IMSS, urge una solución
El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) ha enfrentado en el último año un conflicto creciente que es fundamental resolver, ya que afecta a más de 50 millones de mexicanos. El desencuentro se ve acelerado por la actitud de su director general, Santiago Levy, quien ha optado por una estrategia de confrontación con la comunidad laboral y el sindicato de la institución, soslayando la posibilidad de una concertación. Más aún, todo indica que pone sus mejores esfuerzos en complicar la revisión del contrato colectivo de trabajo, programada para culminar el próximo octubre.
Si bien la crisis del IMSS es multifactorial y de origen añejo, en los últimos años ha prevalecido una política institucional orientada a culpar de todos los males a su régimen de jubilaciones y pensiones. En lugar de facilitar una vía de transformación concertada, se ha impuesto la tesis unilateral que busca desconocer de tajo derechos laborales adquiridos, con el argumento de que dicha prestación nunca debió ser cubierta con los recursos de las cuotas obrero-patronales y los aportes del gobierno. El planteamiento de Levy ha sido firme e innegociable, en el sentido de que los propios trabajadores deben cubrir totalmente el costo de sus jubilaciones, y bajo este razonamiento logró impulsar el pasado agosto las reformas a los artículos 277-D, 286-K y diversos transitorios de la Ley del IMSS, mediante un procedimiento apresurado que muy pronto acreditó su ineficacia. Un año después, el IMSS se encuentra en peores condiciones, no ha mejorado su situación financiera, se han dejado de cubrir más de 15 mil plazas fundamentales para mantener una mínima calidad del servicio, se omiten millones de consultas y servicios médicos básicos y, por ello, el desgaste y desesperación de beneficiarios y trabajadores se viene incrementando día con día.
Tres noticias pueden ser fundamentales para transitar hacia una solución del conflicto. La primera, la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación del pasado 25 de mayo, que a través de su primera sala rechazó 28 amparos promovidos por las principales empresas del país; éstas, envalentonadas por la tesis de Santiago Levy, alegaban que los ingresos del IMSS no podían ser utilizados para cubrir sus obligaciones laborales. El planteamiento es tan absurdo como sostener que una empresa no pueda utilizar los recursos del producto de sus ventas para cubrir los salarios y prestaciones de sus trabajadores. La respuesta de la Corte fue contundente, en el sentido de que el pago del régimen de jubilaciones y pensiones es parte del gasto público, por lo que carecían de razón las empresas solicitantes del amparo. Esta decisión del máximo tribunal de justicia es importante, porque acredita que el argumento central que motivó la reforma a la Ley del IMSS de agosto pasado carece de sustento.
La segunda noticia favorable a una solución es la decisión del décimo tribunal colegiado del primer circuito, que revocó la sentencia dictada por el juez segundo de distrito en materia de trabajo en el Distrito Federal, que declaró improcedente el amparo del sindicato en contra de la reforma legal mencionada. Mediante esta resolución, la controversia jurídica planteada por el sindicato se inicia de nuevo. La información manipulada por el IMSS, relativa a esta batalla jurídica, buscando generar desconcierto entre sus trabajadores y la opinión pública, se vino abajo.
La tercera noticia es la decisión del Consejo Nacional del sindicato del IMSS -después de una fuerte discusión propia de una organización democrática- de apoyar la línea de su Comité Ejecutivo Nacional, en el sentido de promover una solución concertada frente a la problemática del instituto y la seguridad social nacional. En un esquema de solución integral admite la modificación del régimen de jubilaciones y pensiones con aportes de los trabajadores activos hasta en 10 por ciento de sus salarios, aceptando nuevas reglas para los futuros laborantes, con un incremento de ocho años a la antigüedad requerida para gozar de este beneficio; reduce el monto de sus pensiones, y agrega el requisito de edad actualmente inexistente. Esta actitud flexible da muestra de la responsabilidad con la que el sindicato asume la problemática de su institución. A la constante provocación institucional responde con una propuesta incluyente.
Transitar hacia una solución requiere la existencia de interlocutores por parte del gobierno proclives a la concertación y no a la confrontación. La designación de Carlos Abascal en la Secretaría de Gobernación y de Francisco Salazar en la de Trabajo y Previsión Social puede ser una oportunidad para desplazar la línea dura que hasta ahora ha imperado en este conflicto. Más aún, si tomamos en cuenta que es necesaria una nueva reforma legal que debiera aprobarse a principios del próximo periodo de sesiones, a fin de ser compatible con una solución negociada. No hay tiempo que perder, urge recuperar para la población trabajadora y derechohabiente la dignidad de este servicio, y evitar un conflicto de dimensiones imprevistas que parece inminente.
Para encontrar la solución integral propuesta se requiere de iniciativa y voluntad política; por lo pronto, es indispensable cambiar el rumbo.