Editorial
Las caras del narcotráfico
La oficina estadunidense de combate a las drogas (DEA, por sus siglas en inglés) informó ayer que el tráfico y la comercialización de estupefacientes generan en el país vecino unos 65 mil millones de dólares de ganancias anuales, y que las autoridades sólo consiguen incautar menos de uno por ciento de ese dinero. A esa cifra habría que agregar las utilidades de los vendedores estadunidenses de armamento que abastecen a las organizaciones delictivas mexicanas, las cuales, a decir del general José Serrano Gutiérrez, titular de la Unidad Especializada en Investigación de Terrorismo y Acopio y Tráfico de Armas de la Procuraduría General de la República (PGR), adquieren en el país vecino pertrechos bélicos, entre ellos, además de armas cortas y largas, lanzagranadas, lanzacohetes, así como granadas explosivas y de gas.
La economía estadunidense tiene en el narcotráfico, en suma, un negocio por demás lucrativo y floreciente, garantizado por lo que la propia DEA califica de "uno de los mercados más rentables del mundo".
La otra cara de ese negocio es, en México, una violencia que cobra vidas a un ritmo superior al de las bajas estadunidenses en el Irak ocupado, que destruye el tejido social y descompone las corporaciones policiales, las instituciones judiciales, las instancias carcelarias y las dependencias aduanales, por no mencionar otras entidades gubernamentales.
En ese contexto, los operativos que regularmente pone en marcha el gobierno federal para contener al narcotráfico ayer el presidente Vicente Fox dio a conocer la "operación integral México Seguro", y hace tres semanas anunció un "plan integral y a fondo" contra los cárteles de la droga que operan en Sinaloa difícilmente pueden lograr reducción significativa de la inseguridad y la violencia; por el contrario, los intentos por meter en cintura a las organizaciones del narcotráfico y la captura y el encarcelamiento de sus líderes suele derivar en más balaceras, nuevos ciclos de ajustes de cuentas y mayores cotas de descomposición en los cuerpos policiacos y en las prisiones.
La zozobra que se vive en extensas regiones del país, que ha llegado ya a la capital de la República es, a fin de cuentas, subproducto inevitable de los grandes negocios trasnacionales realizados por grupos ilegales que a la larga encuentran la manera de articularse en la economía legal, en los circuitos financieros y en la industria autorizada de armamentos.
Es claro que en Washington no existe voluntad política para enfrentar de manera eficaz el trasiego de drogas hacia su territorio. Por una parte, no es fácil entender que la máxima potencia militar y tecnológica del planeta sea incapaz de detectar e impedir el paso de embarcaciones, aviones o transportes terrestres cargados de droga tráfico que no puede calificarse de "hormiga" que abastecen de manera regular el enorme mercado de los adictos estadunidenses; por la otra, es increíble que las autoridades del país vecino no puedan detectar los movimientos mediante los cuales los 65 mil millones de dólares de ganancias del narcotráfico para dar por buena la cifra de la DEA, aunque hay estimaciones independientes que le agregan un cero a esa cantidad son transferidas a sistemas bancarios y financieros; adicionalmente resulta inverosímil que el gobierno de Estados Unidos no logre ejercer control más estricto de sus exportadores de armas y exigirles información detallada de sus clientes en el extranjero.
Si las autoridades del país vecino no pueden o no quieren adoptar acciones mínimas en esos tres ámbitos por no hablar de la rehabilitación de sus drogadictos, todo esfuerzo mexicano o latinoamericano en materia de combate al narcotráfico será, a la postre, inútil y hasta contraproducente, y la sociedad nacional seguirá pagando una cuota terrible de inseguridad, violencia e incertidumbre en aras de un negocio ajeno. Es tiempo de poner sobre la mesa de las negociaciones bilaterales la exigencia de que Estados Unidos deje de limitarse a señalar la ofensiva criminal que tiene lugar al sur del río Bravo y cumpla con su parte en la guerra contra las drogas.