Editorial

OEA: disputa norte-sur

El alineamiento de 11 países latinoamericanos contra los designios estadunidenses en la 35 asamblea general de la Organización de Estados Americanos (OEA), que se realiza en Florida, marca un punto de viraje en la historia vergonzosa de la que ha sido denominada "oficina de colonias de Estados Unidos" por su papel histórico de promotora de la sumisión de los gobiernos latinoamericanos y del Caribe a los dictados de Washington.

Se expresa así el cambio en la correlación continental de fuerzas, gestado y desarrollado a raíz de la llegada al poder de propuestas políticas alternativas en Venezuela, Brasil, Argentina y Uruguay, y de la pronunciada declinación de la diplomacia del Departamento de Estado, cuya presencia en el mundo durante el gobierno de George W. Bush ha sido transferida, en buena medida, al Pentágono.

El gobernante estadunidense, y antes que él su secretaria de Estado, plantearon en el encuentro, además de las agresiones de rigor contra el régimen cubano, dos propuestas centrales: establecer, por una parte, un mecanismo claramente injerencista de "monitoreo preventivo" del funcionamiento de las democracias formales en el hemisferio y, por la otra, convertir a la OEA en un motor para impulsar la integración comercial asimétrica que promueve Washington en todo el continente, con las lógicas reticencias de las naciones integrantes del Mercosur.

El primer planteamiento contó con el apoyo entusiasta del nuevo secretario general del organismo, Juan Miguel Insulza, quien al alinearse con la Casa Blanca empezó a pagar de esa manera vergonzosa el precio que le impuso Washington por no haber torpedeado su candidatura.

De su lado, un nutrido grupo de naciones latinoamericanas y del Caribe ­Bolivia, Brasil, Chile, Panamá, Perú, Trinidad y Tobago, Colombia, Surinam y República Dominicana­ auspiciaron una resolución distinta a la estadunidense y mucho más respetuosa de las soberanías nacionales y del principio de no intervención. La asistencia del organismo interamericano a un régimen democrático en riesgo, señala la iniciativa latinoamericana, sólo puede brindarse "a los estados miembros que lo soliciten". Con ello las posibilidades de aprobación al texto injerencista de Washington se reducen en forma radical, se preserva una norma fundamental de la legalidad internacional y se aseguran márgenes para el ejercicio de la independencia política por los países del hemisferio.

La intentona de la Casa Blanca iba dirigida, con toda claridad, contra Venezuela ­donde se desarrolla una democracia más real y consecuente que el régimen político de Estados Unidos­, pero resultaría inaplicable en contextos en los que la institucionalidad se encuentra realmente en riesgo, como los casos de Bolivia y Ecuador, donde la ceguera de las clases políticas ha minado los cimientos de la democracia representativa. Es significativo que ayer, mientras la 35 asamblea de la OEA sesionaba en Florida, el presidente boliviano Carlos Mesa se veía obligado a presentar ­por segunda ocasión­ su renuncia, ante el embate de una sociedad que carece de representación real en el Legislativo y en el Ejecutivo.

Por tradición histórica, las principales amenazas a las democracias en el continente provienen, invariablemente, de Washington: Guatemala en 1954, República Dominicana en 1965, Chile en 1973 y Argentina en 1976 son ejemplos de cómo los gobernantes de Estados Unidos promueven la desestabilización y la sedición militar cuando perciben que los gobiernos civiles de nuestras naciones ponen en riesgo los intereses del imperio. Los ensayos de la Casa Blanca para desestabilizar al régimen de Hugo Chávez son el más reciente eslabón de esa cadena.

Con esos antecedentes es claro que la aprobación en la OEA de una cláusula de "monitoreo democrático" sobre los países de la región sería un mero instrumento de cobertura diplomática para la intervención subversiva de Washington en América Latina. Afortunadamente todo parece indicar que ese intento será derrotado por un subcontinente cada día menos dócil.