Graves pérdidas al litigarse juicios laborales según el apartado A del artículo 123

Marco legal impropio, lastre para las instituciones públicas de salud: juristas

ANGELES CRUZ MARTINEZ

Laudos millonarios, pago de salarios caídos, tiempos extra y reinstalación en plazas ya ocupadas, son algunas de las sentencias a que son condenados el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) y el resto de los organismos públicos descentralizados del gobierno federal por la "maraña judicial" existente, misma que hace perder al país el equivalente a 15 por ciento de su producto interno bruto.

Luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó la jurisprudencia 1/96, por la cual los juicios laborales de los trabajadores de estas instituciones son resueltos con base en lo dispuesto por el apartado A del artículo 123 constitucional -y no por el apartado B-, debió iniciarse una negociación entre las autoridades y sus trabajadores para regular sus relaciones laborales. Sin embargo, ésta no ocurrió y las dependencias litigan con base en una norma que no les es propia, la Ley Federal del Trabajo, aseguraron especialistas.

Al continuar los trabajos del Encuentro Internacional Criterios Jurídicos en Materia de Seguridad Social, el magistrado del tercer tribunal colegiado en materia laboral del Distrito Federal Héctor Arturo Mercado López resaltó la urgencia de impulsar una reforma que aglutine a todos los empleados del país, públicos y privados, en un solo artículo 123 constitucional, con derechos individuales y colectivos, con garantías de las más amplias libertades. Ese precepto deberá considerar las situaciones de excepción para cada área laboral.

En una disertación académica, el magistrado señaló que en el ámbito legal el país es muy complejo, pues cuenta con alrededor de 5 mil leyes que se convierten en una maraña jurídica, cuando las empresas "piden a gritos" certidumbre jurídica y trámite expedito en la resolución de los conflictos legales.

Esta problemática requiere de reflexiones profundas y respuestas inmediatas del Estado y los actores sociales. Sin embargo, admitió la dificultad que ello representa, porque no existe en el país una cultura de la negociación entre autoridades y obreros.

La separación de los trabajadores en los apartados A y B del 123 constitucional obedeció, dijo, al interés del Estado por controlar y limitar los derechos, en aras de preservar la paz social y la estabilidad económica. De ahí que, por ejemplo, el apartado B haya sido creado en 1960, justo después de la derrota de los movimientos magisteriales y de ferrocarrileros.

En tanto, la jurisprudencia de la SCJN representa la oportunidad para que los diferentes actores se sienten a negociar y definan ya el esquema laboral que los debe regir, y que tendría que ser, en la práctica y en la ley, el traslado de los trabajadores al servicio del Estado al apartado A.

El tema fue planteado inicialmente por Salvador Rocha González, subdirector de lo consultivo del ISSSTE. Dijo que en épocas recientes el instituto litigaba alrededor de 4 mil 500 juicios laborales por año y a causa de las sentencias condenatorias eroga sumas millonarias. Sólo para un trabajador de confianza de mandos medios, se ha llegado a pagar entre 5 y 6 millones de pesos, indicó.

Y es que debido a que en los centros de trabajo rigen condiciones generales de trabajo de naturaleza distinta a los contratos colectivos de trabajo, los empleados acuden a los tribunales a reclamar prestaciones que no están contenidas en el apartado B, pero que hacen efectivas en los tribunales a partir de la jurisprudencia 1/96.

Ante la afectación que están sufriendo las finanzas de las instituciones públicas, como el ISSSTE, que de por sí está en situación económica crítica, el magistrado Mercado López subrayó la importancia de que autoridades y empleados negocien relaciones laborales sanas, a partir de las condiciones que el país exige. Esto también llevaría a otros cambios, como los que requieren las juntas y el Tribunal de Conciliación y Arbitraje. Ambos organismos tendrían que pasar a la jurisdicción del Poder Judicial, apuntó.