones, "sin prejuzgar a cuál de las dos instituciones le asiste la competencia".