"Proceso secreto"

Siempre con el rostro cubierto, el comandante Antonio y la coronela Aurora, Jacobo Silva Nogales y Gloria Agis Arenas, fueron quienes dieron cuenta a los medios de comunicación de la fractura en las filas del ERP a finales de los años noventa. Entre el 19 y el 22 de octubre de 1999 fueron detenidos junto con Felícitas Padilla y Fernando Gatica, y procesados por terrorismo, delincuencia organizada, uso, posesión y almacenamiento de armas exclusivas del Ejército; también, homicidio calificado, tentativa de homicidio y daños en propiedad ajena. Se les acusó de haber participado en una emboscada a un camión militar ocurrida en Guerrero en 1996, en la cual murió un civil que manejaba un vehículo que iba atrás del transporte de soldados.

Los abogados defensores que asumieron el caso en sus inicios, Pilar Noriega, Lamberto González y Digna Ochoa -asesinada en 2001- denunciaron en su momento las numerosas obstrucciones a su trabajo. Lo calificaron de "proceso secreto" e ilegal. A pesar de la reticencia de la Comisión Nacional de Derechos Humanos de dar testimonio sobre las torturas a las que fueron sometidos, el Alto Comisionado de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU) y Amnistía Internacional (AI) certificaron que en estos cuatro casos las autoridades mexicanas violaron normas internacionales por los siguientes hechos: arresto violento sin orden o decisión jurídica sobre las detenciones; negación de acceso a abogados durante las primeras cuatro semanas; anomalías diversas en las pruebas presentadas por el gobierno, como "confesiones firmadas" obtenidas mediante tortura, falsificación de declaraciones oficiales y de exámenes médicos.

La captura de los jefes del ERPI fue presentada en el Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) de Almoloya, como uno de los golpes más importantes contra los grupos guerrilleros. Pese a las irregularidades del juicio, fueron sentenciados a casi 50 años de prisión.

Blanche Petrich