El informe presentado a la Cámara de Diputados no es concluyente: la Contraloría local
Halló la ASF 144 irregularidades al gasto 2003; ya se aclararon, responde el GDF
La ciudad concentra la cuarta parte de observaciones a entidades, según el órgano fiscalizador
La Auditoría Superior de la Federación (ASF) informó a la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados que de las 598 observaciones hechas a los estados por el manejo de recursos federales, una cuarta parte -144- correspondieron al Gobierno del Distrito Federal (GDF), por diversas irregularidades, como premios a policías que dieron positivo en exámenes toxicológicos, incumplimiento en las reglas de operación de distintos programas, falta de documentación comprobatoria y asignación de obras sin licitación, entre otras.
Afirma que la administración de la ciudad, en la cuenta pública de 2003 rebasó con mucho el número de irregularidades detectadas por la ASF a la entidad que le sigue, Oaxaca, con 42. Los efectos calculados por el órgano superior de fiscalización en el presupuesto fueron de 722.9 millones de pesos.
El impacto más fuerte se registró en el rubro de egresos presupuestales para la adquisición de vehículos y equipo de seguridad pública, que se financia con recursos provenientes de la contratación de deuda pública. Se determinó que del presupuesto asignado a la oficina del Secretario de Seguridad Pública para el programa de excelencia, dentro del concepto programas preventivos de seguridad, control de orden público y combate a la delincuencia, 11.5 millones de pesos se transfirieron a la construcción de puentes vehiculares y 406.6 millones de una "reducción líquida" al presupuesto de la dependencia.
En el mismo rubro se detectó que de 76 patrullas adquiridas con deuda pública, 16 fueron modificadas en su equipamiento para entregarlas a personal civil, mientras que de 3 mil 16 armas de fuego compradas con recursos del mismo origen, 125 se entregaron "a tres áreas de la secretaría que no forman parte del programa".
La ASF también informó a la Cámara de Diputados que, de mantenerse el ritmo del servicio de la deuda en el Distrito Federal, a partir del ejercicio fiscal de 2008 las amortizaciones serán superiores a los ingresos. "La diferencia con el promedio histórico de éstos representará algún grado de estrechez fiscal para cubrir dicha deuda", advirtieron los auditores.
Como resultado de la evaluación del riesgo y sustentabilidad de la deuda pública de la ciudad, la ASF confirmó que "la estructura de vencimientos de la deuda mostró una evolución desfavorable, toda vez que en 1999 los plazos de vigencia de los créditos contratados promediaron 12.9 años, mientras que en 2003 la media fue de 7.9 años; lo mismo sucedió con los periodos de amortización del capital, los cuales en 1999 promediaron 10.6 años y en 2003 se redujeron a 5.8 años".
Aunque la auditoría determinó que, en términos generales, el gobierno encabezado por Andrés Manuel López Obrador podrá hacer frente en el corto plazo a las obligaciones por la disposición de líneas de financiamiento pactadas, "se detectó que en el mediano plazo la sostenibilidad fiscal se verá afectada negativamente, ya que sus ingresos disponibles se han estancado, mientras que el nivel de pagos del servicio de la deuda se incrementará significativamente".
De las siete auditorías practicadas a igual número de fondos y partidas federales al DF, que practicó la ASF a la administración local -de un total de 338 a todas las entidades del país-, se probaron diversas irregularidades en la aplicación y ejercicio de los recursos. Por ejemplo, se corroboró que 266.3 millones de pesos transferidos entre noviembre de 2003 y marzo de 2004 por la Federación al Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública del Distrito Federal, se depositaron en la cuenta concentradora 00557-00474-2 de Banorte, que no está destinada específicamente para la administración de esos recursos.
"Esto impide su fiscalización a efecto de garantizar que dichos recursos se aplicaron con eficiencia, eficacia y honradez", determinó la ASF. El mayor número de irregularidades se encontraron en el gasto de las delegaciones, sobre todo en la Gustavo A. Madero, donde los auditores comprobaron la asignación de contratos sin licitación a empresas privadas, entre éstas el Grupo Quart de Carlos Ahumada.
Dicha información generó ayer un agrio debate entre diputados panistas y priístas con los del PRD.
