Editorial
BBVA-Bancomer, banco contrainsurgente
No es fácil comprender las razones que impulsaron a "la mayor institución financiera privada en México", como se define a sí mismo BBVA-Bancomer, integrante por lo demás de un conglomerado bancario trasnacional y poderosísimo, a participar en el hostigamiento que todavía padecen, a más de 11 años del alzamiento del 1º de enero de 1994, las comunidades zapatistas chiapanecas. Tan incomprensible como la determinación de la institución financiera de expulsar de su cartera de clientes a las organizaciones de apoyo a los zapatistas Enlace Civil AC y Organización por la Salud Indígena Maya del Estado de Chiapas (Osimech) son las razones esgrimidas para ello: la supuesta necesidad del banco de "protegerse del lavado de dinero" o "evitar riesgos operativos". Como declaró a este diario un funcionario del banco, el pasado jueves 26 de mayo, se trató de una "decisión operativa interna que no estamos obligados a compartir con la opinión pública"; a esta última, en consecuencia, no le queda más remedio que especular y sospechar sobre los motivos reales de BBVA-Bancomer para golpear a los indígenas rebeldes chiapanecos.
El perjuicio causado por la entidad bancaria es real y severo, si se considera que las cuentas que manejaban esas organizaciones eran ya conocidas por los donantes individuales, colectivos e institucionales de México y el extranjero y que, de un día a otro, los fondos de ayuda a las comunidades zapatistas deberán ser canalizados por otras vías. Se requerirá, para ello, de un esfuerzo logístico y organizativo considerable que consumirá muchas horas de trabajo de muchas personas y que frenará temporalmente la llegada de recursos urgentes a poblaciones que no reciben ninguna suerte de apoyo oficial. Un daño adicional podría derivarse de la insinuación calumniosa de que Enlace Civil y sus donantes entre los cuales se encuentran, por cierto, programas de los gobiernos vasco, finlandés y danés, varios ayuntamientos catalanes e italianos, así como numerosos colectivos de Italia, España, Francia, Alemania, Noruega, Estados Unidos, Dinamarca y Grecia podrían estar involucrados en "lavado de dinero".
No deja de resultar paradójico que tal insinuación sea formulada por una institución (BBVA) que ha sido sujeta a investigaciones judiciales en su país de origen, precisamente por presunto lavado de dinero en la compra de los bancos mexicanos Mercantil Probursa y Bancomer, y que en años recientes estuvo en el centro del escándalo por haber beneficiado a una veintena de miembros de su consejo de administración con fondos de pensiones secretos que se mantuvieron ocultos durante más de una década en la isla de Jersey. En abril de 2002 el fiscal anticorrupción encargado del caso, David Martínez Madero, integró al expediente contra BBVA un informe de la FBI estadunidense que señalaba, a propósito de las adquisiciones de bancos mexicanos por el consorcio vasco, lo siguiente: "Participa también en la operación, por parte de Mercantil Probursa, su presidente y representante de los socios mayoritarios de la entidad, José Madariaga, cuyo hombre de confianza, Eduardo Pérez Montoya, es situado, según documento facilitado por el enlace de la FBI en Madrid, en la órbita del narcotráfico, y quien a su vez facilitaría a BBV la participación mayoritaria (en Mercantil Probursa) a cambio de legitimarle fondos en principio procedentes de tal actividad ilícita, depositados en Gran Caimán".
Más allá de las pesquisas judiciales y de las sospechas que han recaído en la institución financiera, e independientemente de sus motivos para cancelar las cuentas de Enlace Civil y Osimech, tal decisión implica, en los hechos, una adhesión al bando de los actores hostiles a las comunidades zapatistas, entre ellos los gobiernos federal y estatal y a los grupos paramilitares que permanecen activos, a pesar de tantas palabras, en Chiapas: el bando de la contrainsurgencia.
Del lado de los indígenas rebeldes hay, en cambio, importantes sectores y personalidades de la opinión pública nacional e internacional que desde hace días han venido expresando su repudio a la medida tomada por funcionarios anónimos de BBVA-Bancomer. Esa misma opinión pública, despreciada y ninguneada por los banqueros, entre la cual se encuentran individuos tan destacados como José Saramago, Danielle Mitterand, Manu Chao, Xavier Rubert de Ventós, Samuel Ruiz, Gonzalo Ituarte y Régis Debray, así como decenas de organismos civiles de muchos países, manifiesta hoy su reprobación inequívoca y justa ante la agresión del banco trasnacional contra los indígenas y las organizaciones que los respaldan. La movilización internacional de miles de personas de buena voluntad en defensa de la dignidad y el prestigio de la insurgencia zapatista es un hecho positivo y reconfortante. La incursión de BBVA a México, su dudosa adquisición de Bancomer y Probursa, y la arrogancia y el desprecio que la empresa bancaria resultante exhibe ahora hacia los pobres de entre los pobres, son característicos de una globalización depredadora y salvaje orientada a satisfacer en primer término los intereses de la especulación financiera y de la usura. Pero es obligado admitir que en el entorno globalizado se mueven y expresan también personas y sectores sociales con sentido humano, constructivo y solidario, como los firmantes de la carta referida.