Usted está aquí: domingo 12 de junio de 2005 Estados Emplazan al gobierno de Elorduy a pagar $34 millones a un empresario

El fallo, por expropiación de un predio hace ocho años

Emplazan al gobierno de Elorduy a pagar $34 millones a un empresario

ANTONIO HERAS CORRESPONSAL

Mexicali, BC, 11 de junio. Un juzgado federal ordenó al Tribunal Superior de Justicia de Baja California (TSJBC) que obligue al gobierno del estado a indemnizar con más de 34 millones de pesos, en un plazo perentorio de 24 horas, al empresario Jerónimo Roa Helmecke, por la expropiación de un predio hace ocho años, y que se ha negado a pagarle.

En caso contrario se solicitará al Congreso local el inicio del juicio de procedimiento para destituir al presidente del Poder Judicial, Víctor Manuel Vásquez Fernández, y del juez tercero de lo civil, Jorge Duarte Magaña, a quienes Roa Helmecke señala de incumplir la sentencia debido a que no han ordenado al gobierno del estado que indemnice al empresario.

La resolución judicial considera que el gobierno de Baja California, mediante la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Mexicali -que administra la dotación de agua-, debe pagar de inmediato 34 millones 487 mil 975 de pesos al empresario mexicalense por las 90 hectáreas de un terreno que por decreto del entonces gobernador Héctor Terán se expropió en 1997 para construir las lagunas de oxidación de lo que sería la Planta de Tratamiento de Agua Mexicali II.

La obra nunca se realizó, pero la administración estatal mantuvo en su poder el predio, que se localiza al sur de la ciudad, en la carretera hacia el puerto de San Felipe. Inicialmente el empresario recibió 1.5 millones de pesos de la administración teranista como anticipo por la enajenación del rancho Roa. No obstante, el gobernador Alejandro González Alcocer se negó a cubrir el resto del adeudo.

Tras años de litigio, la titular del juzgado segundo de distrito del Poder Judicial de la Federación, Elizabeth Acevedo Gaxiola, mediante el oficio 10509 del 10 de mayo de 2005, notificó al presidente del TSJBC y al gobernador Eugenio Elorduy el acuerdo dictado un día antes, donde se ordena al juez Duarte Magaña dar cumplimiento a la sentencia judicial.

De incumplirse el fallo, cuyo plazo vence este lunes 13 de junio, el expediente se remitirá al Tribunal Colegiado de Circuito con la intención de sujetarse al artículo 107, fracción 17 de la Constitución de la República, comentó uno de los abogados del empresario

 
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