En respuesta a la información proporcionada a la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), la Contraloría General del gobierno de la ciudad de México aseguró que en su momento, cada una de las irregularidades que señaló el órgano fiscalizador auxiliar del Legislativo fueron aclaradas, sin que quedara duda sobre el ejercicio correcto de los recursos.
La Contraloría señaló que los distintos órganos de control interno de las dependencias, entidades y órganos político- administrativos han entregado en tiempo y forma a la ASF los documentos relaciones con dichas observaciones. Recordó incluso que el plazo para realizar dichas aclaraciones termina el día 7 del presente mes, por lo que consideró que el informe de resultados de la revisión de la cuenta pública 2003 no es concluyente.
Desde la semana pasada, la misma Cámara de Diputados adelantó que las auditorías practicadas por la ASF determinaron que el Gobierno del DF cumplió con las disposiciones normativas aplicables a la contratación, amortización, registro y control de su deuda pública, y en este caso se auditó ciento por ciento de los 9 mil 9 millones de pesos que se ejercieron.
En este tema, únicamente se hizo una recomendación a la Secretaría de Finanzas, de diferencia de criterios, relacionada con los mecanismos que utilizó en sus estudios de análisis de riesgo, a un plazo de dos años, cuando en opinión de la ASF se debió hacer una estimación a cinco años, con un modelo matemático definido por ella, aun cuando la ley no obliga al GDF a aplicarlo y existen además evaluaciones realizadas por las empresas calificadoras Fitch, Moody's y Estándar & Poor's, en las que se da a la deuda del gobierno de la ciudad la calificación más alta al considerarla sustentable.
En el caso de las transferencias de recursos destinados al programa de excelencia de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) del DF, del que señala la ASF que se realizaron transferencias para la construcción de puentes vehiculares, la dependencia respondió que las metas programadas no sólo se cubrieron, sino que fueron superadas y las reducciones presupuestales son exclusivamente facultad de la Secretaría de Finanzas.
Por lo que hace a la adquisición de patrullas con recursos de deuda que alega la ASF, fueron modificadas en su equipamiento para entregarlas a personal civil; se informó que dichas unidades son operadas por policías adscritos a grupos que realizan operaciones de inteligencia, por lo que no son empleadas en funciones distintas a las estipuladas. En el caso de patrullas adquiridas con rines de un número distinto, la SSP solicitó iniciar el procedimiento administrativo para sancionar a los funcionarios que recibieron bienes con especificaciones distintas, en tanto que la empresa automotriz se comprometió a cambiar dichos aditamentos.
Otras diferencias de criterios se observan al determinar la ASF que el Fondo de Seguridad Pública (Foseg) para el DF transfirió indebidamente 18.1 millones de pesos a la Secretaría de Finanzas del DF, a solicitud del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal (TSJDF), de los recursos derivados del ramo 33, fondo de aportaciones para la seguridad pública de los estados y el DF.
Las autoridades capitalinas demostraron que dichos recursos se aplicaron en la construcción de la torre del órgano judicial local, por medio de un traspaso del capital. Ahí la única diferencia radica en el procedimiento de la aplicación de dichos recursos, pues ni siquiera existe un daño al erario, e incluso, como en su momento lo informó el GDF a través de su Secretaría de Obras, se obtuvieron importantes ahorros en dicha obra para el TSJDF.
La ASF señala además que el GDF debió "administrar" los recursos del Foseg a través de una cuenta, lo cual hubiera implicado un mayor gasto de operación y procedimientos administrativos más lentos para los órganos ejecutores. El gobierno local utilizó en este caso una cuenta de dispersión; es decir, que una vez recibidas las aportaciones las distribuyó a las distintas entidades ejecutoras, conforme con lo prestablecido en el presupuesto de egresos del año correspondiente.
La mayoría de las recomendaciones y pliegos de observación de la ASF se derivan de la auditorías practicadas a las delegaciones políticas, entidades administrativas que gozan de autonomía relativa en el manejo de sus recursos. Cabe recordar que no fue la ASF la que detectó las irregularidades en la asignación de obras por delegaciones políticas a empresas del Grupo Quart, sino la misma Contraloría General del DF, que al descubrirlas procedió a realizar las investigaciones y aplicar las sanciones correspondientes.