Reconocen los comisionados del instituto que aún hay esceptisimo de la sociedad
Extender el derecho a la información a todo el país, tema pendiente del IFAI
A dos años de que los ciudadanos empezaran a ejercer su derecho a obtener información en poder de la administración pública federal (APF), los comisionados del Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI), María Marván y Alonso Lujambio, coinciden en señalar que una de las asignaturas pendientes de ese organismo es hacer extensivo ese derecho a todos los mexicanos, pues alrededor de 60 por ciento de un total de 80 mil solicitudes de información presentadas en ese lapso, provienen del Distrito Federal y su zona conurbada.
Aún se percibe en la sociedad, dice Lujambio, un "escepticismo generalizado que nuestra democracia no ha logrado vencer respecto de las instituciones públicas, por lo que el IFAI -en franco proceso de consolidación institucional, como en su momento lo estuvo el Instituto Federal Electoral (IFE)-, tiene frente a sí el desafío de expandir la solicitud de la información pública y el uso del recurso de inconformidad al conjunto del país".
En lo anterior coincide la consejera presidenta de ese instituto, María Marván Laborde, quien señala que otra preocupación del IFAI es también, "avanzar en términos de capacitación y convencimiento de los servidores públicos, a fin de que cada día sean más certeros en las respuestas que demanda la ciudadanía".
En entrevista con La Jornada, ambos consejeros hacen una breve valoración de los avances del IFAI en vísperas de que presenten ante el Congreso de la Unión el informe de labores 2004-2005 de ese instituto.
Por separado, coinciden en señalar que en los años recientes los avances han sido "alentadores" para combatir la cultura burocrática del secreto y promover la transparencia. Sin embargo, asumen que uno de los "retos mayúsculos" del IFAI es hacer extensivo ese derecho a todos los rincones del país, principalmente en municipios y entidades donde los gobiernos están más cerca de la vida cotidiana de las personas.
"Es necesario acercarse al ciudadano y hacerle ver, con un lenguaje sencillo, que cuenta con un instrumento de poder, en la medida en que toda ley de transparencia le quita poder y margen de maniobra a la administración pública, porque la acota y obliga a los funcionarios públicos a rendir cuentas."
Por ello, subraya, es una buena noticia que 23 entidades de la República ya cuenten con leyes de transparencia y estén perfeccionándolas, como el caso de Jalisco, que derogó la anterior por las limitaciones que tenía y emitió otra más avanzada, lo cual muestra que aún estamos en una "etapa experimental".
Cabe destacar que con la entrada en vigor de la Ley Federal de Acceso a la Información Pública Gubernamental, el 12 de junio de 2002, se creó el IFAI como organismo descentralizado con autonomía operativa para promover y difundir el ejercicio del derecho a la información en más de 250 dependencias y entidades de la APF. Un año después, con la difusión en el Diario Oficial de la Federación del reglamento de esa ley, los ciudadanos empezaron a ejercer ese derecho, principalmente a través de la página electrónica www.sisi.org.mx, mediante la cual llega 90 por ciento del total de solicitudes de información.
Ese ejercicio, dice Lujambio, ha generado un "contrapeso" frente al poder público. "Al igual que hay sistemas de democracia directa, aquí tenemos un contrapeso directo del ciudadano respecto del ejercicio del gobierno".
Del IFAI, comenta la importancia de haberlo constituido con una autonomía sui generis, pues si bien no es autónomo de manera plena, como el IFE, la Comisión Nacional de Derechos Humanos y el Banco de México, cuenta con autonomía de gestión, presupuestal y de decisión, lo que garantiza su imparcialidad.
En ese sentido, el mensaje que se envía a los gobiernos es que "entiendan que hay un nuevo contrapeso, que va a ser prudente, pero enérgico en la aplicación de la ley. Que no cargan los dados, sino simplemente quiere garantizar al ciudadano que cuenta con un instrumento eficaz".
Aunque, dice, "hay un trabajo descomunal por realizar", si se considera que en esa materia México llegó 200 años después con respecto de los países nórdicos, como el caso de Suecia, que en 1766 aprobó su ley de transparencia.