El revés significará para San Lázaro un gasto millonario, admiten legisladores
Se perfila derrota de diputados en demanda por compra de periódicos
El priísmo exigirá sanciones contra los responsables del fracaso legal
La Cámara de Diputados está a punto de perder un juicio de amparo interpuesto por el ex director jurídico de esa instancia legislativa, Miguel Angel Garita, despedido en septiembre del año pasado como parte de un procedimiento que se le instauró en San Lázaro por haber autorizado un contrato irregular para la compra, por adelantado y durante un año, de periódicos, autorizada cuando Beatriz Paredes Rangel ejerció la presidencia de la mesa directiva.
Durante la reunión de la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos, PRI, PAN y la mesa directiva aceptaron que perder el juicio implicará para la cámara "un gasto millonario", y el diputado priísta Emilio Chuayffet exigió sanciones para los responsables, en este caso para el contralor Grey Méndez Alonso, quien acordó el despido de Garita.
El funcionario destituido está a punto de ganar el juicio de amparo 1389/2004, debido a que se le despidió con base en el Manual de procedimientos para el pago de proveedores de bienes y servicios, que no fue aprobado por ninguna autoridad en la Cámara, además de que no existe el documento original sino sólo fotocopias.
La relevancia de que no exista un original del manual deriva de que el juez primero de distrito en materia administrativa en el Distrito Federal requirió a la mesa directiva y a la Junta de Coordinación Política copias certificadas para comprobar que el despido se realizó conforme a una norma jurídica vigente.
El presidente de la junta, el panista José González Morfín, admitió durante la reunión que en ese órgano directivo no existe original de dicho manual, por lo que no pudo responder el requerimiento judicial. "Vamos a perder ese juicio de amparo", reconoció.
Inclusive se comentó que en el caso de la mesa directiva, el juez emitió un apercibimiento ante el retraso en la respuesta a su requerimiento y que el actual director jurídico, Everardo Vázquez Serrano, remitió oficios a otras áreas para pedir copias certificadas del manual para cumplir con la solicitud judicial.
El contralor no ha respondido y los otros funcionarios contestaron que sólo poseen copias fotostáticas, lo cual no ha impedido que la normatividad para compra de bienes se aplique como válida desde hace años.
Durante la reunión, el tema fue tratado por el presidente de la conferencia, Manlio Fabio Beltrones, quien notificó a los coordinadores parlamentarios el estado que guarda el caso y aclaró que el despido se inició como parte de una investigación autorizada por el panista Armando Salinas Torre, y que si bien la destitución se autorizó el 14 de septiembre de 2004, cuando él había recibido la presidencia de la mesa directiva de la cámara, la investigación por las irregularidades en el contrato ya estaban concluidas.
Refirió que los abogados de la cámara coinciden en que Garita ganará el amparo y el efecto de la sentencia será darle la razón. Al parecer el único que no sabía del caso era Emilio Chuayffet, quien expresó su molestia porque el fallo adverso a la Cámara implicará un gasto millonario. "¡La Cámara tendrá que pagar los platos rotos y alguien debe ser responsable de esto!", exclamó.
La conferencia acordó, al final, que a través de la secretaría general se solicite al contralor Méndez Alonso entregue una explicación por escrito de la razón por la que se aplicó una sanción basada en una norma inexistente, con defectos legales y por qué no ha respondido a los requerimientos de la dirección jurídica de la Cámara.
El proceso en contra del ex funcionario se inició en la 58 Legislatura, durante la presidencia del panista Armando Salinas Torre, cuando se detectó que el contrato para la compra de periódicos a un proveedor excedía en tiempo a la presidencia de Paredes Rangel, que se pagó por adelantado y que no obstante esto no hubo un descuento.