Se reincorpora a la lucha Lauro Cruz, líder indígena recientemente excarcelado
Comunidad nahua demanda al gobierno de Veracruz le restituya autobuses secuestrados
"La cárcel no logró quebrarnos ni hacernos abandonar la lucha social", afirmó Lauro Cruz Cruz, indígena nahua, dirigente del Movimiento Social de Tzocohuite, Veracruz. A 18 días de haber sido liberado del penal de Jalacingo, donde estuvo recluido un año, 10 meses y tres días, informó que el movimiento integrado por 22 comunidades solicitó la instalación de una mesa de diálogo con el gobierno de Fidel Herrera Beltrán, a efecto de reactivar la Sociedad Cooperativa Tzocohuite-Ixhuatlán de Madero, y que el gobierno veracruzano los indemnice por los daños que han sufrido los 21 autobuses que durante más de un año les ha retenido en un corralón del gobierno estatal.
Cruz Cruz recordó que por el mismo movimiento también estuvo preso en Jalacingo Hilario de la Cruz Concepción, quien fue liberado el 6 de mayo. "Parte de las consecuencias de esta lucha y de la represión del gobierno de Miguel Alemán Velasco contra los movimientos sociales de la zona norte de Veracruz fue que el PRI perdió las elecciones en los municipios de Ixhuatlán, Alamo y Chicontepec", mencionó Lauro.
"Hicimos una gran alianza social con el Frente Indígena de Ixhuatlán de Madero y otras organizaciones en víspera de las elecciones, no tanto por ser partidistas, porque nuestro movimiento era multipartidista, había diferentes corrientes políticas e ideológicas, tan es así que postulamos a Atalo Montes por el PRD y se ganó el municipio después que el gobierno del estado le invirtió suficientes recursos para que ganara el PRI, y aun así pudo más la conciencia de la gente, porque en ambos movimientos hubo muertos".
El movimiento social de Tzocohuite se originó en octubre de 2000, cuando hubo cinco muertos en un accidente ocasionado por una unidad de Autobuses Alamo, propiedad de la familia Mejía del Angel. La empresa se negó a indemnizar a los deudos, hubo bloqueos y movilizaciones. En un desalojo policiaco un indígena resultó muerto. Los indígenas a su vez retuvieron a 97 policías.
En febrero de 2001, el gobierno de Alemán Velasco acordó con los indígenas, integrados en la Organización Regional de la Zona Norte del Estado, que Autobuses Alamo ya no prestaría servicio en la ruta Alamo-Ixhuatlán de Madero-Benito Juárez-Chicontepec, y en su lugar el movimiento crearía una cooperativa, a la que se comprometió a darle la concesión de transporte público y a retirar las denuncias contra dirigentes del movimiento.
La gente creó la Sociedad Cooperativa Tzocohuite-Ixhuatlán de Madero, con representantes de diversas comunidades; compraron a crédito 21 autobuses usados y echaron a andar el servicio de transporte público, pero el gobierno de Alemán Velasco, para "proteger los intereses del cacicazgo transportista de la familia Mejía del Angel en la región", les negó la entrega de las concesiones comprometidas. A cambio les ofrecía unas de transporte mixto rural, con camionetas, que no fueron aceptadas.
En octubre de 2001, escoltados por policías, dos diputados priístas junto con golpeadores y choferes enviados por los Mejía "secuestraron" los autobuses, que después aparecieron en un corralón utilizado por el gobierno estatal. Se acusó a los indígenas de haberlos "robado" y el gobierno se negó a devolvérlos. Se encarceló a Lauro e Hilario, acusados de secuestro, motín, robo y lesiones... y los autobuses Alamo volvieron a prestar el servicio de transporte público, escoltados por patrullas de policía.
Cruz Cruz informó que por las acusaciones de robo y lesiones lo condenaron a cuatro años cinco meses de cárcel, conmutables, por lo que logró salir con el pago de 11 mil pesos. "Son experiencias de la lucha, ahí está, y no nos vamos a quedar cruzados de brazos."
Señaló que ahora, además de la indemnización, "porque los autobuses están destrozados en el corralón", buscarán que el gobierno estatal cumpla con la entrega de las concesiones de transporte público que se comprometió a entregar el gobierno de Miguel Alemán "el 19 de octubre, ratificado el 23 de octubre de 2000 y luego el 2 de febrero de 2001".
Informó que el movimiento solicitó, el pasado 19 de mayo, esa mesa de diálogo, "y el 21, por conducto de la Dirección General de Gobierno, aceptan la mesa de diálogo, y el miércoles 25 fueron a buscarnos para decirnos que estaba listo; fijaron en lunes pasado, pero nosotros no quisimos asistir porque queríamos que fuera más formal, porque nosotros entregamos la petición por escrito y nunca nos llegó respuesta formal. Yo les dije que necesitamos una notificación formal".
"Parece que hay buena disposición del gobierno del estado", comentó Cruz Cruz. Añadió que aún no hay resultados de la denuncia interpuesta ante el Ministerio Público de Alamo contra la familia Mejía del Angel, dueña de Autobuses Alamo, contra algunas otras personas y los entonces diputado local, Balfrén González Montalvo, y diputado federal, Francisco Ríos Alarcón, "porque encabezaron el robo de nuestras unidades, ya que estaban al servicio del cacique transportista. Como terminaron el periodo de diputados y el PRI se dividió en Alamo, porque allá ganó el PAN, andan perdidos", indicó.