El gobierno federal podría dejar de pagar los empréstitos irregulares
La SCJN analiza revisar la legalidad de los oficios de la ASF a Hacienda e IPAB
Algunos ministros apoyan revisar la legalidad de los créditos que son deuda pública
El pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) analiza un proyecto de dictamen sobre los oficios girados por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) a la Secretaría de Hacienda y al Instituto de Protección al Ahorro Bancario (IPAB) para que se revise la legalidad de los créditos que se convirtieron en deuda pública. En consecuencia, el gobierno federal podría dejar de pagar los créditos irregulares.
Hace unos días, el máximo tribunal del país inició la discusión de la controversia constitucional que presentó la Secretaría de Hacienda en contra de la ASF y de la Cámara de Diputados, en la que planteó que la intención de revisar los créditos es improcedente, porque la Ley del IPAB así lo establece; sin embargo, hubo ministros que apoyaron la idea de que sea revisada la legalidad de dichos créditos, ante lo cual algunos ministros propusieron que se aplazara la discusión del caso.
Esto le permitió al secretario de Hacienda, Francisco Gil, iniciar un intenso cabildeo con los ministros para insistir en que los oficios referidos son inconstitucionales. Es más, el pasado miércoles Gil se entrevistó con ministros de la Segunda Sala de la Corte -integrada por Genaro David Góngora Pimentel, Sergio Salvador Aguirre Anguiano, Guillermo I. Ortiz Mayagoitia, Margarita Beatriz Luna Ramos y Juan Diaz Romero-, aprovechando que la sala sesiona los viernes.
El proyecto alterno al que elaboró la ministra instructora de la controversia Margarita Beatriz Luna Ramos, elaborado por Góngora Pimentel, plantea que los oficios impugnados son constitucionales, porque ''no son imperativos'' y que, de acuerdo con la Ley del IPAB, la Auditoría Superior tiene la facultad de revisar la cuenta pública y que el ejercicio de los recursos públicos sea conforme a derecho. Lo anterior abriría la puerta a que se ordenara la revisión de la legalidad de los créditos que se convirtieron en deuda, y en caso de que se descubriera alguna anomalía en los mismos, que Hacienda deje de pagarlos.
Los ministros Genaro Góngora, Juan Silva Meza, Guillermo I. Ortiz Mayagoitia, Sergio Valls y José Ramón Cossío señalaron que el artículo quinto transitorio de la Ley de Protección al Ahorro Bancario es muy claro en señalar que ''en caso de que durante las auditorías se detecten créditos ilegales, el IPAB podrá optar por rechazar y devolver los mismos a los bancos, los cuales tendrán que designar otros activos por un monto equivalente al de los créditos devueltos a satisfacción del Instituto. En caso contrario, se reducirá el monto respectivo de la garantía''.
Además, indicaron que en la revisión de la Cuenta Pública de 2001 -donde están los oficios impugnados en los que se recomendó a Hacienda y al IPAB no pagar los créditos irregulares-, no opera el principio de anualidad, porque la propia Ley del Ahorro Bancario señala que conforme se lleven a cabo las auditorías y se detecten irregularidades, dichos créditos podrán ser revisados.
En las sesiones públicas en que se analizó los oficios en los que se cuestionan créditos irregulares por más de 4 mil 700 millones de pesos, cuyo pago reclaman Banamex, Bancomer, Bital (HSBC), y Banorte. el ministro Ortiz Mayagoitia argumentó que el endeudamiento público a causa del rescate bancario tuvo un ''crecimiento exponencial'' -al pasar de 150 mil 446 millones de pesos en 2000 a 220 mil 427 millones de pesos en 2003- por la adquisición una deuda ''nada cuidada a cargo del Fobaproa''.
En aquella sesión -a finales de abril pasado-, sólo la ministra ponente, Margarita Beatriz Luna Ramos y Sergio Salvador Aguirre Anguiano, hablaron abiertamente a favor del proyecto de dictamen que plantea darle la razón al Presidente de la República en la controversia constitucional.