La dependencia no podrá decretar el no ejercicio de la acción penal para AMLO
Propietarios de El Encino presentan recurso de inconformidad contra PGR
El caso seguramente terminará ante la autoridad judicial, señala el abogado Espejel
El litigio por el predio El Encino "no es un caso cerrado" y la Procuraduría General de la República (PGR) está imposibilitada para enviar hoy al archivo el expediente en el cual se propuso, hace un mes, el no ejercicio de la acción penal contra Andrés Manuel López Obrador, porque antes deberá desahogar el recurso de inconformidad que se interpuso ayer en la Subprocuraduría de Delitos Federales contra esa determinación, indicó el abogado Fernando Espejel, representante legal de la empresa Promotora Internacional Santa Fe SA de CV, propietaria del terreno citado.
En entrevista con La Jornada, el litigante indicó que el recurso se presentó a unas horas de que venciera el plazo para impugnar la propuesta de no solicitar la orden de aprehensión contra el jefe de Gobierno del Distrito Federal, bajo el supuesto de que no existe pena para el delito de violación a una suspensión de amparo, equiparado al de abuso de autoridad.
Precisó que el asunto que empezó en el Poder Judicial Federal, luego de que en 2000 se inició un juicio de amparo contra el decreto gubernamental por el cual se ordenó la expropiación de El Encino por causas de utilidad pública, "seguramente va a terminar ante las autoridades judiciales, porque agotaremos todas las instancias de defensa con que contamos, incluida una demanda de amparo" contra la PGR.
El abogado explicó: "interpusimos la inconformidad, nos dieron el acuse de recibo y debe pasar al subprocurador de Delitos Federales (Carlos Aguilar Suárez) para que lo resuelva tomando en cuenta lo que estamos diciendo nosotros y lo que argumentó el Ministerio Público con su acuerdo de propuesta".
Refirió que nuestro alegato "es que el objetivo y la función de la PGR es la persecución e investigación de los delitos, de acuerdo con el artículo 21 constitucional, y con eso tiene todos los elementos que se puede allegar, así lo marca la ley, para poder ejecutar la acción penal".
En el caso de López Obrador "lo que la PGR está haciendo es no tomar una decisión de la Suprema Corte, en la que se definió la cuestión de violaciones a una suspensión de amparo, manifestando que no hay una obligación, cuando la propia ley no lo limita a que tenga que ser de una forma obligada, sino le está dando los elementos necesarios para que lo haga".
-¿Confían en la PGR, a pesar de que todo indica que se tomaron acuerdos políticos, o en realidad se trata de mantener vivo el asunto como una espada de Damocles contra López Obrador? -se le preguntó.
-El asunto es que el acuerdo político viene a solucionarle el problema precisamente a la gente inmiscuida en ello, pero se olvida al particular (Federico Escobedo, accionista de la empresa quejosa). Nosotros estamos igual que al principio, de nada nos han servido las resoluciones. Esto seguramente va a tener que solucionarse por conducto de los órganos judiciales, y no en la PGR.